La compartimentación social es real, y se manifiesta de manera cruda al ritmo de la depauperación relativa de las clases medias. Este verano, el arquitecto y urbanista Fernando Caballero se refería en un artículo al mundo de experiencias y espacios separados que parece ir imponiéndose “en la geografía de la ciudad, en la forma de viajar, en el consumo, en la escuela y en el uso del espacio público”. He escrito en alguna ocasión de la disolución o fragmentación del espacio cultural de las grandes clases medias, simbolizado por las televisiones públicas de antaño, las ediciones populares y los coleccionables; y, sobre todo, por una idea aspiracional de “cultura” que, en un contexto de crecimiento económico y modernización, se asimilaba al ascenso social.

Un conflicto dialéctico

Hoy, sin apenas crecimiento real en el mundo desarrollado y, desde luego, con pocos visos de ascenso, proliferan estudios y artículos de prensa que muestran la distancia ideológica entre hombres y mujeres, jóvenes y mayores, urbanos y rurales, ciencias y letras, distintas carreras y profesiones… There is a war, cantaba Leonard Cohen. Y parece haber, si no guerra, un conflicto dialéctico permanente entre “colectivos”, que se manifiesta en la política y se azuza desde la política. Es difícil interpretar de otra manera la continua apelación al colectivo como sujeto frente a la comunidad nacional; al margen de los méritos que cada uno quiera ver en esta forma agónica de afrontar la vida civil. La fragmentación parece inevitable es una sociedad plural; pero los mecanismos y actores que polarizan no actúan espontáneamente.

En España, de hecho, vamos camino de no ponernos de acuerdo tampoco con la extensión y contornos de la comunidad política, tal como explicábamos hace un par de semanas. No sólo por las consabidas líneas de fractura internas de los nacionalismos peninsulares -ojo a esa “declaración de Cardiff” con tintes, en espíritu si no en forma, de Plan Ibarretxe céltico-; sino por la del ecumenismo segundorrepublicano de la “ley de nietos” y su ius memoriae aumentado, que no sabe de documentos probatorios ni de progresiones matemáticas.

En cualquier caso, la desaparición de un terreno común implica necesariamente el debilitamiento de instituciones que requieren, como mínimo, una perspectiva moral compartida. Véase el jurado del caso de la presunta infanticida Lindsay Clancy -se podría alegar que la cosa viene ya de hace tiempo, y el recuerdo de O.J. Simpson. De parecida manera, la universidad está bajo sospecha de haberse convertido en un invernadero ideológico del radicalismo de izquierdas; como ya fue en otras épocas, pero amplificado ahora por una esfera global de comunicación.

Impersonalidad y neutralidad

Sobre esto de las profesiones ideologizadas: si se plantea desde sectores de la izquierda un conflicto, incluso violento, de clase o ideología con empresarios -estamos a dos días de que la mentalidad Luigi Mangione se importe a España-, jueces o políticos de derecha, ¿no habrían que aceptar con deportividad un conflicto especular con profesiones ampliamente sesgadas a la izquierda como el periodismo o la academia? Parece aventurado defender la impersonalidad y neutralidad de las instituciones solo cuando nos beneficia.

Hace unos años planteé, como mero ejercicio para la reflexión, si no acabaríamos considerando algún arreglo consociativo -es decir, asignando cuotas fijas de poder o representación a determinados colectivos- en nuestras democracias; habida cuenta de la dificultad para convivir y organizarse en estándares comunes entre clases, sexos, ideologías y, claro, orígenes étnicos. Sigue pareciendo exagerado, pero piensen si no está sucediendo ya por la vía de los hechos. Y pregúntense qué grado de fragmentación tolera una sociedad antes de dejar de ser democrática en sentido profundo; y si hay alguna manera de que un sano indiferentismo o qualunquismo vuelva a moderar los fervores ideológicos de unas élites que, a la manera descrita por Peter Turchin, parecen estar buscando su lugar al sol a bofetadas.

En España no es que no hubiese dilemas en torno a la pertenencia a la nación; pero hasta hace no tanto tenían más que ver con la renuncia -relativa- de los nacionalismos internos que con la aspiración de los externos, que no eran tantos. Hoy se nos presenta de hoz y coz, y no solo por los cauces más pausados de la inmigración económica y la asimilación, sino mediante un procedimiento extraordinario de ampliación de la comunidad nacional, que el Tribunal Supremo acaba de suspender. Enfangados en los pseudodebates posicionales en los que se ventilan hoy los asuntos corrientes, se pueden escapar los argumentos de fondo. Por ejemplo, que es un disparate democrático que personas que ni han nacido, ni viven, ni trabajan, ni pagan impuestos, ni en muchos casos han visitado siquiera este país, tengan derecho a voto y puedan escoger representantes en Cortes -sean o no decisivos; que también podrían serlo. Y que el reconocimiento de una vinculación sentimental u honorífica no debería implicar unos derechos políticos para los que no se da ninguna de las condiciones elementales.

“Memoria democrática”

Manuel Aragón se refería a finales de julio, en una tribuna en El Mundo, a una “nacionalidad sin ciudadanía”, en la que prácticamente el único vínculo del supuesto nacional con España -al margen de fantasmagóricas consideraciones de “memoria democrática”, desmentidas incluso en sus propios términos por la instrucción de Sofía Puente- sería el sufragio. Una parodia de enfranchisement que no profundiza la democracia, sino que diluye el valor del voto; con un electorado sin auténtica ciudadanía y, por ello, más expuesto tanto a la indiferencia como a la captura. Como si en España nos faltasen electorados y actores políticos con vocación de free riders. En sentido contrario, es pertinente preguntarse si no existe también una “ciudadanía sin nacionalidad” que impide participar políticamente, más allá de las elecciones municipales, a personas que viven y pagan impuestos en España desde hace años o décadas. Otro melón que abrir, máxime si recordamos que todo esto tiene también un horizonte europeo.

La mal llamada “ley de nietos” es una de esas peculiaridades de nuestro estado memorialista. Pero el contorno la comunidad es contencioso en todas partes. En Estados Unidos, las últimas elecciones presidenciales tuvieron mucho que ver con la inmigración; tanto la tradicional como el sistemático fraude del derecho de asilo. Noah Smith recordaba en su día que, al margen del impacto inmediato de los inmigrantes sobre la experiencia cotidiana de los nativos, existe una cuestión democrática de fondo: los electorados quieren poder decir algo sobre la cantidad de personas que entran en su país, en qué condiciones y con qué derechos políticos y económicos. Algo que parece ir contra el espíritu mismo de la nación americana… hasta que recordamos la historia real de la nación americana.

Seleccionar a los inmigrantes

En todo caso, Smith proponía estos días un nuevo contrato migratorio, ante todo para el lado demócrata del espectro. Unos principios que hace apenas un par de décadas hubieran parecido de puro sentido común: la migración sobre fronteras nacionales no es derecho humano fundamental; regularla es perfectamente legítimo; la inmigración debe beneficiar en primer lugar a los estadounidenses; y las naciones tienen derecho a decidir su política migratoria, o ausencia de ella, al margen de lo que hagan las demás. En el fondo del asunto está la especificidad americana: una nación de inmigrantes a posteriori, y que puede seleccionar -en realidad es seleccionada por- los inmigrantes más cualificados y productivos, por más que el cuento hable de las tired, poor, huddled masses.

Porque en España nos debemos además una reflexión sincera sobre el tipo de inmigración que podemos atraer, y si es verosímil competir en ese terreno con Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia; habida cuenta de nuestro modelo productivo, nuestro mercado laboral y nuestro ecosistema de investigación e innovación -por no hablar del estado de la vivienda, las infraestructuras o los servicios públicos. Un debate, uno más, del que no nos podremos abstraer indefinidamente, como es costumbre. Y por cierto: no hacía falta ser un lince para intuir que la satisfacción de cierta izquierda por el fin de la “globalización neoliberal” era prematura: como en otros momentos históricos, el nuevo paradigma se articulará en cierres nacionales, comunitarios y étnicos antes que en vagas utopías cosmopolitas. Un paradigma de escasez, claro; por si de paso queremos hacer alguna reflexión adicional sobre las consecuencias políticas del decrecimiento.

He recordado esta historia al ver unas imágenes de Zohran Mamdani que dieron la vuelta por las redes sociales la semana pasada. El alcalde de Nueva York aparecía “arreglando” personalmente una fuente, tal como le había pedido un ciudadano por Instagram. El tipo de stunt al que ya nos tiene acostumbrados, pero que tiene lecturas más amplias sobre la naturaleza de la relación entre gobernante y gobernados en el mundo de la hipercomunicación digital. Por un lado, en comunicación la anécdota siempre es más que la generalidad; de forma que puede resultar más rentable hacerse unas fotos o responder a un ciudadano que ocuparse cada día de que las fuentes funcionen. Existe además una demanda de política como vínculo sentimental que tampoco podemos despreciar; donde, por así decirlo, el “bien público” que produce el político no es el buen funcionamiento del sistema sino la identificación o el vínculo. Ejemplos tienen a mano los que quieran.

 Relaciones privilegiadas

Por otra, la comunicación personalizada que permiten la medios sociales “puentea” los canales institucionales y genera relaciones privilegiadas que, en cierto sentido, desvirtúan el proceso democrático, o revierten las relaciones políticas a un momento premoderno o carismático. El capital comunicativo se convierte en capital politico, no solo del poder hacia abajo, sino de particulares hacia lo político. La aldea global puede pasar de ser una metáfora a una realidad en la que la formas personales de vinculación sustituyen a lo institucional y burocrático. No se me escapa que mecanismos informales de petición o favor existen en todos los regímenes políticos. La diferencia es cuando esta vinculación personal, y la respuesta discrecional del poder, es la norma, y no una excepción o punto ciego; o cuando se quiere presentar como lo deseable. 

En un plano más pedestre, la fuente de Mamdani no deja de ser otro ejemplo de la política como “fotos de gente haciendo cosas”, que es el pan nuestro desde hace mucho, y de la que todos somos culpables en algún grado. En mi primera época en las Cortes, con un grupo novato en lides parlamentarias, cada verano o período sin sesiones se producían las periódicas invitaciones a los diputados a sacarse fotos “trabajando”, que a veces daban resultados más humorísticos que otra cosa. A cada crisis se nos bombardea -o bombardeamos- con fotos de gente en reuniones de seguimiento, grupos de trabajo o, sobre todo desde la pandemia, conferencias de Teams o Zoom. Sin duda, uno de los hitos de este paradigma fue Josep Rull, el conseller golpista que acudió a su despacho a hacerse unas desafiantes fotos “trabajando” el lunes de octubre de 2017 posterior a la activación del artículo 155; y acto seguido hizo mutis como todo el mundo. Sensu contrario, también tenemos ejemplos de lo que pasa cuando cierta gente no se hace fotos “trabajando” ciertos días. Lo que todo esto tenga que ver con la rendición de cuentas o la evaluación del trabajo efectivo ya es otra harina de otro costal. Pero bueno, qué cosas tengo. Un titular de esta misma semana: “Illa acciona el pulsador que da inicio a la cuenta atrás para el eclipse”. Pasen buen verano.

Podemos discutir las circunstancias concretas -un asalto marroquí a la frontera después de un viaje del presidente del Gobierno a Argelia para normalizar relaciones; un año lluvioso que se suma a todos los factores estructurales, y el hecho de que no parece haberse avanzado extraordinariamente en la prevención. Pero da más o menos lo mismo porque, en el fondo, a nosotros, a los españoles, nos da lo mismo. Que las discusiones y los problemas se repitan mecánicamente cada temporada significa que estamos más a gusto discutiendo baldíamente -las redes sociales han añadido una cuota de neurosis, gente esforzándose por llevar razón y/o demostrar indignación a falta de mejor quehacer.

Los números no salen

El propósito de un sistema es la que hace. España no puede parar el tiovivo del crecimiento extensivo del PIB como no paró la burbuja inmobiliaria. Porque si la música dejase de sonar de repente, descubriríamos que no hay sillas para todos. Y, sin embargo, no es ningún secreto que los números no salen. Hace poco asistí a un seminario sobre la llamada “ley de nietos”. Contra pronóstico, fueron dos sociólogos los que expresaron con más crudeza el sinsentido de un modelo migratorio y demográfico -digo “modelo” por decir algo- consistente en importar de forma masiva a perceptores netos de rentas. Y es el propio funcionamiento de este sistema el que hace casi imposible construir la vivienda que se necesita o mantener las infraestructuras existentes; no digamos ya acometer las obras de adaptación al clima en las que debería estar enfrascado el país, en lugar de tirarse a la cabeza estados cabreados de X o Instagram sobre hidroaviones o emergencias climáticas.

Generar entretenimiento

Vivimos en un permanente “estado de excepción comunicativo” que, sin embargo no se traduce en casi nada real. Julian Freund hablaba de la “intensidad” como rasgo fundamental de los fenómenos políticos. Y la paradoja de nuestro mundo hiperpolitizado -ni Instagram, la red veraniega por antonomasia, ha sobrevivido a la monetización del cabreo- es que la política no pinta nada. Todo es estructural, todo es tectónico, y lo que llamamos política es un mero guiñol posicional, un juego de identidades sin correlato en la gestión de los asuntos cotidianos. Por eso, el año que viene a estas alturas estaremos hablando de cosas parecidas, con un reparto similar de papeles y argumentos igualmente banales defendidos con la misma intensidad. Porque aquí es donde se gasta la intensidad de este mundo hiperpolítico sin política real.

El propósito de un sistema es la que hace. Y al nuestro no se le puede pedir con demasiada fe que proteja las fronteras, que mantenga las infraestructuras, que construya vivienda o que proyecte hacia el futuro algún modelo -demográfico, para empezar- de país. Con pagar pensiones y generar entretenimiento de baja calidad ya se agota.

La única enseñanza

Entre medias, otro hito fundamental tanto de los debates teóricos como de la degradación práctica fue el Procés catalán. Por ejemplo, hubo ocasión de discutir entonces sobre la democracia plebiscitaria vs. representativa, sobre legalidad vs. decisionismo, sobre contrapoderes e instituciones contramayoritarias. A casi diez años,  y aceptando una “desinflamación” que debe tanto al ungüento socialista como a un agotamiento generacional y epocal, no da la sensación de que la pedagogía de entonces haya calado. Argumentos parecidos a los de los golpistas de entonces sobre la primacía del principio plebiscitario y la voluntad popular emanan hoy a diario del gobierno nacional -en permanente autogolpe contra las instituciones y contra su propio pasado-, sus propagandistas y sus habilitadores. En más de un caso, los que emiten estas opiniones habían hablado con el mismo aplomo contra los argumentarios independentistas. Porque, y esta es acaso la única enseñanza de estos años, el cuento contado por un tonto, todo da igual.

Enfrente, como entonces, la judicatura, la oposición, a veces, y algún ingenuo que aún defiende el papel del parlamento. Los que hablábamos desde hace años de una importación procesista no lo hacíamos a humo de pajas: son los mismos dilemas, los mismos argumentos, las mismas mentiras y, en ocasiones, los mismos personajes. Con la salvedad de que, como vamos viendo, el trasfondo es aquí aún más venal que en Cataluña.

Haciendo el egipcio

Y en todo esto, como sucedía entonces en buena medida en Cataluña, las clases intelectuales y los académicos se inhiben o, peor, asumen las posturas de parte que predeciría un somero análisis sociológico o el marxismo vulgar -que sigue siendo un excelente predictor de conductas. Desde mediados de la década pasada, además, hemos dejado de discutir sobre políticas -¡las policies! ¿se acuerdan?- y solo se habla de estrategias, de declaraciones y de cotilleos. Porque la famosa ruptura del sistema de partidos acabó sustanciándose en eso: cuatro o cinco pistas de circo en lugar de tres. Es imposible discutir de nada con seriedad porque un sistema es lo que produce, y el aparato mediático-político español produce entretenimiento y cabreo, no de lo otro. Hace poco le obligaron a cerrar la cuenta de X a un tipo que intentaba hablar de cosas reales, ya ven. Pero bueno, quede escrito una vez más que quienes deberían señalar las derivas “iliberales” o, al menos, aprovechar la coyuntura para explicar ciertos dilemas democráticos, están en muchos casos haciendo el egipcio, en varias acepciones.

Pero hay algo más que las actitudes y caracteres personales, que nunca pueden darse por descontados. Aunque Sánchez sea, como se dijo, un hombre-suceso, las condiciones de posiblidad -o la fatalidad, casi- de su forma de gobierno le preceden, y corresponden a dinámicas similares en muchas otras partes del mundo. Sería por tanto, una magnífica ocasión para recuperar discusiones teóricas medianamente informadas sobre tantos y tantos aspectos del funcionamiento de nuestras democracias: el papel de los parlamentos en sociedades de la hipercomunicación; la verdadera naturaleza de la separación de poderes; las nociones de ciudadanía y nacionalidad, y los derechos políticos asociados; el papel de los medios de comunicación; o la captura del Estado por intereses de todo tipo. Con todo, no parece probable: la gente está cansada, nos agotamos en discusiones constantes y abrasivas sin apenas correlato con la realidad, y en el narcisismo de las pequeñas diferencias; y no sólo no se han generado nuevos espacios de deliberación común, sino que se erosionan cada día los que pudieran quedar.

Por cierto, escribo estas líneas cuando el TSJUE ha emitido su dictamen sobre la ley de amnistía, que, en lo que al frente europeo se refiere, da vía libre a su aplicación; lo que aporta un toque melancólico. No tanto porque a estas alturas nadie esperase algo muy distinto, sino por la vacuidad que transmite todo el proceso y sus accidentes. El cuento del tonto, ya saben.

De hecho, Sánchez anunció el jueves pasado (a través de un mensaje en X…) que en la futura Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales se incluirían “tres medidas esenciales”: la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años; tipificar el delito de “manipulación algorítmica” y el de amplificación de contenidos ilegales; y la responsabilidad penal de los directivos por los contenidos ilícitos no retirados de las plataformas. Esto último no es irrelevante: el mensaje presidencial venía enmarcado en ese discurso contra los “tecno-oligarcas” que se ha convertido en seña de identidad de su pretendido avatar como líder de la izquierda anti-Trump global.

El señalamiento de lo digital como origen, no solo de problemas de “salud mental”, sino de radicalización, no es nuevo ni se lo ha inventado este gobierno. Es un topos de los discursos de casi todo establishment liberal desde hace más de una década, con hitos como el Brexit, las supuestas injerencias rusas o chinas en diversas elecciones y, más recientemente, el auge de partidos de derecha radical entre los jóvenes.

Momentos memorables

Pero el gobierno de Sánchez sí ha hecho un uso intensivo de él, especialmente en los últimos tiempos. Y, si no ha llegado al fervor de las autoridades británicas por castigar en el mundo real supuestos pecados digitales, sí ha aportado momentos memorables, como el llamado “Pajaporte” o la herramienta Hodio. (Es cierto que Hodio, importada de modelos del Cono Sur, tiene más pinta de haber sido una distracción pasajera y el enésimo vehículo de pago a empresas, asociaciones y/o colectivos afines.)

Lo que sucede es que el supuesto celo gubernamental por la desinflamación de los ánimos políticos y por la “salud mental” de adolescentes y no tanto, se compadece mal con otras actividades en las que está poniendo un esfuerzo secreto pero no menor, y bastante dinero que no esta claro de dónde sale.

Por ejemplo, el uso intensivo de “perfiles sintéticos”, o “bots” en román paladino. Quizás hayan visto ustedes un corte de vídeo en el que Pedro Herrero repasaba el súbito fervor pedrista de perfiles digitales; fervor que coincidía con la intención de potenciar la cuenta del presidente en una determinada red social. Y quién no recuerda la efusión filohispana vivida en Turquía en fechas recientes. Efusiones que se disparan en momentos puntuales, como la última comparecencia de Sánchez. Por ejemplo, 5,5 millones de contenidos en 30 días por parte de perfiles sospechosos, y en particular coincidiendo con la muy espontánea campaña “Yo con Begoña”.

El vídeo de Sánchez con la botellita

Tampoco han pasado desapercibidas, al menos para quienes se dedican a estas cosas, las estrategias de promoción y astroturfing que el Gobierno (presuntamente) ha seguido con algunas de sus apuestas audiovisuales más señeras; por ejemplo, La Revuelta. Basta comparar algunos picos de audiencia y de relevancia digital en momentos particulares de “enfrentamiento” con su programa competidor, con la evolución “orgánica” de sus ratings.

En fin, que ningún actor político está libre de culpa. Las propias estrategias de redes populares han generado más de una polémica; desde luego, más por la naturaleza o factura del contenido que por cuestiones de autenticidad o legalidad. Hay que recordar asimismo que la Comisión Europea ha vetado la microsegmentación política en plataformas como Meta. Y, sin embargo, seguimos viendo contenidos segmentados que dan entre alipori y pánico cuando saltan de su target: como el inefable vídeo de Sánchez con la botellita supuestamente regalada por un supuesto niño palestino.

Y mientras nos entretenemos con estos juegos de espejos, el poder real existe y se manifiesta. España acaba de vetar las tecnologías de Palantir en empresas y contratos públicos; pero mantiene abierta la puerta a Huawei contra el criterio de la UE. Nunca fue un gran secreto el porqué, pero ya va estando a la vista de todos.

También es historia que, desde el verano anterior, el PSOE tenía un nuevo secretario general. Un “joven líder”, vaya. Pedro Sánchez representaba el ala socioliberal, que era lo que molaba entonces. O eso nos creíamos. Madina parecía más sectario -lo sigue pareciendo-, y Pérez Tapias no pasaba de la anécdota de un socialismo rupestre y auténtico, que viene a ser lo mismo. Sentados en el jardín, despachando unos vinos, unos amigos socialistas me explicaron que, sobre el papel, Sánchez era el candidato moderno, liberal, casi wonky… pero que venía rodeado de gente muy dudosa. Y que Madina, siendo, efectivamente, sectario y esquemático, había formado equipos decentes en ambos sentidos de la palabra.

Ahora esto parece lejano, porque lo es. Pero vale la pena recordar que en 2015 Sánchez -el mismo Sánchez que cerró un acuerdo abortado de gobierno con Ciudadanos en menos de una semana- era el candidato del moderantismo. Podemos ya había asomado la patita y, aunque aún nos entretenía con acertijos laclauianos y con la ilusión de representar la brecha generacional, se planteaba sin ambages como impugnación in toto del 78. Rubalcaba, antes de hacer mutis, había pilotado con el Partido Popular la transición monárquica a Felipe VI; pero durante un par de tardes los republicanos españoles se hicieron ilusiones, o eso proclamaban. Zapatero estaba en el olvido, aplastado por la paradoja de que la generación politizada en sus inanidades siniestras le hubiera ocupado las plazas. Como un Moisés catapléctico, había alumbrado la España post-Transición, pero no había podido entrar en ella más que como fantasma.

Un síntoma de agotamiento

Hoy hablamos de las joyas de ese mismo Zapatero, que había ascendido al Collado Jermoso con Jesús Calleja declamando frases sapienciales -“La montaña es muy auténtica, Jesús”-, pero entonces estaban los elefantes de Juan Carlos I, los hipopótamos de Blesa y los ferraris y porsches de los Pujol-Mobutu. Blesa se voló la cabeza, Pujol se morirá sin pagar y el Rey Emérito ya veremos dónde pasa sus últimos días. Pero su España, la del 78, parecía denunciada, condenada y superada por más que en Ciudadanos se citasen frases exangües de Adolfo Suárez. Ciudadanos era también, en sí mismo, un síntoma de ese agotamiento. En resumen, y traducido al estilo político pueril que se impuso desde 2004: el 78 había sido una gran mentira.

Por supuesto, los regímenes políticos y los marcos de convivencia no son verdad ni mentira: son ficciones compartidas que, con más o menos éxito, con más o menos justicia, tratan de organizar la convivencia y la distribución del poder. Pero la crisis financiera y el 15M habían inaugurado un tiempo de descreimiento que aún dura. Y ya sabemos que, cuando la gente no cree, en realidad es que cree en cualquier cosa. Sobre esta increencia se levantaron los teatrillos de Iglesias, Errejón y tutti quanti, y el giro populista del Sánchez que los acabó fagocitando. Y en esa increencia se acabó produciendo la inevitable rehabilitación de Zapatero; que, pasados los rigores más graves de la crisis, aparecía de nuevo como lo que era: el pionero de toda esta historia, el papá putativo de todos ellos.

Las presentes zozobras del socialismo reinante a cuenta de las cuentas de Zapatero no son por tanto banales. Si la España del 78 era mentira, su impugnación -desde el Procés que arrancó con una fuga en helicóptero a las cartas a lo Getulio Vargas del presidente del Gobierno, pasando por el chalet plebiscitario de los Iglesias-Montero- ha resultado ser una trola aún más grosera, por cuanto solo ha producido entretenimiento de baja calidad. En el ocaso del sanchismo -que, como los bárbaros del poema, era una especie de solución- se otea un horizonte vacío.

Les hablaba hace unas semanas de estándares de conducta en sociedad, a cuenta del ruido en el transporte público. Los vendedores ambulantes ofrecen otro ejemplo de esa sociedad escindida en modos dispares de vida y relación tanto con las reglas tácitas de convivencia como con la misma legalidad. O, en algunas lecturas, de esa “tercermundialización” a la que nos aboca el cóctel de inmigración masiva poco cualificada y falta inversión en servicios e infraestructuras. El Confidencial le dedicaba la pasada semana un reportaje a los vendedores, con candorosos testimonios de protagonistas que constituían auténticas recusaciones involuntarias de nuestro modelo migratorio y laboral.

Afirmación del mantero

El asunto de la venta informal no es exactamente nuevo. Piénsese que los manteros son parte aceptada del paisaje urbano y social desde hace más de dos décadas. Más aún: sujetos de un discurso político que saltó de los márgenes al corazón del sistema cuando, por ejemplo, Ada Colau accedió a la alcaldía de Barcelona. Quiero decir que no se trataba de mera tolerancia, sino de una afirmación del mantero como figura política de pleno derecho en el marco del discurso proinmigración -una afirmación que, como es obvio, soslayaba las aristas menos amables, y menos emancipatorias, del fenómeno: mafias, invasión del espacio público, economía sumergida, fraude, etc.

De momento, a nadie se le ha ocurrido convertir al vendedor de empanadas en un sujeto político revolucionario, entre otras cosas porque el experimento migratorio español ha alcanzado tal dimensión que ya no precisa avanzadillas ni dialécticas impostadas: se ve y se siente por casi todas partes. Pero, si el negocio empanado se sigue expandiendo, está abocado a provocar tensiones en varios frentes. Quizás el más obvio: la salubridad y los controles sanitarios. A lo mejor tan solo estamos a un brote de que las autoridades tengan que adoptar una postura más, digamos, proactiva.

Pero la ausencia de licencias, controles y aportación fiscal remite también a un agravio fundamental frente a los negocios legales; y frente a los propios ciudadanos corrientes que no actúan en los márgenes de la legalidad. En un momento en que las pequeñas actividades económicas sufren una asfixia regulatoria e impositiva creciente -ay, el discurso de quita y pon sobre “los barrios”… Y cuando discutimos sobre la aportación real de la inmigración al equilibrio fiscal y el sostenimiento del Estado de bienestar. Una noticia de Rac1 hace ahora un mes: “Multa de 10.000 a un pagès català per anunciar la seva fruita a la carretera”. En fin, es engorroso recordar por enésima vez esa estúpida “sociedad del compliance” que quedó al desnudo durante la pandemia: la multiplicación de normas cuyo fin no es la seguridad real ni el bienestar de los gobernados, sino la elusión de responsabilidades por los gobernantes.

“Nación de rateros”

El debate entre cumplidores y no cumplidores lleva dándose un tiempo fuera de España. Mary Harrington lo expresaba sin paños calientes en UnHerd: “Las reglas son para pringados en la Gran Bretaña de dos niveles” (two tier). En The Spectator, Mary Wakefield se refería a la “Inglaterra sin vergüenza: una nación de rateros”: los estándares de conducta -antes más bien draconianos, como sabe el que haya trabajado siquiera un verano en Londres- estarían desplomándose no sólo entre inmigrantes y nuevos británicos, sino de forma transversal.

Más allá de mantas y empanadas, la sociedad de “dos niveles” tiene manifestaciones más cruentas. Como el llamado two-tier policing. También en el Reino Unido, el gobierno Starmer tiene un problemón más que sumar a su larga nómina: la publicación de los vídeos de la muerte, el año pasado, de un joven británico de origen polaco a manos de otro de la minoría sij nihang, a la que se permite llevar cuchillos de grandes dimensiones “por razones religiosas”. Los policías esposaron al herido en lugar del agresor. Más cerca nos quedan las costas gaditana y onubense y el valle del Guadalquivir, donde podemos estar asistiendo a la sustitución de un “orden” por otro más que a distintos niveles de legalidad. Pero, claro, menuda semanita para hablar de Estados dentro del Estado…

La hipótesis y el ejercicio eran sencillos: acelerado hasta su horizonte crítico el Procés catalán, y enfrentados los partidos “nacionales” a la votación del 155, el mundo blando de posibilidades del zapaterismo se agotaba. La política iba de tomar decisiones con costes a la vista, y las dinámicas puestas en marcha en la era ZP -el propio progresismo, para empezar- iban a llegar a su conclusión, como dice la canción de los Zombies. La existencia de un partido como Ciudadanos permitía superar las dinámicas tinellianas, y la cuestión nacional iba a solidificar a esos tres partidos nacionales (conservador, liberal y socialdemócrata) en una alianza pro-sistema de facto, por muy a regañadientes que fuese. Luego llegó la moción de censura de Sánchez, el Mulo de esta psicohistoria, y lo demás ya es conocido -más o menos.

Un poco más de jeta

Con la perspectiva y la trampa del tiempo, es fácil decir ahora que no había Mulo. Sánchez no es más que un avatar particularmente desfachatado del Partido Socialista posible y realmente existente. (Por si cabía alguna duda de esto, ha acabado de forjarlo a su imagen en estos años.) La moción de censura y la coalición a la contra y destituyente que llevamos gozando / sufriendo, según quieran ustedes, casi ocho años, no son sino la concreción lógica del cálculo zapaterino inicial: ante el cambio sociológico español, las mayorías de izquierdas tienen que contener dosis mayores o menores de partidos contrarios al orden constitucional del 78. Redondo no era ningún genio, como queda patente y patinte en estos días. Sólo hacía falta tener un poco más de arrojo. Jeta, vamos. Y Sánchez reclutó su propio grupo salvaje de jetas, ante los que los ministros y portavoces de la era ZP parecen la Academia platónica.

Es tentador ahora hacer leña del Zapatero caído -y esto trasciende la presunción de inocencia: los propios hijos intelectuales, morales y estéticos del zapaterismo andan haciendo pucheros por radios y televisiones ante la calcinación de un ejemplo moral; de ciertos chanchullos no se sale incólume, sobre todo si fingías ser el Dalai Lama. Como en el caso de Sánchez y su troupe, nada de lo que aventura penalmente es peor que lo hecho políticamente y a la vista de todos. Tampoco ganamos nada por pasar facturas que no nos van a pagar; ni nos va a resarcir nadie por los veintitantos años de cursilería que nos ha enjaretado el personaje. Me acabo de mudar y mis vecinos, gente mayor y simpática, siguen escuchando por las noches a un volumen apropiado a su edad el programa de Wyoming y sus fresquísimos chistes sobre el garaje de Ana Mato. Pero sí hay que constatar que la España y la izquierda que vivimos y soportamos -aún es una hipótesis que sean cosas distintas- son las de Zapatero.

Los telediarios zapateristas

Incluso en la derecha, fueron las políticas y los gestos de Zapatero los que provocaron la primera activación de opciones políticas que intentaban superar por el centro la influencia de los nacionalismos. El espacio mediático del sanchismo no hubiera sido posible ni concebible sin los telediarios zapateristas de ballenas varadas, y sus concesiones cetáceas. Mientras la izquierda sigue hablando de Aznar, que apenas dejó huella en el ser del país, como si fuera una potencia oscura, habitamos una realidad definida por las posibilidades que se abrieron cuando este señor de León sin, en apariencia, muchas luces, llegó a la secretaría general del PSOE un poco de chiripa. Así que, sí, se vienen muchos pucheros.

Se ha querido remitir esta “prioridad nacional”, en espíritu si no en forma, a Le Pen padre, pero hay ejemplos más recientes de discriminación positiva hacia nacionales en otras familias políticas. Por ejemplo, el programa de los socialdemócratas suecos exige desde hace años prioridad para los nacionales en el empleo -como era en origen la prioridad lepenista-, no solo para las ayudas. No obstante, la mayoría de ejemplos europeos se refieren, como lo firmado en Extremadura y Aragón, a requisitos de permanencia o arraigo. En Francia se exigen cinco años de permiso de trabajo para extranjeros no comunitarios; en Italia diez de residencia. Dinamarca cuenta con un sistema draconiano que causaría sofocos a nuestros tertulianos transversales.

Gestionar las ayudas

Pero es que, si de arraigo se trata, tampoco hacía falta cruzar la frontera: varias CCAA aplican desde hace tiempo requisitos temporales de entre dos y cinco años. Por ejemplo, el País Vasco, donde fue precisamente el gobierno socialista de un López el que aumentó los años de residencia necesarios para cobrar ayudas. Que fuera precisamente allí no es casual, ya veremos, y tiene que ver con el porcentaje de migrantes, con su origen, con la tasa de cotizantes y con la extensión y cuantía de las ayudas. Porque, al margen de la marca “prioridad nacional” -los medios de comunicación asumen cotidianamente sin rubor los léxicos y marcos de partido, y repiten fielmente sintagmas como “escudo social”, “gobiernos del cambio”, etc-, de lo que se trata es de gestionar la asignación de ayudas y rentas públicas. Y en tiempos de revolución demográfi ca, es imposible que el asunto no acabe siendo contencioso.

Como vivimos en tiempo hiperbólico, comentaristas liberales y menos han querido establecer relación entre ese “nacional” y el “Antiguo Régimen” o hasta la “Raza”, porque el papel lo aguanta casi todo y los conceptos ya casi nunca tienen correlato. Hace falta recordar lo obvio, como hizo la semana pasada Arias Maldonado: una nación es, en sí misma, una prioridad con impuestos y tanques. Y si en Europa, más aún en España, nos hemos desnacionalizado a toda prisa -por arriba y por abajo-, eso no quiere decir que podamos llamar caballos a las cabras y viceversa impunemente. Lo liberal, o no, serán los criterios de inclusión / exclusión. Ahora como siempre. Y, poniéndonos pedantes, el locus del liberalismo
es la nación. 

El Ejército es una ONG

Porque la discusión trasciende nuestra pobre política autonómica y atañe a la definición del demos. En España, vaivenes de la Historia, vamos a pasar en apenas diez años de querer recortarlo o deshilacharlo por identidades regionales a darle carta de naturaleza casi universal. Y así Josu de Miguel se refería hace poco, con la finura acostumbrada, al “Estado universal”. El ejército es una ONG, la política internacional persigue un Bien global abstracto y la ciudadanía española se confunde ya en la teoría con algún tipo de copertenencia galáctica.
Han llegado tiempos más recios y, con un decrecimiento de facto que acecha a las clases medias, era cuestión de tiempo que llegase también la reacción. Y lo que estamos viendo es otra manifestación del conflicto entre clases credencializadas urbanas, con un concepto universalista de la ciudadanía, y quienes viven más atados al mundo concreto de la producción y a las “externalidades negativas” del capitalismo global.

Porque la transformación demográfica española no tiene precedentes y, además de impulsar el crecimiento extensivo del PIB, está generando externalidades que afectan a los servicios públicos e infraestructuras, a la seguridad, a la convivencia y al sistema de partidos. Un experimento histórico de este calibre, sobre el que las instituciones democráticas han tenido poco o nada que decir -y de esto también hay que hablar cuando nos pongamos estupendos con la “desafección”, el “populismo” y demás-, merecería una atención más limpia y más aguzada por parte de nuestras clases discutidoras. Dudoso que la haya.

'Chovinismo de bienestar'

Por lo demás, la imposición de formas más o menos escrupulosas, desde el punto de vista liberal, de “chovinismo de bienestar” no va a depender de los better angels del ser español, ni de lo guapos que se quieran ver en el espejo políticos y tertulianos; sino de la proporción de población de origen foráneo y de la existencia de redistribución en sentido fuerte hacia ella. Y, como ya se escribió aquí, y como sucede en países que hasta ahora nos superaban en porcentaje de inmigrantes, los nuevos electorados generarán “endogeneidad de la oferta política”; o dinámicas clientelares, como ustedes prefi eran llamarlo.

Los viejos automatismos ya no servirán para guiarnos: como veíamos arriba con varios partidos socialdemócratas, allá donde las izquierdas conserven electorados transversales y clases genuinamente populares, tendrán que abrazar políticas restrictivas de la inmigración y la redistribución universal. Los propios Verdes alemanes ya cuentan con figuras que responden al nuevo paradigma: así Cem Özdemir, antiguo ministro del gobierno Merz y recién elegido presidente de Baden-Württenberg.

Lo que no sucederá, podemos estar seguros, es que estas cuestiones se puedan barrer sin más bajo la alfombra. Las palabras mágicas como “racismo” ya no resuelven debates. Menos aún cuando se usan a voleo. Habrá debate, habrá propuestas, mejores o peores, y habrá partidos que representen, en distintos grados, unas preferencias de los ciudadanos originarios que en tiempos más optimistas se ignoraron; de la misma manera que otras ofertas políticas se articularán en torno a las demandas e intereses de los foráneos y nuevos nacionales.

Diez años antes, en la cima de la fortuna de Sukarno, Bandung, a 150 kilómetros de Yakarta, había sido la sede de la primera y más famosa de las Conferencias Afro-asiáticas. Los asistentes formaban un who’s who de lo que se convertiría en el movimiento de los no-alineados: Jawharlal Nehru, Nasser, Zhou Enlai en nombre de Mao, el propio líder indonesio… Bandung proporcionó impulso, Diez Principios y buena parte del repertorio épico y estético de un movimiento que acabaría más bien entre susurros década y pico después, entre el colapso de los socialismos africanos e indio y la paulatina sustitución del artificioso “nacionalismo árabe” por el islam como vector de movilización. La propia china empezó a mirarse en el espejo de Occidente.

Hoy, entre involuntarios revivals setenteros, es tentador evocar el ejemplo de los no alineados para caracterizar algunos desarrollos internacionales del presente. Por ejemplo, se ha traído a colación -de manera no del todo injustificada- el fiasco de Suez en 1956 respecto a la confusa operación de Irán y Ormuz. Las diferencias también son notables: entonces era el orden colonial lo que moría, y hoy se trata de la globalización neoliberal. China no aspira ya a liderar o instrumentalizar el tiers monde, sino a una hegemonía de pleno derecho. Y Rusia adopta un papel cada vez más subalterno respecto al antiguo comunismo rival.

Ya se atreve a llamarlo Trump

Viene esto a cuento del cuarto viaje a China del presidente del gobierno de España, y del rumbo internacional que cada vez de forma menos encubierta propone, o más bien impone, el oficialismo socialista para nuestro país. No peco de original, y esta columna podría titularse igualmente “Sánchez goes to China” o alguna de las ingeniosísimas fórmulas con las que estos días intentamos caracterizar una relación que ya se atreve a decir su nombre. Porque el acercamiento de Sánchez a China, que hasta hace poco se susurraba, es ahora palmario y celebrado abiertamente por voces oficiales.

El distanciamiento de Europa y el carácter errático de la política exterior americana en el segundo mandato Trump han acelerado y ha dado excusa a un movimiento que se remonta a la presidencia de Zapatero -quién si no-; y que no sólo los socios izquierdistas del gobierno, sino quizás muchos viejos socialistas, ven con alivio tras años de forzado atlantismo. Una especie de “marcha a Torrejón” por otros medios. Y bien lucrativa para algunos.

Porque no está claro que la apuesta salga a cuenta económicamente para España, vista la balanza comercial y habida cuenta de la preferencia china por la integración vertical y por el control de las cadenas de valor. Pero sin duda está creando valor para algunos operadores políticos, mediáticos y de importantes think tanks. Queda por ver hasta dónde llega el movimiento de país y cuánto hay de jugadas personales en todo ello; empezando por las de Sánchez y su “talismán” Zapatero. Hace tiempo que, disipadas fantasías como la secretaría general de la OTAN o algún job importante en la UE, los destinos de Sánchez y su troupe apuntan a algún tipo de liderazgo tercermundista, existente o de nuevo cuño. No es difícil imaginar a Sánchez como un nuevo pope de la izquierda global, perseguido en casa por la sombra de la corrupción y el lawfare; y en eso parece que se están gastando los esfuerzos y los dineros.

El estatus de Taiwán

Lo cierto es que el pivote socialista va ya mucho más allá de la razonable, deseable y hasta exigible relación pragmática con la potencia asiática. En este último viaje, Sánchez ha asumido posiciones diplomáticas de Pekín, como un nuevo reparto de cuotas en los organismos internacionales, y ha permitido o fomentado cierta confusión en torno al estatus de Taiwán. En el anterior, recordemos, el presidente aprovechó para desmarcarse de la posición común europea sobre el coche eléctrico chino. Y que se ha jugado ya con la seguridad nacional y los datos de los ciudadanos españoles otorgado contratos sensibles a Huawei. Tampoco tranquiliza que el cuarto viaje a China venga precedido, con toda probabilidad, por una compra masiva de perfiles digitales sintéticos por parte del gobierno.

China es parte fundamental de la jugada, pero hay más bandas. Bromeaba hace unos días sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez convocase una conferencia de no-alineados en Barcelona -dónde si no-, sin recordar que la conferencia está en marcha y empieza mañana sábado. El nuevo polo transatlántico, bien representado en Barcelona, lo ocupan las izquierdas iberoamericanas. La beligerancia pro-palestina, como los signos de reconocimiento hacia y por parte del régimen iraní, tampoco son casuales. En la Fira también habrá guiños al pijerío internacional, como la intervención remota del alcalde tiktokero Mamdani.

Todos los tópicos

Mientras el PSOE-Bandung nos hace gravitar hacia esta suerte de no-alineados, se producen otros movimientos de interés. Por ejemplo, el desajuste cada vez mayor entre la postura nítidamente pro-israelí de Vox y el desinterés, a veces el rechazo, y en ocasiones el antisemitismo puro y duro, de sus bases, en particular los más jóvenes. La colisión entre Iglesia católica y nacional-populismos. Las fricciones entre las derechas europeas y un mundo MAGA en descomposición o reformulación. Se permiten todos los tópicos para reconocer que las antiguas “ideas recibidas” están perdiendo valor a cada día.

La ola trans fue otro fenómeno que se nos echó encima sin comerlo ni beberlo durante la década pasada. Hacia mediados-finales de los 2010, el número de jóvenes que se autoidentificaban como trans o no-binarios se disparó en todo el mundo desarrollado. Los datos de EEUU son elocuentes: entre los nacidos en las generaciones llamadas “Silenciosa” (1928-1945), “Baby-boomers” (1946-1964) y “Generación X” (1965-1979), la tasa de personas autodeclaradas trans o no-binarias se mantuvo por debajo del 0,5%. El porcentaje empezó a crecer con los “Millennials” (nacidos entre 1980 y 1994) y se disparó con las primeras cohortes de la “Generación Z” (a partir de 1995). Sin embargo, ha vuelto a desplomarse abruptamente entre los nacidos a partir del 2000.

Tratamientos irreversibles

En una sociedad global, la ola trans atravesó fronteras, y no solo nacionales: también las de clase, y las que separan los entornos urbanos y rurales. Y llegó a familias poco preparadas para asumir las consecuencias de una transformación tan radical de la identidad personal. Pero, con mucha diferencia, lo peor fue el seguidismo de las comunidades médicas y científicas que, contraviniendo los preceptos más elementales de la profesión médica, se animaron a validar o recetar tratamientos y cirugías irreversibles en menores. Los politicos, como de costumbre, se apuntaron alegremente. Cualquiera que haya seguido a académicos anglosajones en la última década sabe hasta qué punto la “causa” se convirtió en una monomanía abrasiva, que esclipsaba cualquier otro tema de debate o posición política.

Y, como decíamos, un día la ola empezó a remitir. Calladamente al principio, las autoidentificaciones empezaron a decaer. Como si de repente, refrendando a quienes comparaban el fenómeno con el auge de los trastornos alimentarios en los 90, una moda morbosa empezase a pasar. Por el camino, la controversia en torno a lo trans dividió al movimiento feminista y lo neutralizó políticamente. No en vano algunas de las críticas más feroces han procedido del feminismo “clásico” -en ocasiones, y es importante reconocerlo también, con una crudeza y falta de humanidad escalofriantes.

Entre el respeto y la necesidad

En el corazón de todo este embrollo estuvo la sustitución de principios liberales abstractos -la dignidad de toda vida humana; el respeto a la persona y sus decisiones en cuanto afectan a su esfera de soberanía- por la maquinaria ideológica y política de las identidades; que exigen no ya reconocimiento, sino normas, políticas públicas y partidas presupuestarias a la carta. La confusión, a menudo interesada, entre el respeto a cómo quiera cada uno vivir su vida y su ser, y la necesidad -expresada a menudo en ceremonias coactivas de conformidad social- de convertir las realidades vividas en realidades objetivas en torno a las que el resto de la sociedad está obligada a organizarse.

En España parece, por lo que sabemos, que la ola va con el habitual retraso de unos pocos años; en su pico y, es de suponer, en su caída. Además, los poderes públicos siguen en muchos casos fabricando incentivos perversos. Porque otra enseñanza de este episodio de época es que la colusión entre ideología, ciencia entendida como “principio de autoridad” e intereses particulares suele producir resultados atroces, a veces irreversibles. Lo que nos lleva de vuelta a Ehrlich; que tanta paz lleve como alivio deja.

De hecho, el primer impulso es interpretar el mensaje y la hipotética medida como un no tan sutil “silbato de perro”, otra manera de hablar de inmigración sin mencionarla. Y algo de eso hay, claro. Pero no se agota ahí. En España, si uno atiende a las redes, y en particular a los nichos -o avenidas- que va ocupando la contestación al sistema desde la derecha radical, existen discursos similares que, frente a los beneficios reales o imaginados de la convivencia multicultural, oponen una sensación de desorden y de extrañeza en tu propio país o ciudad. Discursos que vinculan la masificación de transportes y espacios públicos al boom migratorio español desde la pandemia. Y que, entre la ansiedad demográfica y cultural y la nostalgia de una sociedad homogénea, dejan entrever la pecepción de un deterioro real de la convivencia. Como anécdota, o no tanto, quizás algunos lectores se hayan fijado en las campañas en el Metro de Madrid para animar a los viajeros a quitarse las mochilas de la espalda en el vagón.

Una estructura opresora

En la hiperpolítica que protagonizamos / sufrimos, a menudo es complicado discriminar los elementos reales, los performativos, la guerra cultural o de posiciones y el mero simulacro. Con todo, creo que no estamos ante un episodio del todo banal. Al fin y al cabo, lo propio de este tiempo es la ocupación por la política -o por su correlato neurótico- de todos los espacios públicos y privados. La izquierda cultural ya convirtió el transporte público en escenario de una contienda política con el asunto del manspreading, que no era solo una cuestión de urbanidad, sino una manifestación de estructura opresora. (Y, como suele suceder, es una paradoja solo aparente que los más insistentes con la vigilancia foucaultiana o con la abolición de los códigos de clase hayan abierto camino en esto.) En fin: las tendencias, a medida que nos internamos en un mundo posliberal, no apuntan a menos sino más conflicto en torno a toda la vida en común.

En sociedades más homogéneas y, a la vez, más jerarquizadas, la existencia de unas reglas y códigos de comportamiento público se ha dado siempre más o menos por descontada. Y las conductas antisociales eran propias de minorías excluidas, delincuentes o manifestaciones de la rebeldía juvenil, a menudo asociadas al alcohol y las drogas. Del 68 acá, el control social o la vigilancia mutua en el espacio público se han ido debilitando por razones que tienen que ver tanto con la evolución interna de las propias sociedades occidentales -la hiperdemocracia, la “destrucción creativa” del capitalismo, el triunfo de la cultura juvenil tras el baby boom, la mezcolanza de clases sociales en espacios antes nítidamente delimitados- como con la convivencia cotidiana de distintos estándares étnico-culturales de conducta, distintas percepciones del espacio público y personal, distintas expectativas y, en fin, distintos valores.

Esta relativa laxitud ha ampliado el rango de la libertad personal, pero también genera externalidades negativas que son tanto más graves cuanto más frecuentes se hacen ciertos comportamientos: faltas y delincuencia de baja intensidad, música y conversaciones a todo volumen, comida, bebida, humo e incluso toilette en el transporte público, vulneración del espacio personal… Como dice Rupert Lowe, no es grave en apariencia, pero tiene otras implicaciones. Por ejemplo, aunque a ustedes les parezca raro, resulta que en EEUU hay debate sobre si existe algo así como un derecho a fornicar o drogarse en el transporte o la vía pública. ¿Extravagante? Quizá, pero piensen en un fin de semana cualquiera en alguna de nuestras ciudades más turísticas. (Y, sí, la turismofobia también tiene algo que ver con esto).

Deterioro de servicios

La teoría de las “ventanas rotas”, desarrollada en Estados Unidos en los años 80, propone precisamente que “los signos visibles de delincuencia, comportamiento antisocial y desorden civil crean un entorno urbano que fomenta más delincuencia y desorden, incluidos delitos graves”. Aunque criticada y contestada, algunos de sus postulados siguen siendo base de intervenciones y políticas públicas en todo el mundo.

Los debates sobre integración de inmigrantes, sobre el deterioro de servicios e  infraestructuras, o sobre la transformación de los barrios, han aportado nuevas dimensiones. Por ejemplo, también en Estados Unidos se habla abiertamente de la relación entre ciertos aspectos del urbanismo -uso de transporte público vs. privado; usos mixtos y urbanizaciones cerradas; walkability- y los problemas de convivencia asociados a minorías antisociales. Véase el caso reciente del asesinato de Iryna Zarutska en un autobús de Charlotte. Sin ir tan lejos: el debate entre educación pública, privada y concertada en España; o los famosos PAUs. Hablábamos antes de sociedades de “alta confianza”, o de su desaparición…

Tanto es el aspecto más reglamentista del debate, en la medida en que sea posible regular conductas sin asfixiar el uso mismo de los servicios y el espacio, como en lo meramente psicológico o ideológico -que nunca es “mero”-, el tránsito a un mundo posliberal nos confronta con la necesidad de reflexionar sobre lo que antes dábamos por descontado como el aire o el sol. El equilibrio entre libertad, autoafirmación, convivencia y seguridad cuando convivimos en la ciudad, por ejemplo. Quizás sea un buen momento para desempolvar a Norbert Elias.

Ustedes quizás recuerden que hubo una pandemia hace unos años. Y que la estrategia de comunicación gubernamental fue perfectamente descriptible: negación en los inicios, confusión después, pornografía social durante buena parte del confinamiento y luz de gas desde entonces. Y buena parte de la prensa denotó su carácter concertado -quizás nunca de manera más clara que con el anuncio unánime “Salimos más fuertes”, que evocaba el editorial conjunto de la monomanía independentista. Hubiera sido imposible diseñar y ejecutar un experimento más completo sobre la naturaleza del poder y la información. Pero, como sucede con casi todo lo que está delante de las narices, muchos antiguos estudiosos y activistas de la causa de la transparencia eligieron no enterarse de nada.

Compra de adhesiones

El tiempo del covid tuvo otras aristas que sería prolijo desarrollar. Por ejemplo, la compra pública de influencers y cuentas asociadas a la “divulgación” o el mundo “escéptico”. Y significó quizás el acta de defunción del “experto” como categoría válida en el espacio público. Llevábamos ya unos cuantos años debatiendo sobre los “expertos” y su papel en la esfera pública y la política. Un asunto lo bastante complejo como para aparcar la brocha gorda. Pero el oficialismo optó no solo por servirse de “expertos” individuales para apuntalar sus decisiones políticas -el ejemplo reciente del comité sobre la vivienda en Cataluña es solo un poco más grosero que la media-; sino que intentó instrumentalizar la idea misma de expertise. Que, por definición, solo puede venir del experto ungido oficialmente: el poder otorga la condición de experto y el experto aquilata lo que se le pide. Una especie de coleta de Münchhausen o economía circular de la propaganda. Se ha desarrollado, de hecho, una pequeña industria de los expertos sectoriales con distintos paraguas; así el Año Franco, por ejemplo, que no es tanto un artefacto propagandístico directo sino otro mecanismo de compra de adhesiones y voluntades.

De todo esto, la pandemia fue la hora de la verdad -o de la mentira, para el caso-; pero el campo de pruebas es desde hace mucho la política climática. Naomi Klein, la teórica de la “doctrina del shock” capitalista, lo ha explicado con cierto candor: el discurso de la emergencia climática permite plantear una doctrina simétrica desde el anticapitalismo, superando las lógicas del sistema anterior. A una escala mucho más modesta, el gobierno y la izquierda han entendido que el cambio climático, entendido como “emergencia”, es un marco que permite enjaretarle a la derecha y a cualquiera que disienta casi cualquier mal o catástrofe. No sólo inundaciones o incendios, sino guerras y hasta la crisis de salud mental. Que esto tenga poco que ver con un debate real sobre las políticas de adaptación y mitigación climática, ni con el cálculo de costes y beneficios sociales de unas y otras, no es cosa que vaya a preocupar al oficialismo a estas alturas.

Cuestión de bandos

Un par de apuntes para terminar. Si ustedes intuyen que el manoseo político de la ciencia tiene costes para los propios científicos en términos de credibilidad, seguramente aciertan. Contamos con más datos de EEUU, y allí los sondeos muestran que la polarización y la percepción de estar politiizada reduce la confianza pública en la ciencia, y lo hacen por líneas partidistas; con consecuencias negativas para la función social de la investigación. Una enseñanza repetida hasta la saciedad que algunos insisten en no querer aceptar: cuando se plantea una cuestión en bandos, la gente tiende a alinearse en ellos.

Y en segundo lugar, tenemos que repensar el rol de los expertos y de sus aportaciones de una perspectiva ajena a las trapacerías de este gobierno, o del que toque. No hace falta caer en un relativismo epistemológico extremo para entender que, incluso cuando no están a sueldo de un interés concreto, los académicos tiene sesgos, valores, mentalidad de grupo e ideología, amén de clase social. Por ejemplo, un artículo reciente de Alexander Kustov desgrana cómo los metaanálisis revelan el sesgo de los investigadores de la inmigración: pertenecen a una categoría social que tiende a no percibir sus externalidades negativas. Qué decir del triste papel de muchas asociacioness médicas durante la ola trans, ahora en claro retroceso. ¿Debemos tirar el barreño con niño y todo? No, pero quizás aplicar a los “expertos” en alguna medida el consejo de Ernst Jünger sobre los médicos: hacer caso de lo que saben, pero frecuentarlos lo menos posible.

Esta semana han causado alboroto una declaraciones de Irene Montero, en el tono agresivo y mesiánico que es marca de la casa, en las que parecía abrazar una versión positiva de la teoría del Gran Reemplazo. En este caso, el reemplazo no sería tanto racial, que también, sino ideológico: cambiar a “fachas” y “racistas” por inmigrantes. La controversia coincide con otra más amplia sobre la regularización masiva propuesta por el gobierno, que puede afectar a más de 800.000 peronsas y sus familias; y, dentro de esta, con el debate sobre la posible incidencia electoral en el medio o largo plazo.

El oficialismo ha corrido a desmentir que la regularización pueda modificar el censo electoral con las habituales acusaciones de “cuñadismo” y “racismo”, que hay que tomar siempre por lo que son. Pero es evidente que la residencia legal es un paso necesario hacia la nacionalidad, y que en algunos casos esta puede llegar en apenas dos o tres años, lo que permite votar en generales y autonómicas -en el caso de las elecciones locales, los ciudadanos de países con convenios de reciprocidad pueden hacerlo también en plazos no muy distintos sin necesidad de obtener la nacionalidad española. Todo esto sin contar los dos millones largos de posibles solicitantes de nacionalidad en virtud de un precepto de la ley de Memoria Democrática conocido como “ley de nietos”.

De modo que sí hay una afectación potencial al censo. Cosa distinta es que ese sea el objetivo principal del proceso. El presidente del Gobierno ha publicado un artículo en el New York Times -que es donde hay que explicar las cosas- para desgranar sus motivos, y ahí no aparece la creación de nuevas mayorías electorales. Sí, en cambio, los principios. Y el pragmatismo económico: nuestro país no puede funcionar sin afluencia masiva de extranjeros. Son razones apreciables; pero al haberse hurtado a los ciudadanos españoles el debate previo sobre este asunto, solo se puede especular acerca de los verdaderos intereses de Sánchez y los suyos, que no suelen coincidir con lo declarado.

Presión sobre la vivienda

Admite poca duda que la maquinita del crecimiento extensivo del PIB y el intento de ajustar el balance fiscal a corto plazo son parte de la ecuación. Ahora bien, sabemos que el crecimiento español, basado en aumentos de empleo sin mejoras de productividad, y la aportación fiscal del tipo de inmigrante que recibe España, que además ahora percibe rentas públicas y genera derechos futuros, son pan para hoy y hambre para mañana en el mejor de los casos. Y que el crecimiento de población empieza a ejercer una presión sobre la vivienda, los servicios y las infraestructuras a la que no se opone una inversión pública equivalente.

Si a esto le añadimos -de continuar las tendencias actuales- una modificación sustantiva de la demografía española, tanto la regularización en curso como, en general, la displicencia con la que el gobierno y otros poderes e instancias civiles despachan la cuestión migratoria empiezan a parecerse bastante a un fraude democrático. Al tiempo que la preocupación ciudadana sobre el asunto sigue creciendo -en todos los electorados, aunque más en el de la derecha. Y ya sabemos lo que pasa con las realidades ignoradas.

Algunos minimizan el problema de la hipotética modificación del censo: los “nuevos españoles”, mayoritariamente hispanoamericanos, votarían al centro-derecha o, en todo caso, reproducirían los mismos patrones de voto que los españoles viejos. Los datos disponibles para nuestro país, sin embargo, no van por ahí: con la excepción de un par de nacionalidades de origen, los inmigrantes tienden a votar socialista. En algunos casos -marroquíes, por ejemplo- de forma abrumadora. Un cambio de gobierno podría quizás alterar estas tendencias; pero, hoy por hoy, aumentar el censo con inmigrantes es aumentar el voto a la izquierda.

Los casos de Francia y Reino Unido

Una mirada al exterior ayuda a comprender. En Francia los votantes de cultura musulmana apoyan la coalición electoral melenchonista hasta en un 70%. Y ese apoyo se cultiva activamente desde arriba. En el Reino Unido sucede otro tanto con los laboristas, con porcentajes entre el 40 y el 60% según las minorías -y ello a pesar de la fuerte presencia de británicos de origen extranjero entre los cuadros y candidatos conservadores. (Por supuesto, podrían estar operando otras variables, como la renta; pero eso no altera el análisis fundamental.)

España ha dejado de ser aquel outlier europeo tanto en volumen relativo de la inmigración como en percepción pública del fenómeno. En el umbral actual, se dan las condiciones no solo para que el voto de origen migrante sea un factor de peso en el sistema, sino para que la oferta política responda a la nueva realidad demográfica. Por tanto -y al margen de cuáles sean las razones profundas de la regularización-, no es descartable que el futuro sistema de partidos español incluya una o varias opciones nítidamente nativistas; un partido o partidos institucionales con una postura dura pero más pragmática sobre la inmigración; y también coaliciones de izquierda con un fuerte componente de voto de origen foráneo, orientadas estratégica e ideológicamente hacia esos electorados. Como pasatiempo, pueden ir adjudicando a cada opción el color que se les ocurra.

Había pasado, o iba a pasar, brevemente, por la política; yo aún estaba fuera de ella. Nos fue pintando, sin que le llegásemos a creer del todo, un panorama sombrío en el que las clases medias españolas irían convirtiéndose en otra cosa, y el Estado perdería capacidad, fortaleza y soberanía. Poco tiempo después, en las reverberaciones del 15M, escribió “Peronistas”, uno de los pocos textos perdurables que ha dejado la cultura en internet de mi generación.

Unos años más tarde, en los comienzos de la “nueva política”, asistí a unas jornadas en Zaragoza organizadas desde ese entorno nebuloso y febril, aún fuertemente digital, que iba mutando de los “indignados” a Podemos. Recuerdo que uno de los ponentes -activista que luego fue fugaz concejal de Carmena- sentaba cátedra en un vídeo sobre la “restricción presupuestaria”: no tiene sentido decir que no hay dinero para las pensiones porque, como lo primero son los derechos, pues se les dedica el dinero que haya y ya está; y no hay más discusión posible. El ejemplo de las pensiones no es mío: es exactamente el que puso él. En fin, explicarle qué es el “coste de oportunidad” a alguien con esa ideología es una tarea melancólica; pero probablemente muchos acaben entendiéndolo por las bravas.

Inflación de derechos

Entre un momento y otro, la predicción de A. había empezado a tomar cuerpo, pero los árboles de los “recortes” no dejaban ver aún el bosque de la decadencia. La idea de recorte sugería una temporalidad -y un juicio moral- que no capturaba el grado de desinversión y de reordenación de prioridades que estaban operando en España.

En paralelo al empobrecimiento, privado y público, de un país que llegó a verse en podio de Europa, la prosperidad material se fue sustituyendo por un discurso de inflación de derechos que, si generalmente ha partido de la izquierda, el centro-derecha no ha querido o no ha sabido contestar; sino, en todo caso, apuntalar y consolidar desde el poder con tal o cual matiz. El pivote se produjo entre la primera y la segunda legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero: los “derechos” comenzaron usándose como cuña contra la oposición de derechas, y acabaron convertidos en una brocha de la que colgar cuando el armazón económico se viene abajo.

Los efectos del estallido de 2008 hubieran requerido un esfuerzo nacional de austeridad, sí, pero también un replanteamiento de prioridades; el compromiso público de unas élites de verdad, en el pleno sentido de la palabra; y unos prescriptores y medios más exigentes y mucho menos venales. En lugar de eso, aplicamos a la política una moralización crasa y corrosiva, convertimos el espacio público en un plató de telerrealidad; y nos dedicamos a producir y redistribuir bienes simbólicos, mientras el coste real del deterioro y de la demografía se disparaba.

El impulso reformista que pudiera haber hacia mediados de la década se agotó pronto, ahogado en una hiperpolitización que se ocupaba de todo menos de la sustancia de la acción política. La realidad es que casi nadie quería reformas. Benito Arruñada acaba de publicar un libro -que aún no he leído- cuyo título anticipa argumentos similares. En España no existen hoy mayorías sociales / electorales, no ya para las reformas necesarias sino, quizás, ni para los parches que nos permitan ir tirando un par de décadas; y es dudoso que las haya habido alguna vez.

En la derecha, el capital político y el mandato para la reforma de la mayoría absoluta de 2011 se agotaron muy deprisa, o eso pensó Rajoy. Ciudadanos nunca estuvo en disposición de pasar de las buenas intenciones -los acuerdos sucesivos con PSOE y PP- a los hechos. En la izquierda, el auge de Podemos y el posterior cesarismo en torno a Sánchez ahogaron la voz de los cuatro gatos que intentaban transitar por una “tercera vía”. La izquierda académica y mediática se subió al carro de las políticas simbólicas, en la que los remanentes del zapaterismo convergieron con las nuevas corrientes transatlánticas. Se empezó a hablar de “luchas complementarias” obviando que el reconocimiento de los derechos suele acabar tomando forma por la vía del presupuesto o de la asimetría normativa; y que ambos caminos generan situaciones de “suma cero”, con ganadores y perdedores netos.

Memoria, clima y otras consideraciones

Además, el reconocimiento presupuestario de los derechos tiene un coste de oportunidad económico respecto de otras partidas. Y todos, siempre, tienen un coste de oportunidad político, social o de atención: háganse a la idea de las energías nacionales desperdiciadas en debatir la Ley del “sí es sí” para acabar obteniendo los resultados que obtuvieron. Y tantas toneladas de papel con regulación, a menudo de bajísima calidad, sobre memoria, clima o consideraciones identitarias, que han ocupado el espacio y el tiempo que podían haberse dedidaco a la vivienda, la infraestructuras, el conocimiento o la productividad.

Hoy nos encontramos con un Estado que intenta abarcar mucho más de lo que puede, y que no tiene la fuerza ni la competencia suficiente para operar decisivamente donde sí debería hacerlo. Las crisis permanentes (la de vivienda; la de infraestructuras, que algunos venimos anunciando hace años; y, en breve, según se apunta, la de la delincuencia organizada y el control del territorio), así como las puntuales (pandemia, apagón, dana) señalan a un fracaso colectivo y de las élites; y a un sistema que no sólo no canaliza la información y la discusión pública hacia las actuaciones necesarias, sino que parece exclusivamente dedicado a enmascarar los problemas reales, generar relatos y adhesiones posicionales, difuminar las responsabilidades e impedir que se cambie el curso.

Reordenamiento de prioridades

Llegado este punto no hace falta elegir entre la culpa de las instituciones y la de las personas. Las instituciones se han vaciado casi al primer golpe de osadía política y, como en otros lugares, hemos descubierto que las reglas implícitas y el esprit de corps de las élites era tanto o más importante que las constituciones y normas escritas. Pero es que se hace cada vez más evidente que España no es ajena a una “crisis de competencia” que aqueja a otra viejas naciones -basta con mirar al Reino Unido. Y no sólo la competencia, sino la lealtad, está en duda en algunos casos. Todo esto, como ya se habrán figurado, tiene algo que ver con los sucesos de la última semana.

A principios de la Transición, Gonzalo Fernández de la Mora reivindicó una tecnocracia sui generis, una “legitimidad de resultados”, en su libro El estado de obras. Frente a las legitimididades de origen o principios, la herencia política del franquismo se defendía por su obrar -digamos, a la manera católica. Hoy, cuando a la “memoria democrática” le ha salido el único vástago posible, la nostalgia -y una nostalgia, pese a los discursos oficiales, centrada ante todo en el desarrollo material-, habría que recordar que los sistemas políticos no se justifican solo por la fe, sino por las obras. Y las obras exigen un reordenamiento de prioridades por el que los españoles de hoy no han querido y no quieren pasar.

En los últimos años, otras comunidades de origen extranjero han crecido en Minnesota, convertida en lugar de asentamiento preferente para refugiados de toda procedencia, y que tiene hoy el mayor porcentaje de asilados per capita de EEUU. Los somalíes constituyen ya la segunda población inmigrante tras los mexicanos, con más de 70.000 personas. Y han provocado el, valga el tópico, terremoto político que le ha costado la posible reelección como gobernador al demócrata Tim Walz, el otro miembro del ticket de Kamala Harris en 2024.

Descomunal estafa

Como en tantos otros escándalos habidos y por haber, el trasfondo es la respuesta pública al covid. Durante la pandemia, la ONG Feeding Our Future, fundada en 2016 por Aimee Bock, se encargaba de distribuir alimentos para niños necesitados a través del Federal Child Nutrition Program. Pero, de los millones de comidas que afirmaban haber distribuido, sirvieron bien pocas: los fondos en realidad iban a comprar propiedades inmobiliarias en EEUU, Kenia o Turquía, y a bienes de lujo. El fraude se calcula en unos 250 millones de dólares, y hay casi 80 detenidos, la mayoría de ellos de origen somalí -no así Bock.

Cuestión no menor es que el fraude ya fue denunciado en 2020 por el Departamento de Educación de Minnesota. Pero en aquella época las palabras mágicas aún tenía fuerza de ley, y una demanda de la ONG por discriminación racial frenó las investigaciones. La corrupción destapada no para en Feeding Our Future y las comidas fantasma: afecta a servicios sociales de todo tipo (vivienda, escuelas infantiles, Medicaid); y ha dado lugar a no pocos chistes y memes, que son menos graciosos si consideramos que la estafa podría medirse por miles de millones de dólares desde 2018. Así las cosas, no es extraño que Walz se haya pensado mejor presentarse a un tercer mandato.

El protagonismo de la comunidad somalí en el escándalo tiene varias lecturas, y pocas buenas. La más obvia es la previsible resaca en un estado que, como decíamos, alberga la mayor concentración relativa de refugiados de la Unión. Mientras escribo estas líneas, la ICE (agencia federal de control migratorio) ha matado a tiros a una ciudadana estadounidense durante las protestas por las redadas contra inmigrantes. Pero hay argumentos de fondo que también merecen atención. Como en el caso de Rotherham y los grooming gangs del Reino Unido, probablemente nos hallamos ante una comunidad nacional-tribal que, lejos de asimilarse al país de acogida, emplea sus redes de origen para delinquir y extraer rentas del Estado.

Los 'chovinistas del bienestar'

Se puede aducir que algo similar sucedió en el siglo pasado con los italianos e irlandeses, o los propios judíos; pero a comienzos del S. XX la dimensión redistributiva de la administración americana era testimonial, y las redes delictivas se centraban en negocios ilegales y en extorsionar a las propias comunidades inmigrantes. La extensión del estado de bienestar, sumada a la inmigración masiva y al coladero que han supuesto los sistemas de asilo occidentales en la última década, plantea problemas y dilemas que los “chovinistas de bienestar” a ambos lados del Atlántico pretenden resolver por la vía de los hechos.

Nuestro país, donde estas cosas sonaban lejanas hasta hace no tanto, está ya al corriente de pagos con el tema del momento: la extensión de las rentas e ingresos mínimos, de las que la comunidad autónoma vasca fue pionera, presenta ya la cuestión del fraude de manera rotunda; como también la acogida de menores no acompañados que, en un porcentaje apreciable, no son menores o no proceden de zonas de conflicto. La cuestión migratoria genera a su alrededor una economía blanca, negra o con matices de gris, y las organizaciones que reciben y gestionan las rentas asociadas son un punto caliente, tanto en términos de legalidad como de legitimidad democrática.

Otra noticia de estos días: quince conductores de autobús detenidos en Barcelona por traficar inmigrantes entre España y Francia. Otros emplean la navegación, o se benefician de dudosos conceptos de asilo. Pero la captura de las rentas migratorias existe, y son inevitables movimientos de la sociedad y las administraciones para ponerle coto; que serán tanto más abruptos cuanto más tiempo pretendamos esconder la cabeza en la arena.

El movimiento pendular -perdón por la imagen- se ha encarnado en una figura tan improbable como Sydney Sweeney, de cuyos pechos dijo Richard Hanania, de forma apenas irónica, que habían acabado con lo woke. Un vistazo a las marquesinas de Madrid no desmiente que el tratamiento público de la sexualidad se esté desplazando de nuevo hacia formas más reconocibles; o que los nuevos aspirantes a gatekeepers de la moral han perdido buena parte de su influencia y capacidad de coerción.

En España, en el año que se acaba explotaron al fin preocupaciones no muy distintas de las que movieron el voto de los estadounidenses en noviembre del 24, y de las que atraviesan -un fantasma recorre, etc- la mayoría de países occidentales. Así la vivienda y el coste de la vida; la inmigración; o inquietudes culturales que durante las décadas de bonanza y globalización nos acostumbramos a barrer bajo la alfombra del Fin de la Historia.

El tiovivo de un PIB hinchado

De lo primero, la vivienda, hemos hablado bastante en este espacio, y seguiremos hablando porque es asunto nuclear en la ruptura del precario contrato social español. Sobre la inmigración, el gobierno de Pedro Sánchez, con su modelo de crecimiento extensivo, la falta de inversión pública y la desatención a la inseguridad, ha logrado algo que parecía complicado no hace tanto: que los españoles desarrollen una ansiedad ante la inmigración masiva similar a la de otros europeos. Como el gobierno no está en condiciones de dar marcha atrás -nadie va a parar el tiovivo de un PIB hinchado a base de importar gente, como nadie paró el de la burbuja inmobiliaria-; y como atender la falta de vivienda y el deterioro de infraestructuras y servicios públicos requeriría una reordenación de prioridades de gasto que el factor pensiones no va a permitir, la preocupación sólo puede crecer; y con ella, los partidos que la recojan.

De hecho, la cuestión migratoria se activa ya en diversos frentes y modalidades, que atañen a lo material y a lo cultural: del “no cabemos” al “ser de España”. El debate atraviesa no solo el sistema de partidos, sino los propios partidos. Así Vox y su animada controversia en torno a la “Hispanchidad”. Se empiezan a poner en cuestión pilares de la concepción blanda del Estado y la ciudadanía española que informa la Constitución de 1978. Y, en sentido menos estrepitoso, tiene interés el discurso ascendente que vincula el crecimiento poblacional con la demanda insatisfecha de vivienda y el declive de los servicios.

En el año que se deshilacha descubrimos también que ya nadie es en verdad decrecentista, pero casi todo el mundo sigue siendo NIMBY. Vientos de cambio aún titubeantes en Europa, pero reconocibles. Otro hilo del que tirar: los complejos industrial-militares de la buena voluntad y las organizaciones no gubernamentales. El relativo fracaso del DOGE trumpista -que no parece haberse notado en el gasto, pero sí en el empleo y la batalla cultural- no entierra una cuestión que los Estados occidentales van a tener que afrontar de una u otra manera en los años que vienen, por razones tanto presupuestarias como, ante todo, democráticas.

El anticipo extremeño

En nuestro país, el panorama electoral del año próximo, aguas abajo de la sociedad y la cultura, afianza la idea de un cambio sociológico en las comunidades españolas de España, que se inauguró en Andalucía hace siete años. Una manifestación de nuevas mayorías sociales y, quizás, de un nuevo sentido común de época: los sondeos coinciden en otorgar al bloque de derecha porcentajes próximos al 55% en lugares tan inesperados como Extremadura, Andalucía o Aragón -lo que indica que, a nivel nacional, el bloque debería estar cómodamente instalado también por encima de la mitad de los electores. Hoy domingo tendremos un anticipo.

Por supuesto, las noticias de la muerte de lo woke han sido enormemente exageradas. Los departamentos universitarios siguen repletos de académicos que medraron bajo los presupuestos de la década anterior, y muchos plumillas no quieren o no pueden enterarse de que vienen vacas flacas para el negocio de vender neurosis ideológica. En la industria cultural aún consumiremos durante años productos que reproducen las cansadas dinámicas del manual progresista de los 2010s. Y en España, o parte de ella, corremos el riesgo de ser algo así como los últimos de Filipinas o los Hiroo Onoda de ciertas monomanías progresistas, dada la dependencia yonki que lo civil tiene de los presupuestos públicos. Monomanías que, además, se cruzan con nuestras propias neuras territoriales y carencias democráticas, con resultados siempre entre siniestros y humorísticos. A la espera de ver, y sufrir en nuestras carnes, qué tendencias colmatan y cuáles se disuelven, tengan una muy feliz Navidad y una entrada de Año esperanzadora.

Y, a la vez que el alarmismo climático empieza a perder fuerza, a difuminarse incluso, aparece con fuerza el nuevo fantasma: la crisis demográfica. En ocasiones casi se escucha girar el sentido común de la época, como una puerta vieja y pesada que pivota sobre los goznes. Las cosas no pasan hasta que, de repente, han pasado. Sobre el clima, sobre la inmigración, sobre el feminismo… En este caso, mirando hacia atrás se identifican hitos del camino: guerra de Ucrania y crisis energética; escalada inflacionaria; señales claras de decadencia en los antiguos motores económicos del continente; y, de modo más general, estándares de bienestar y servicios en declive en toda Europa occidental, cada uno a su ritmo y con sus particularidades, pero con notas comunes: la vivienda, el debate migratorio y el conflicto redistributivo entre pensionistas y trabajadores, especialmente jóvenes.

Envejecimiento de la sociedad

Porque la crisis demográfica no se declina solo a partir de la natalidad ausente, sino del envejecimiento de la sociedad, y de las dinámicas de poder, producción y distribución a las que aboca un mundo de, casi, jubilados. Dos periodistas jóvenes, Estefanía Molina y Analía Plaza, han irrumpido en el debate generacional con sus estilos particulares. Molina, además, con el aval de Jon González, uno de los analistas que llevan años haciendo desde las redes el trabajo crudo que otros, en posiciones de aparente responsabilidad, no hacen -o hacemos. Hace años, los entonces jóvenes de Politikon se ocuparon de la brecha generacional, en los tiempos ingenuos antes de Sánchez - la douceur de vivre… El libro reciente de Jorge Galindo, Tres millones de viviendas, aborda un asunto distinto pero tangente. Y Kiko Llaneras sigue siendo el mismo francotirador que cuando, hace casi 15 años, alumbró uno de los gráficos definitivos de este período: el impacto de la crisis de 2008 por grupos de edad.

Un ciclo de estallidos políticos

Pero quizás la voz con más potencia de fuego en España es Jesús Fernández Villaverde; que, en su última conferencia navideña, va para un año, expuso de la forma nítida y brutal que es su marca la crisis demográfica y la fallida respuesta que representa la inmigración masiva e indiscriminada. Jesús introduce una variable que multiplica las dimensiones del problema: la crisis no es, pese al tópico, europea ni occidental, sino global. Las tasas de fecundidad caen en casi todo el mundo, con excepciones que atañen ante todo a África. Por tanto, y aunque los distintos ritmos y el fenómeno migratorio permitan hablar de sustituciones o reemplazos locales, en el análisis general lo que nos encontramos es un planeta que envejece y que se enfrenta, en el plazo de décadas, al descenso de población. Los efectos de este envejecimiento global no tiene mucho que ver con las fantasías del Club de Roma; salvo que una singularidad tecnológica -la IA, la fusión nuclear- nos permitan reproducir sociedades como la descrita por Asimov en El sol desnudo. Lo que podemos anticipar más bien es un mundo con menos innovación, menos crecimiento, menos inversión productiva y menos interacción social. Y más soledad, más migraciones traumáticas y una presión insostenible -que ya vivimos en el presente- sobre los sistemas de bienestar. Empezando por las pensiones; que, en España singularmente, pero en toda Europa, anuncian un ciclo de estallidos políticos. Miren a Francia o a Alemania y pongan todas las barbas disponibles a remojar.

La BBC ha sido noticia estas semanas -seguramente, lo peor que le puede pasar a un medio de comunicación- por la renuncia de dos altos cargos: el director general y la CEO de informativos han dimitido por la edición/manipulación de un discurso de Donald Trump en el programa Panorama. Volvemos -esto sólo lo recordarán los más veteranos- a los días de Dan Rather y su famoso “fake but accurate”; dicho, por cierto, de un bulo sobre otro presidente americano de mal tono, George Bush hijo. Lo primero es la sensación melancólica que le invade a uno intentando imaginar un episodio parecido en RTVE. Pero la reflexión debe ir más allá de esta Schadenfreude inversa que es enjaretarle a España todos los problemas y carencias. Como siempre, excepcionalismo, ma non troppo. En todas las democracias occidentales, con mejor o peor calidad institucional, tenemos dilemas similares. En los últimos tiempos se ha empezado a manejar un concepto, elite disinformantion, que añade complejidad y matices al discurso estándar sobre malvados extremistas que contaminan el limpio caudal informativo y deliberativo de las democracias occidentales.

La 'noble mentira'

El problema con buena parte de esta “desinformación de élite” -podríamos decir “oficial” en España sin abusar de la brocha gorda- es que se presenta sin remordimiento alguno, en la medida en que sirve para empujar causas nobles -o, en castizo, “todo vale para el convento”. (Sobre la “Noble Mentira”, la gennaion pseudós griega, hay mucho escrito y no es el momento). A los defensores de este proceder -volvemos al fake but accurate visto más arriba- no se les ocurre que también los malos tienen buenos motivos, a sus ojos, para propagar sus supuestos bulos. Pero las realidades reprimidas regresan siempre para vengarse. Un gobierno nacionalista con apoyo del PSOE, el de Euskadi, acaba de publicar, por fin, estadísticas de delincuencia desglosadas por procedencia de los infractores. No será el último.

Si ya es grave falsificar la verdad en el espacio público en aras de una pretendida moralidad superior, hay que pararse a pensar el daño que han hecho estas actitudes en instituciones que genéticamente deberían consagrarse a buscar la verdad caiga quien caiga. Universidades y centros de investigación y educativos. Jill Lepore, con impecables credenciales de centro izquierda, se ha lamentado estos días del clima de represión sufrido en la universidad y las letras americanas en la última década por parte del radicalismo de izquierdas. Timur Kuran se preguntaba por el conocimiento perdido y el coste de oportunidad de estos años. Mientras algunos se cebaban en su supuesta victoria, se ha ido instalando, pendular, una cancelación de signo contrario que dará que hablar en los próximos años. Los juguetes no quedan mucho tiempo abandonados sin que nadie los use.

Más cerca, la estrella ascendente de Vox, Carlos Hernández Quero, ha denunciado los costes que su militancia le impuso a su carrera investigadora y la propia relación con sus compañeros de academia. Tampoco hace falta que nos lo cuente a ninguno que hayamos pisado un departamento universitario. Qué hablar de Cataluña o el País Vasco. Y están los casos de Pablo de Lora, José Errasti o, mientras escribo estas líneas, el nuevo libro de Juan Soto Ivars. Arrumbada por la vía de los hechos la absurda pretensión pseudo-tecnocrática de instalar guardianes de la verdad patrocinados por uno u otro poder -que, esta vez, sí que iba a funcionar bien- quizás no quede otra que recuperar una idea vieja, humilde y sólida de pluralismo.

Sin duda, uno de los factores que marcan los ritmos en España y Estados Unidos ha sido el desigual impacto de la crisis de 2008. Aquí el castigo a los jóvenes venía de antes, y la burbuja y sus consecuencias han sellado un destino generacional tétrico, que pone en riesgo la cohesión social y está produciendo ya efectos políticos de primer orden. El estallido de la crisis coincidió además con una generación joven socializada en el universo ideológico del zapaterismo, con el acelerón progresista que supuso; y con la implantación de esa peculiar “doctrina del shock” de la izquierda que se inició con el Prestige y el 11M, y cuyas manifestaciones seguimos viendo hoy. El desclasamiento de académicos, periodistas y profesionales socio-culturales en general ha corrido por vías no siempre coincidentes, pero paralelas: una expansión vocacional de la educación superior insostenible, la quiebra de los viejos modelos de negocio en los medios, los efectos del cambio tecnológico y de la globalización…

Focos de populismo

En EEUU, donde la brecha geográfica aún no ha derivado en una concentración de riqueza, trabajo y oportunidades tan acusada como en España, tiene lógica que Nueva York sea laboratorio de dinámicas sociales que seguramente veremos replicadas en otras ciudades y estados. Ensayos como Occuppy o la anterior gran esperanza del progresismo, Ocasio Cortez, no acabaron de cristalizar en un movimiento nacional comparable a los populismos europeos de izquierdas contemporáneos, porque la sociología de Nueva York se traslada con dificultad a nivel nacional. Pero se dan las condiciones para que vayan surgiendo focos de un populismo de signo distinto al de pequeños propietarios, que ha sido una constante en la República americana desde sus inicios, y cuyo pedigrí y efectos en la comunidad política tienen poco que ver con los de sus homónimos del sur del continente.

¿Qué cabe esperar del nuevo alcalde? Se ha llegado a plantear si Mamdani coincidiría con esa corriente demócrata de la “abundancia” abanderada por Ezra Klein. Es más que dudoso; y, aunque la izquierda americana no ha llegado (aún) a los niveles de negacionismo de la construcción de la española, sus propuestas más célebres, como los economatos públicos y la gratuidad de los autobuses, van más bien en otra dirección. Por cierto, algún sondeo indica que, entre los votantes progresistas, las políticas de la “abundancia” son menos populares que las populistas y socialistas. Cada palo que aguante su vela. Probablemente Mamdani meta a Nueva York en la espiral de deuda e impuestos municipales crecientes típica de otras ciudades demócratas; tendrá atención particular con el complejo non-profit, amorrado al caño público y que emplea ya a casi un quinto de los neoyorquinos; y podría incrementar el movimiento hacia el Sun belt republicano.

El tránsito de Bildu

A quién beneficiará todo eso está por ver. Pensemos que las alcaldesas “del cambio” en Madrid y Barcelona, políticas simbólicas aparte, acabaron favoreciendo ante todo el rentismo; y tanto más cuanto más radical era su discurso. Mamdani ha coqueteado con otras ideas felices de la izquierda radical americana, como el de-policing. Ideas que alejan a los demócratas de la presidencia: a pesar de la impopularidad de la administración Trump, los sondeos muestran que la mayoría de estadounidenses sitúan a los republicanos más cerca de sus preferencias en casi todos los asuntos importantes.

Se debate también si el revival tercermundista del alcalde electo, con su fetichismo por todos los movimientos radicales del llamado Sur global, en particular los islámicos, es un elemento meramente folklórico. Mi impresión general es que Mamdani tiene más que ver con Rita Maestre que con Frantz Fanon; pero esos discursos y esas simpatías existen. Otro factor que quizás no sea anecdótico: las encuestas muestran sistemáticamente que crece la aceptación de la violencia entre los jóvenes de izquierdas. Volviendo a nuestro país, el tránsito de Bildu -y, con él, el del Partido Socialista- de nuevo no representaría un rasgo contextual del llamado “sanchismo”, sino una tendencia más amplia y común a capas sociológicas similares a ambos lados del Atlántico.

Solía decirse que modas y fenómenos sociales, también -o sobre todo- los políticos, llegaban a España con cierto retraso. Es verdad que aquí los hippies y el rock progresivo duraron hasta bien entrados los ochenta. Y es posible que nuestro país, al menos mientras dure este gobierno, quede como parque temático de algunas de las manifestaciones más estrafalarias del progresismo de la década pasada. Pero hay que reconocer que a veces somos pioneros o, más bien, canarios en la mina. El cóctel de nimbismo de los rentistas mayores y resentimiento colectivista de los jóvenes desclasados puede paralizar una administración durante años, como sabemos en España; y si en la fórmula acaban entrando simpatías tercermundistas o islamistas, tal el caso de Melenchon, vienen tiempos interesantes -por decir algo.

Con la bajada de la marea verde tras la crisis energética e inflacionaria, las opiniones públicas europeas empiezan a ver con menos benevolencia ciertas conductas y procedimientos que antes pasaban inadvertidos; y también han empezado a sospechar, no sin fundamento, que a menudo quienes financiaban la agenda del Net Zero y el decrecimiento por la vía de los hechos no tenían en mente el mejor interés de los europeos, sino otros bastantes más lejanos. Para entender cabalmente de qué hablamos, recuerden los carteles contra el fracking que empezaron -siempre espontáneamente- a aparecer en rincones remotos del paisaje español, mucho antes de que hubiera siquiera el menor interés inversor en el asunto.

"En Europa se juega"

Releo un papel sobre lobbies en la Unión Europea publicado hace más de diez años por la Fundación Alternativas: “…la mayoría de los principales grupos ecologistas representados en Bruselas (con la excepción notable de Greenpeace) reciben cantidades que pueden llegar a superar el millón de euros anuales. En cierto modo, la Comisión paga para que le hagan lobby.” El autor del fragmento es el mismo que escribe estas líneas. No ha sido nunca un secreto que la Comisión subvenciona, a veces muy generosamente, a parte del entramado de asociaciones ciudadanas que operan en Bruselas; y la carta de noviembre del 24 tenía un cierto timbre a exclamación del capitán Renault al descubrir que, efectivamente, en Bruselas se juega.

Las razones para este esquema circular son variadas, y en muchos casos tienen que ver con la sempiterna percepción del “déficit democrático” de la Unión Europea. El relato canónico nos explica que, a partir de los años sesenta, empiezan a proliferar en el espacio público europeo organizaciones y entidades que responden a inquietudes ciudadanas. Abren camino las organizaciones de consumidores, como BEUC. Y a rebufo entran los representantes de la nueva ola de preocupaciones posmaterialistas: ecologismo, antinuclear, intereses sociales varios.

A la altura del cambio de siglo, y pese al persistente -y en muchos casos real- prejuicio sobre el lobby corporativo, el peso en volumen e influencia de todo ese lobby ciudadano, asociado tópicamente a intereses legítimos que emergen de manera espontánea del cuerpo social, no ha dejado de crecer hasta hacerse parejo o mayor que el agregado de intereses empresariales. Véanse, por ejemplo, los trabajos de Heike Kluver y Justin Greenwood para una descripción más amplia del proceso.

Sin ánimo de lucro

El resultado de esta supuesta ecualización de intereses sería, sobre el papel, un equilibrio, siquiera tentativo, entre empresa y sociedad. Pero la realidad es más bien que los intereses ciudadanos han adquirido una dimensión propia, ajena a casi cualquier espontaneidad u organicidad social. Más allá de la actividad de lobby como tal, las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro se han incrustado en la operación cotidiana de gobiernos y administraciones de manera que no es sencillo determinar hasta dónde llega la defensa de intereses y dónde empieza la captura o la sustitución; una suerte de externalización ideológica -acompañada, por supuesto, de su vertiente económica- a la que unos y otros se han habituado por pereza, insuficiencia presupuestaria, venalidad o inercia ante supuestas tendencias de masas.

Hace unos meses, Noah Smith recogió algunas de estas preocupaciones, aplicadas al caso estadounidense, bajo el explícito título Nonprofits are sapping the progressive project (“Las organizaciones sin ánimo de lucro están minando el proyecto progresista”). En resumidas cuentas, la interacción cotidiana y descontrolada entre administraciones y non profits estaría alejándose tanto de una verdadera representatividad de intereses ciudadanos como de la persecución de soluciones óptimas en políticas públicas; sin producir tampoco los ahorros que podrían justificar la externalización de ciertos ámbitos de acción pública -porque eso es en esencia, por muy ciudadana que se reclame. En muchos casos, las ONGs estarían haciendo avanzar agendas particulares, maximizando sus beneficios -no repartir dividendos no es lo mismo que no repartir rentas- e imponiendo interpretaciones y abordajes políticos de parte sobre cuestiones que atañen a todo la ciudadanía.

Trama de intereses

Todo esto no es tan esotérico como podría parecer. En España también, en todos los niveles administrativos, el matrimonio incestuoso entre administración y ONGs está produciendo todo tipo de efectos distorsionadores. Piénsese, por ejemplo, en un acontecimiento masivo como el Orgullo de Madrid; y el papel político que representan el resto del año las organizaciones, supuestamente ciudadanas, que participan en su organización. La trama de intereses contrapuestos alrededor de la cuestión migratoria deja asimismo bien claro el conflicto, no sólo económico, sino cada vez más de representación y legitimidad democrática, que se está larvando cuando no ha estallado ya. O la cooperación internacional.

Lo que parece claro es que la relación privilegiada entre el tercer sector y las administraciones está en rumbo de colisión con las cada vez más acuciantes restricciones presupuestarias; pero también con las preferencias de grandes capas sociales del continente. Suponiendo que no sea demasiado tarde, urge repensar el modelo y deshacer los nudos más problemáticos; cortarlos incluso alejandrinamente. De lo contrario, es posible que acabe llegando la motosierra y se lleve por delante generosas porciones de tejido sano.

Un estudio reciente apunta otra clave. El economista Laurenz Guenther analizó las respuestas de ciudadanos y representantes políticos de 27 países europeos a un cuestionario común, y llegó a la conclusión de que, si bien las preferencias económicas de ciudadanos y políticos se alinean razonablemente, las preferencias “culturales” lo hacen menos. De hecho, el político medio estaría a la izquierda del votante mediano nacional. Lo más interesante es que los resultados se repiten en casi todos los países y grupos demográficos; y que casi todos los partidos sistémicos están a la izquierda del votante mediano nacional.

De dónde viene el cambio

Que partidos, medios de comunicación, el entramado del tercer sector y los prescriptores culturales pegaron un acelerón ideológico durante la década chiflada que dejamos atrás admite poca discusión. Las causas serán variadas, pero hay que hablar una vez más de conflicto entre élites; y de cómo generaciones (comparativamente) jóvenes de académicos, periodistas, creadores y políticos usaron una militancia cultural intransigente para desplazar a las viejas élites boomers.

Lo que observamos ahora -a veces groseramente definido como pendulazo- sería el ajuste social tras la bacanal de delirios ideológicos y morales extravagantes que nos tocó contemplar, y soportar, los años pasados. Bari Weiss, la periodista que abandonó el New York Times tras sufrir las campañas negativas en Twitter de la izquierda y fundó The Free Press, acaba de vender su empresa por 150 millones de dólares a Paramount, que la ha nombrado jefa de redacción de CBS News. (Y, si estamos tentados de explicarlo antes de nada por el cambio de gobierno en EEUU, pensemos de dónde viene ese cambio).

No es sólo el tópico woke. La reacción al auge migratorio español de los últimos años enseña que las preferencias de los españoles no difieren tanto de las del resto de europeos. Donde sí parece haber una distancia creciente es entre la opinión pública y la publicada -lo que se suma a la incapacidad estructural de la coalición de gobierno para seguir la senda de los socialdemócratas escandinavos, británicos o alemanes. Algo similar sucede con la conciencia medioambiental: ha bastado una crisis energética e inflacionaria transitoria para que los europeos, también los españoles, revisen sus prioridades reales y a cuánto están dispuestos a renunciar por el Net Zero.

Incómodos con el aborto

Ahora el gobierno intenta recuperar el aborto, una vieja bandera de la izquierda, para dividir al electorado del Partido Popular. Forma parte del juego político legítimo y corriente lanzar asuntos a la agenda con la intención de quebrar al contrario; y el partido socialista lo ha hecho con bastante habilidad desde al menos la época de Zapatero. Pero una visión táctica no debería ocultar que estamos jugando con realidades sociológicas cuya traslación en votos depende de muchos factores -en primer lugar, la oferta política. Y que las realidades son susceptibles de emanciparse de las tácticas de partido en algún momento.

Si al Partido Popular le viene mal hablar del aborto es, precisamente, porque hay un porcentaje significativo de españoles contrarios o incómodos con el aborto, no necesariamente sus votantes. Ojo con interpretar que son una mera fuerza inerte en las jugadas de los operadores políticos; especialmente ahora que oferta electoral se multiplica.

Lo que subyace bajo las tácticas y la espuma de los días es una especie de teoría Whig de la historia tamizada por el progresismo blando post-68. La flecha del tiempo avanzaría solo en un sentido -y periodistas, académicos y políticos solo irían “un paso por delante de las masas”, según la fórmula leninista que les gustaba citar a Iglesias y Errejón cuando aún eran pareja de baile. Pero la fórmula recuerda también: “sólo un paso”. Y los políticos europeos, animados por las clases educadas, parecen haberse separado de los valores de sus electorados más de la cuenta.

Es poco probable que grandes mayorías sociales vayan a compartir a corto plazo las visiones radicales sobre la familia, el decrecimiento o la identidad nacional que albergan ciertas élites. Desde luego, las preferencias reveladas no permiten suponerlo; y la reducción de costes y barreras en la sociedad hiperconectada ha permitido incluso revivificar tradiciones como la tauromaquia o la Semana Santa, por no salir de España. Y justo de eso se trataría, señalaba recientemente Dan Williams: en un mundo sin gatekeepers, no se trataría tanto de malvados algoritmos -que a veces también-, sino que esta revolución tecnológica, por primera vez, no deja los contenidos y discursos en manos de élites sociales y cognitivas.

El PSOE sin Sánchez

Una lectura inmediata es que los partidos liberal-conservadores sistémicos tienen que empezar a valorar hasta dónde se han dejado arrastrar por la corriente. Pero también -y me centro de nuevo en nuestro país-, lo que sea que vaya a ser el PSOE sin Sánchez (je), y la izquierda en conjunto, se deben una reflexión sobre si sus intereses a medio y largo plazo coinciden con las posiciones en las que se mantiene el actual gobierno y su establecimiento; en muchos casos obligados o atrapados por el contexto y el curso de sus decisiones. Posiciones sobre modelo de crecimiento, inmigración, familia o sexualidad que les podrían acabar atando durante años a un cuerpo inerte.

La cosa no es exclusiva de España, claro. En EEUU, con ocasión de los movimientos “defund the police” y por el de-policing, han tenido que volver a descubrir que la labor policial activa reduce la delincuencia. Y están en camino de redescubrir los beneficios de la vacunación. La paradoja es que todo esto es posible porque vivimos en sistemas de protección y bienestar que funcionan relativamente bien y de forma automática -y entiendo que afirmar esto mientras tantas cosas parecen caerse a pedazos tiene un punto polémico. Sistemas que cuando no anulan los efectos perniciosos de algunas decisiones colectivas, al menos los retrasan hasta un punto en que la evaluación y la rendición de cuentas pierden sentido. Este “acolchado”, digamos, natural no deja de ser prueba del éxito de la combinación institucional y económica más o menos estándar en Occidente. “Hay mucha ruina en una nación”, como decía Adam Smith; y en una nación moderna, más. Pero existen otros mecanismos más siniestros que empañan la rendición de cuentas y hacen imposible cambiar el rumbo a tiempo. La política hipercomunicativa del espectáculo, de la que hemos tenido ocasión de hablar a menudo en este espacio, es el principal.

Nepal y Sri Lanka, como ejemplo

Hablábamos del 15M, cuando se hablaba de propuestas a menudo disparatadas; pero políticas al fin y al cabo. Casi quince años después, los espacios de información o entretenimiento político, que son avatares de una misma industria, han desterrado cualquier posibilidad no ya de evaluar, sino de hablar con algún sentido de políticas. Todo lo que se ventila son posiciones relativas, y la asignación de responsabilidades adquiere también la forma de bandos enfrentados, con afinidades o afiliaciones asignadas de antemano. Si no se entiende bien a qué me refiero, piénsese que no hemos sido capaces de mirar hacia atrás de manera constructiva y compartida sobre la crisis financiera, el covid o, más recientemente la dana o los incendios forestales. En países menos alejados de las realidades naturales “duras”, las crisis de resultados producen aún rupturas sociales abruptas. Las imágenes de Nepal las pasadas semanas nos lo recuerdan. Y en Sri Lanka, por ejemplo, hubo un estallido de “rendición de cuentas” en 2022 después de que el gobierno llevase al país a una crisis de subsistencia -entre otras cosas, por la idea feliz, patrocinada por Vandana Shiva, de prohibir los fertilizantes químicos y pasar toda la producción agrícola del país a agricultura orgánica. ¿Se ha roto definitivamente el vínculo ente la opinión pública y la realidad en las sociedades occidentales? No tanto. Los cuerpos sociales acaban reaccionando, a veces espasmódicamente, a fenómenos de largo recorrido como la inmigración, la integración europea o la globalización. Incluso en un país tan aparentemente átono como España, las ensoñaciones del tardozapaterismo acabaron chocando contra el muro inexorable de la crisis financiera. Pero no parece saludable que la incapacidad para corregir el rumbo en tiempo (más o menos) real acabe derivando en malestares que se expresan de forma inarticulada, y que a menudo favorecen soluciones políticas tan erradas como las que nos metieron en el actual laberinto.

Que tienen que ver con la desigualdad y lo que llama “sobreproducción de élites” -y la consiguiente lucha por estatus y renta en contextos de estancamiento o decrecimiento. No parece que el presente ciclo político desmienta de forma tajante la predicción. Sobre los conflictos entre élites ya he escrito más de una vez, y el caso español, al menos desde la crisis financiera, se antoja paradigmático de la rebatiña entre facciones de antiguos insiders por un botín decreciente. Si no hay violencia en sus formas más extremas, tengamos presente que el terrorismo es un recuerdo en absoluto lejano; y demos gracias, quizás, a la desarticulación y la atonía del pueblo español desde la dictadura.

Pero han matado a Charlie Kirk y hay que apartar la teoría y observar lo que tenemos en plato. Estamos ante violencia política, y una violencia política que no todos ven con desagrado, sobre todo cuando atendemos a los prescriptores de opinión. Abundan las adversativas. En la versión en apariencia más sofisticada, las ideas de Kirk tenían consecuencias, y Kirk no dejaría de ser una víctima de esas ideas. En sentido inverso, Trump ha señalado que tras el asesinato están los discursos deslegitimadores y deshumanizadores hacia la derecha.

Es una discusión bizantina si la pulsión violenta es más fuerte en la derecha o en la izquierda, y sobran ejemplos para el que los quiera -sin ir más lejos, Melissa Hortman, la presidenta demócrata de la cámara de representantes de Minnesota, fue asesinada junto a su marido hace unos pocos meses.

Sin embargo, hay algo específico en la violencia de mayor o menor intensidad que la izquierda está ejerciendo en EEUU, pero también en un país como España: no se dirige contra el “poder” en cuanto represor, ni siquiera contra adversarios políticos igualmente violentos, sino contra quienes ejercen su libertad de expresión o representan el pluralismo político. Por supuesto, la pirueta lógica que permite defender estas conductas sin apearse del púlpito moral es estirar el concepto de violencia sin tasa.

La “violencia” puede ser entonces afirmar que solo hay dos sexos y que no existen los “cuerpos incorrectos”; o tener opiniones favorables a la gestación subrogada o al estado de Israel; o contrarias a la discriminación positiva, las leyes de memoria o la financiación pública del Orgullo; o militar en tal o cual partido, o votarlo; o, sencillamente, llevarle contraria a alguien. A esto unamos la pedagogía que, por la vía de los hechos, se ha implantado en España en los últimos años: la violencia política no tiene castigo, y a menudo tiene premio.

EN ESPAÑA NO PODRÍA HABLAR.- Sabemos también que la personalidad militante de izquierdas, la que construye toda su identidad sobre la pertenencia a ese complejo ideológico, lleva mal el contacto con opiniones divergentes, y reacciona con virulencia a la pérdida de la hegemonía en espacios físicos o virtuales.

Y de ahí, por ejemplo, la pantomima siniestra del éxodo a Bluesky. En España, como todo está mediado por la administración y los partidos, la exigencia de safe spaces adquiere caracteres castizos que a todos nos resultan familiares: como se ha dicho en X, aquí sería impensable el asesinato de Kirk; no porque lleguen a faltar ganas, ni tanto por la legislación sobre armas de fuego; sino ante todo porque una figura como Kirk nunca entraría en una universidad a debatir: se lo impedirían los grupos organizados de izquierda o las propias autoridades académicas. A título personal, no necesito que nadie me explique estas dinámicas, porque llevo años viviéndolas en el ejercicio de mi profesión y también, a veces, en mi vida privada.

Les ahorro la enumeración pormenorizada, pero ahí está para quien quiera buscar: desde las convocatorias a rodear el Congreso a los disturbios del 3 de octubre en Barcelona; pasando obviamente por las repetidas agresiones en los “orgullos” y los “8M”, que no pocos antiguos amigos y conocidos justificaron. Y siempre la sorda impugnación cotidiana de tu ser y tus valores -con la que yo, a mi edad, me fumo un puro; pero por la que no creo que debiera pasar nadie gratuitamente en una sociedad plural.

POLITIZACIÓN NEURÓTICA.- La izquierda tiene un problema con el pluralismo, y va siendo hora de que lo reconozca. A mí me importa un huevo si a la izquierda le va “bien” o “mal” hacer tal o cual cosa en términos estratégicos, que es asunto suyo y de sus feligreses.

Pero, salvo mejor opinión, vamos a tener que seguir conviviendo. Por encima de todo, es tiempo de recuperar algunas ideas y valores que se han ido difuminando o incluso convirtiendo en tabú en ciertos ambientes, entre el tacticismo de las élites aspirantes, la burricie de los grandes públicos frustrados y el cinismo de las clases intelectuales. Por ejemplo, el humanismo.

Y urge, ante todo, reclamar el mundo de la vida frente a la doctrina totalitaria de que todo es política, y que la política todo se lo puede llevar por delante. La politización neurótica en redes y medios de comunicación masivos nos está llevando a un callejón sin salida. Y en España tenemos un gobierno, un aparato mediático-empresarial y unas clases -digamos- intelectuales que la promueven.

Un amigo mío dice que en España está prohibido construir, y que buena parte del problema de la vivienda se solucionaría con el sencillo expediente de derogar dicha prohibición. Mi amigo sabe que está usando una boutade para señalar que, efectivamente, en España hay numerosos desincentivos a la construcción de vivienda; y que esos desincentivos tienen un coste enorme, que en los últimos años se está percibiendo en toda su dimensión. Mi amigo trabaja gestionando riesgos y entiende que ese pensamiento binario es un recurso; pero que, cuando se adueña del espacio público de forma no irónica o con el fin exclusivo de embrollar, es empobrecedor en las ideas y en lo material.

Esto no tiene nada que ver con el “negacionismo”, sea lo que sea ese artefacto: y, si no, que le pregunten a la Comisaria Ribera, recién estrenada adalid tanto de la adaptación como de la opción nuclear. Arrepentidos los quiere Dios

 

¿Está prohibido fabricar coches o desarrollar la IA en Europa? No, en principio. Y, sin embargo, parece que el sistema de incentivos generado por las regulaciones europeas desde hace un par de décadas no ha sido el óptimo para la industria ni para la innovación. ¿Existe el cambio climático antropogénico? Todo apunta a que sí. Pero la elección entre adaptación, mitigación, por ejemplo -y en qué grado fomentamos una o la otra, que a veces son excluyentes-, o incluso la inacción, no se deriva automáticamente de lo anterior; sino que depende cómo evaluemos cada escenario de riesgo, y las alternativas, a lo largo de un espectro. Esto no tiene nada que ver con el “negacionismo”, sea lo que sea ese artefacto: y, si no, que le pregunten a la Comisaria Ribera, recién estrenada adalid tanto de la adaptación como de la opción nuclear. Arrepentidos los quiere Dios.

El pensamiento binario también dificulta entender el efecto agregado de diferencias marginales -por ejemplo, en las tasas de fecundidad entre diferentes segmentos de población; o en la productividad relativa por trabajador; o en los costes de gravar el trabajo-, y facilita reducir las posiciones a moralizaciones de brocha gorda como estar “a favor” o en contra de la inmigración, “a favor” o “en contra” de las pensiones o “a favor” o “en contra” de los impuestos.

Cómo interpretar la realidad

Reflexiones como esta, que se antoja tan evidente, se hicieron y se dejaron por escrito muchas veces, especialmente cuando la eclosión del mundillo wonk, hace 15 años. Desde entonces, no sólo no hemos mejorado, sino que tenemos el espacio público cuajado de vendedores de baratijas, e incluso de supuestos “expertos” prefabricados, que cobran por empobrecer los argumentos, desenfocar los debates y promover agendas particulares. El pensamiento binario solo es uno de sus recursos. En cualquier caso, y dada la saturación de ruido, es hoy más difícil que entonces encontrar hueco en un medio generalista para discutir los méritos de una u otra política pública -en lugar de una determinada estrategia política, o de la categoría moral de tal o cual político-, y para interpretar la realidad con un mínimo de complejidad. No soy tan ingenuo de pensar que las generalizaciones y la oposición mecánica de opciones binarias no cumplen funciones sociales, algunas de ellas positivas o insustituibles. Pero estamos muy lejos del óptimo en su uso. Y todos tenemos nuestra parte de culpa -pero algunos mucha más, claro.

Lejos de mí negar que este nuevo enfoque tuviera virtudes. Yo mismo he podido compartir experiencias con amigos nada proclives ideológicamente a la deconstrucción, momentos de reconocimiento y confianza que quizás nunca hubieran sucedido de no abrirse esta particular veda. Lo que pasa es que, andando el tiempo, vamos teniendo estudios que señalan algo que quizás debiera haber sido obvio desde el principio: hablar constantemente en público de salud mental no mejora la salud mental de casi nadie -salvo, quizás, la de los operadores políticos que empezaron a vivir de esto.

'Masculinidad tóxica'

En sentido parecido, hace unos días leía que varias organizaciones británicas que trabajan con chavales han renunciado a hablar de “masculinidad tóxica”. Resulta -quién podría haberlo imaginado- que adosarle etiquetas de ese jaez a la masculinidad y, por tanto, a los chavales, lejos de ayudar, les añade una carga de vergüenza e incomprensión. Si quieren ustedes ver algo parecido a un experimento natural, miren las encuestas de voto por sexo y segmentos de edad en España. Creo que saben por dónde voy.

El presidente del Gobierno anuncia periódicamente la “movilización” de las mismas viviendas de la Sareb; que, como siempre, son en gran parte inutilizables o están donde nadie quiere vivir

No son casos aislados, ni mucho menos. Hay pocos ámbitos, desde la corrupción, la calidad democrática o la energía a, por supuesto, la vivienda, donde la conversación neurotizada en el espacio público haya mejorado un ápice la efectividad de las políticas públicas. La conversación -el ciclo comunicativo instrumentalizado, más bien- se convierte en un fin en sí mismo, y los resultados aparecen completamente desligados de los discursos que circulan por redes, radios y televisiones. La semana pasada conocíamos que el Ministerio de Vivienda no ha ejecutado menos del 8% de su presupuesto. Mientras, el presidente del Gobierno anuncia periódicamente la “movilización” de las mismas viviendas de la Sareb; que, como siempre, son en gran parte inutilizables o están donde nadie quiere vivir. ¿Hace falta un Ministerio de Vivienda para esto? Sí mientras la cuestión sea “visibilizar” y no hacer.

El ciclo comunicativo neurótico -y el 15M fue su primer gran hito- ha dado lugar a una política de bienes Ersatz, o una especie de culto cargo, en la que la función del Estado y de los actores políticos no es generar bienestar, producir o facilitar bienes ni asegurar contra desgracias, sino “visibilizar”, abrir debates o promover causas comunicativamente. Causas que se consumen en sí mismas, y que aparecen como entes independientes a los efectos reales sobre los ciudadanos reales. La paradoja, solo aparente, es que cuanto más terreno se arroga la política, menos hace. Y una “agenda de la abundancia” debería tener en cuenta no sólo lo que puede hacer o facilitar el Estado, sino también sobre qué cosas no tiene que actuar o es mejor, wittgensteinianamente, callarse.

Por afinar algo más, no es tanto que ellos tuvieran razón, cuanto que la discusión es sumamente compleja -¿tenemos siquiera una noción cabal de lo que es “estar preparado” en política?-; y que las categorías que usábamos en muchos casos no acaban de aplicar al caso español en la actualidad. Por ejemplo, se suele aludir al ejemplo de ministros escandinavos sin estudios, pero con un pasado sindicalista que les preparaba holgadamente para la gestión y el ejercicio del gobierno. Bien está. Pero, ¿podríamos pensar hoy en España -no así hace cincuenta, cuarenta años- que una carrera en un sindicato concertado te prepare para otra cosa que ser portavoz de parte o, menos aún, tertuliano? Me permito dudarlo.

Podríamos preguntarnos si se trataba, en general, de verdaderos organizadores o portavoces mediáticos de moda que habían adquirido un cierto capital comunicativo en la estela del 15M.

 

Los sindicatos son un ejemplo a la mano, pero podríamos hablar de cualquier organizador social. Cierto es que una de las últimas irrupciones sociológicas en la política española han sido cuadros provenientes de organizaciones de izquierda: universitarias, sectoriales, lobbies ciudadanos o plataformas sobre causas concretas. De nuevo, podríamos preguntarnos si se trataba, en general, de verdaderos organizadores o portavoces mediáticos de moda que habían adquirido un cierto capital comunicativo en la estela del 15M. (Una pista podría ser distinguir los de la generación anterior a esta eclosión, algunos nombres vienen a la memoria.)

La falta o incomparecencia de cuerpos intermedios en España, y su sumisión a la administración y los partidos, algo de lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, afecta también a los propios partidos; en la medida en que los políticos que sólo hacen política, como los poetas que sólo leen poesía, suelen tener limitaciones. Las organizaciones civiles, cuando tienen auténtica vitalidad propia, no sólo representan vías alternativas y contrapoderes a la política de partidos, sino que alimentan la institucionalidad con una experiencia organizativa valiosa, que va más allá de la tópica apelación a haber trabajado “en el sector privado”.

Quizás damos por hecho con demasiada facilidad que todos los gestores públicos deben tener parecidos perfiles y capacidades, pero no está escrito en mármol que alcaldes o gestores locales tengan que tener un contenido político -como no lo tuvieron siempre en España

 

Todo esto, considerando la oferta; pero, ¿qué pasa con la demanda? La política ha ido asumiendo objetivos más ambiciosos en el último siglo, entrando en terrenos antes reservados a  la trascendencia, o a instituciones “orgánicas”, como la familia. Pero la frase de Marx sobre el poder público como “consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa” admite interpretaciones benévolas, sobre todo para definiciones amplias de “clase burguesa”. Quizás damos por hecho con demasiada facilidad que todos los gestores públicos deben tener parecidos perfiles y capacidades, pero no está escrito en mármol que alcaldes o gestores locales, por poner un ejemplo que nos remite a otros países, tengan que tener un contenido político -como no lo tuvieron siempre en España, más allá de la adhesión al régimen.

Tres niveles de gobernanza

La aplicación banal de este principio, en un país como el nuestro, podría consistir sencillamente en reclamar para los funcionarios públicos ámbitos de actuación donde lo político, y los políticos, se han ido insertando paulatinamente. Pero hay más: desde un punto de vista meritocrático o elitista -dicho en sentido puramente descriptivo- sería también interesante una reflexión sobre si un país como España tiene capital humano y político para sostener tres o cuatro niveles de gobernanza politizada; es decir, que pretenden, con razón o sin ella, ir más allá de la gestión de los asuntos cotidianos. Reflexión con la que, obviamente, nos acabaríamos metiendo en camisa de once varas. Buenas vacaciones.

Para explicar la ausencia durante décadas de un debate de fondo sobre la cuestión migratoria, abandonado a estallidos puntuales como el del citado pueblo almeriense o la “crisis de los cayucos”, solía aludirse a la cuestión cultural: el mix migratorio español, con un peso determinante de hispanoamericanos y rumanos, presentaba menos problemas de integración que los de países del entorno como Francia, Reino Unido o Bélgica. Una tesis que sin duda hay que tener en cuenta, pero que no agota la cuestión.

Otra hipótesis -que, por cierto, era la de un académico antaño muy activo en el debate público y hoy alto cargo en Moncloa- relacionaba la ausencia de posturas anti-inmigración generalizadas a lo cicatero del Estado de bienestar español: un sistema que ha tendido a distribuir hacia las clases medias y en el que, salvo en el País Vasco, no existían grandes programas nacionales de rentas no condicionadas. Hoy el Ingreso Mínimo Vital -en cuya implementación participó ese mismo académico- ha cubierto el vacío, y aunque el gobierno suele jugar al despiste en el cómputo de perceptores, más de dos millones de personas se estarían beneficiando de él, o de ayudas asociadas, entre perceptores directos y familiares. Por cierto que la AIReF acaba de publicar una opinión crítica sobre el IMV, tanto por el porcentaje de potenciales perceptores a los que no alcanza, como por el hecho de que parece estar efectivamente desincentivando el empleo. La comida es muy mala y las raciones son muy pequeñas, ya saben.

Como fuere, todo intento de hacer el Estado de bienestar español más inclusivo y realmente redistributivo parece abocado a chocar con la realidad de unas poblaciones inmigrantes crecientes, como ya se empezó a ver hace años en la comunidad vasca. Máxime con el cuadro de deterioro de los servicios públicos que presenta España, y sumado a una crisis de vivienda que es hoy ya el primer reto de políticas públicas del país. Y aún no hemos llegado al capítulo de las pensiones.

Un corpus creciente de estudios pone en duda que los números de la inmigración salgan en Europa, especialmente por lo que se refiere a la proveniente de países no occidentales y a los demandantes de asilo

Es en este contexto en el que hay que entender también el planteamiento de un debate que el consenso migratorio español -y europeo- mantuvo en sordina durante mucho tiempo: el balance fiscal de la inmigración. La última conferencia de Jesús Fernández Villaverde en la Fundación Rafael del Pino -uno de los acontecimientos de la temporada navideña en el ambiente nerd de la capital- versó en parte sobre este asunto. Un corpus creciente de estudios pone en duda que los números de la inmigración salgan en Europa, especialmente por lo que se refiere a la proveniente de países no occidentales y a los demandantes de asilo. El asunto está lejos de ser banal, porque el argumento utilitarista sobre los inmigrantes los considera ante todo cotizantes; pero también porque es probable que el cálculo frío sobre la sostenibilidad vaya alcanzando en Europa también a los nacionales y a unas partes u otras de los Estados de bienestar.

Finalmente, no puede obviarse la mera cuestión del volumen migratorio. Los datos oficiales hablan de 1,5 millones más de personas sólo en los últimos tres años, pero la realidad de la inmigración irregular permite suponer que esto es sólo parte del contingente. El boom migratorio posterior a la pandemia explica buena parte del crecimiento del PIB y casi todo el crecimiento poblacional español, pero también, cabe suponer, las dimensiones de la crisis de vivienda o el crecimiento de percepciones ciudadanas negativas.

Los partidos de centro derecha tendrán la oportunidad de modular una postura menos culturalista, haciendo énfasis en la sostenibilidad fiscal y las cuestiones de seguridad y convivencia.

Roto el consenso que, se atreviese a decir su nombre o no, imperó en España sobre la inmigración -como sobre tantas otras cosas- durante décadas, la oferta política parece estar ya diversificándose. Las demandas de dureza irán cubriéndose, como es lógico. El propio Vox ha mantenido siempre posiciones más ambiguas que partidos comparables en el continente, moderado en parte por una cierta idea de “Hispanidad”. Aliança Catalana no tiene esos problemas, y habrá que estar atentos a la posibilidad de que el sistema de partidos vasco presente alguna evolución similar -aunque allí las características propias y las “barreras de entrada”, tan decididamente cultivadas durante años por todos los medios, lo hacen algo más difícil. Los partidos de centro derecha tendrán la oportunidad de modular una postura menos culturalista, haciendo énfasis en la sostenibilidad fiscal y las cuestiones de seguridad y convivencia.

Tiersmondismo cuqui

De la izquierda de la izquierda podemos esperar lo que ya se ve: una especie de universalismo radical, ciego a casi cualquier consideración material y que coquetea abiertamente con la endofobia. Un tiersmondismo cuqui que, como se ha visto estos días a cuenta del “cupo catalán”, alcanza a la empatía con el mauritano o el maliense, pero no con el usuario de servicios públicos de Extremadura o las Castillas. La duda está en un Partido Socialista que ha abrazado alegremente el boom migratorio mientras sus homólogos continentales iban derivando a posiciones -“chovinismo” de bienestar y laboral, remigración- que aquí ni siquiera Vox representaba con comodidad hasta hace dos días. Dado que dicho boom es central en el relato triunfalista que el gobierno sostiene sobre la economía española, mientras Sánchez ocupe Moncloa hay poco margen de maniobra. Después ya se verá, en esto como en todo lo que atañe al PSOE, incluida su propia existencia. No obstante, servidor se teme que los mimbres y la coalición de facto con la izquierda sumarita acaben acercando la propuesta de Ferraz a Mélenchon antes que a Starmer.

Descartadas en principio las hipótesis que relacionaban el recurrente caos ferroviario con un posible sabotaje -quizás a cargo del agitador Alvise y sus seguidores-, afloran otros argumentos. (Y dejaremos ahora, por cierta caridad y claridad, el hecho de que empresas como Adif hayan estado en manos de quienes han estado; e incluso los robos de material, que también tienen responsables y también apuntan a una degradación del estado de cosas). España lleva años invirtiendo muy por debajo de lo deseable en su amplia red de infraestructuras y transportes. Lo contaba Javier Jorrín hace unos días en El Confidencial: el ajuste tras la burbuja cerró una era de inversión y seguimos viviendo, o malviviendo ya, de las rentas.  Esta semana hablamos de trenes y aeropuertos, pero pronto las vacaciones nos recordarán el estado de nuestra red de carreteras, que les traje a estas páginas hace más de dos años. Cerrado el grifo de los fondos europeos, y con la perspectiva de aumentar significativamente el gasto en defensa, nuestras infraestructuras acusan una falta de inversión que no tiene visos de arreglarse a corto plazo.

Pero hay más, y Jon González, cuya labor didáctica en la red X nunca se alaba lo bastante, se ha hartado de explicarlo. Vean una noticia de esta misma semana: las transferencias a la Seguridad Social se han incrementado en casi un tercio el último año, con una deuda del sistema que alcanza ya los 126.000 millones. Destinamos un porcentaje cada vez mayor de los ingresos fiscales del Estado a pagar pensiones; y ese porcentaje no hará sino crecer debido a la “reforma Escrivá”.

Los ciudadanos corrientes, familiarizados o no con el concepto de “coste de oportunidad”, lo están empezando a constatar en el deterioro de los servicios y en un cierto air du temps tercermundista

La apuesta al rojo del Estado, avalada por un gobierno y unos responsables concretos, tiene costes evidentes, pues el compromiso con los pensionistas impedirá cada vez más dedicar recursos a otras partidas -y también, probablemente, que suban los salarios, como ha explicado hace poco Manuel Hidalgo; pero eso es tema para otro día. Los ciudadanos corrientes, familiarizados o no con el concepto de “coste de oportunidad”, lo están empezando a constatar en el deterioro de los servicios y en un cierto air du temps tercermundista que por momentos se adueña de nuestro país.

Esto, como la presión en aumento que soportará el sistema de salud, es consecuencia en parte del envejecimiento de la población y el invierno demográfico; problemas que, como he comentado en otras ocasiones, es probable que tengan en las próximas décadas un impacto sobre nuestras vidas bastante más relevante que el cambio climático. Y todo ello a pesar de una recaudación fiscal récord. Lo que obliga a preguntarse qué sucederá si en algún momento se estancan los ingresos del Estado.

Inmigración masiva y presión fiscal

Un movimiento de esta misma semana nos indica por dónde pueden ir los tiros: el Banco de España -que supuestamente no tenía capacidad analítica para opinar sobre pensiones- se ha descolgado con un informe extraordinariamente optimista sobre las posibilidades recaudatorias de un impuesto de sucesiones “armonizado” en toda España. Y en el horizonte se vislumbra la gran “desamortización boomer”.

No hace falta ser un lince para intuir que quienes hoy dirigen las operaciones lo fían todo al cóctel de inmigración masiva, presión fiscal en todos los frentes y desamortización; y a que el pico de la jubilación boomer se vaya disolviendo en cohortes progresivamente menos numerosas. Una contrarreloj en la que España tiene mucho que perder.

Repasando los asuntos que me ocuparon en la anterior etapa, encuentro, además del relato de esa progresiva degradación, los coletazos de la pandemia, especialmente en lo que a libertades civiles y “biopolítica” se refiere; el deterioro de las infraestructuras y el nymbismo; la crisis energética, la crisis inflacionaria; la dialéctica entre abundancia y decrecimiento; el posliberalismo; el vaciamiento de las instituciones y las instancias de mediación; y ese peculiar revival de los 70 en que llevamos unos años embarcados. No parece que el guión de la conversación pública se haya modificado sustancialmente, salvo por el renova protagonismo de la corrupción; así que podemos entonar tranquilos el “decíamos ayer” y seguir desgranando parecidos argumentos.

En particular quiero retomar el hilo de la pérdida de capacidad estatal, y de la sensación de que vivimos en un sistema que ha gripado. Bajo los oropeles del PIB creciente -mucho que cortar también ahí en el análisis-, se instala la sensación de que “España no funciona”: servicios públicos degradados; infraestructuras que acusan la falta de inversión; una administración que parece haber dado la espalda al ciudadano particular; un mercado de vivienda que aboca a un estallido social; falta de preparación ante las consecuencias del cambio climático, pese a todo el dinero, tiempo y cháchara invertidos; y la certeza de que las nuevas generaciones están ya viviendo en una precariedad ajena al relato de progreso de país en que España vivió desde el último tercio del siglo pasado. Y todo ello mientras las clases medias sufren una presión fiscal creciente e incapacitante.

La derrota del Partido Demócrata en las últimas elecciones presidenciales en EEUU ha traído algunos fenómenos interesantes. En los últimos meses ha decantado un movimiento político que, en nombre de una “agenda de la abundancia”, pretende desterrar la vocación posmaterialista del progresismo de la última década, y toda la panoplia de posiciones políticas y morales descabelladas en que derivó lo woke, en favor de un progresismo etimológico que persiga ante todo la abundancia material. Ezra Klein -veterano de la escena wonk- y Derek Thompson se han erigido en portavoces del movimiento con un libro titulado precisamente Abundance; en el mismo entorno podemos encontrar a otros supervivientes de la década chiflada, como Noah Smith, y gente joven como la que se reúne en la revista Works in Progress.

En España aún no tenemos traducción del movimiento, pero en la nueva generación podríamos identificar al arquitecto y urbanista Fernando Caballero como un abundancista avant la lettre. Las últimas elecciones europeas también dejaron presagios de un cambio de paso, al menos entre las fuerzas conservadoras, y de un renovado interés por el crecimiento, la innovación, la apertura de mercado y, en general, todos los objetivos que se fueron abandonando por quimeras varias en los últimos 20 o 25 años. En cualquier caso, los debates que plantea la “agenda de la abundancia” -la vivienda como problema social fundamental; la falta de inversión en infraestructuras; los costes de la hiperregulación y los efectos de segunda ronda; el nimbysmo; la necesidad de recuperar el posibilismo energético; y el severo juicio que merece el decrecentismo tanto en sus formas suaves como en las más doctrinarias- tienen la máxima relevancia en Europa y en nuestro país. Le dedicaremos por tanto espacio en estos artículos, al menos mientras dure la paciencia del respetable y de la dirección. Quedan ustedes convidados.

El complejo industrial-militar del oficialismo, ese ecosistema de estorninos de pago o vocacionales, lleva año y medio convenciéndose con mucho éxito, e intentando convencernos a los demás con bastante menos, de que España es un caso de éxito mundial en la salida de la pandemia y la gestión de las crisis inflacionaria y energética; y que los votantes poco menos que deberían ir en procesión a Moncloa a postrarse de hinojos ante sus benefactores. Pero los datos son tozudos: somos el país europeo que menos ha crecido en los últimos cinco años; nuestro mercado laboral sigue siendo el menos eficiente de Europa; y los españoles son los europeos que más poder adquisitivo han perdido desde 2019. Y esto no hay spin que lo maquille, por mucho consultor especializado que pongan a hacer vídeos; ni medida de gasto extraordinaria que lo arregle -sobre todo si además se anuncian y no se cumplen.

Que en el origen de algunos de estos fenómenos haya causas contextuales y globales; o que, como suele suceder, la economía española simplemente esté más expuesta a ciertos shocks por sus ineficiencias laborales, su volumen de deuda o la mediocre evolución de su productividad no anula el principio democrático básico: el votante hace responsable al gobierno, porque el gobierno está precisamente para eso. Pero es que además el gobierno tiene su cuota de culpa directa en la situación, empezando por la proliferación de legislación-basura que cuesta puntos de PIB y hace perder un tiempo y unas energías preciosas en debates extravagantes -véase asimismo el reciente toque de atención de la Comisión, en las recomendaciones semestrales, por la pérdida de calidad legislativa y la falta de evaluación de políticas. O, por qué no recordarlo, su extraña concepción del “interés nacional”, que por lo visto no excluye forjar extrañas alianzas con países rivales ni arremeter contra sectores productivos nacionales. Si no podemos tener un gobierno “pro PIB”, como dice un amigo, al menos convendría no tener uno “anti PIB”.

Si no podemos tener un gobierno “pro PIB”, como dice un amigo, al menos convendría no tener uno “anti PIB”.

Pero, por encima de todo, las clases medias españolas no han salido de la ansiedad económica y, por centrarnos solo en el último año, han tenido que hacer frente un encarecimiento de la vida inédito en décadas, a las turbulencias del mercado hipotecario y la aún renqueante recuperación post-pandemia. Todo ello ante el consabido telón de fondo de las últimas dos décadas: estancamiento salarial y retroceso en la convergencia con Europa. Que, de nuevo, no será culpa (solo) de este gobierno, pero es real. Si no hay debacle como la de 2011, tampoco hay gran esperanza en la economía. En el último “Índice de confianza del consumidor” del CIS (a salvo de la poción mágica Alaminos-Tezanos) un 47,3% de encuestados afirma que su situación económica es peor que hace seis meses; y de ellos, un 72% lo achaca a la inflación.

Y es por añadidura a esta situación material del país como hay que interpretar la miríada de incendios, astracanadas y exhibiciones de incompetencia protagonizadas por la coalición gobernante -sobre todo, pero de ninguna forma en modo exclusivo, por el socio junior. Caben pocas dudas de que los besuqueos con Bildu o ERC, la masiva rebaja de condenas gracias a la ley del “sí es sí” o los escándalos de la última semana de campaña han pasado factura al PSOE; pero la razón de que el bloque de izquierdas se haya instalado sólidamente por debajo del rival desde hace meses es más honda y ha pasado bajo el radar.

En el último “Índice de confianza del consumidor” del CIS (a salvo de la poción mágica Alaminos-Tezanos) un 47,3% de encuestados afirma que su situación económica es peor que hace seis meses; y de ellos, un 72% lo achaca a la inflación.

Y si ha pasado bajo el radar, podemos deducir, ha sido precisamente porque la intelligentsia gubernamental ha basado su práctica en afrontar todos los asuntos como crisis u oportunidades comunicativas; hasta que los propios encargados de alimentar a la población con spin han acabado emborrachados por su papilla. De ahí la alocución enloquecida de Sánchez a su grupo parlamentario tras la derrota; y de ahí los “análisis” de la bandada de estorninos que la achacan a una variedad de causas entre las que destacan la ignorancia secular del pueblo español y la acción antipatriótica de Iker Jiménez y un par de hormigas de peluche.

Porque sí, amigos, this is real life: en su forma más rupestre, más degradada, el equivalente político-comunicativo a Tony Montana hundiendo la cabeza en una montaña de cocaína, el discurso oficialista nos dice que la culpa del resultado es de Ana Rosa Quintana y El Hormiguero. Esto no lo profieren ya Pablo Iglesias, la alegre troupe del Ministerio de Igualdad o la legión de zombis que aún movilizan en redes, sino el presidente del gobierno y, de ahí abajo, cargos de su partido y gente en principio adulta en el periodismo o la academia. Lo que viene a constatar que el “sanchismo”, ese espantajo que creamos a conveniencia en su día, no es otra cosa que la izquierda realmente existente: el destilado ideológico y sociológico de una respetable porción de España desde la crisis financiera, y el resultado de varias fracasos nacionales, del laboral al educativo pasando muy señaladamente por los medios de comunicación.

Podemos suponer que, pasado el momento inicial de rabia, la apuesta de la dirección estratégica en torno a Sánchez es convertir el próximo mes y medio en un guerra de trincheras; reducir el daño y la sangría al mínimo posible trazando una línea de fuego en torno al bloque de izquierdas; e instalarse en un holgado liderazgo de la oposición abrazando y minorando la plataforma yolandista. Y puedo tener sentido, al margen de la opinión que nos merezca un presidente del gobierno confundido con la retórica de un Monedero. Ahora bien, es recomendable que los pasajeros del barco gubernamental, en lo que quede de travesía, distingan con mucho más escrúpulo lo que trafican y lo que consumen. Por su propio interés, su cordura y su capacidad de adaptación al siguiente ciclo político.

Bien. Lo primero es dilucidar cuánto de verdad tiene este retrato y si no es un lugar común conveniente. En España hay una gran masa de indiferentes políticos que permanecen ajenos, por supuesto a la neurosis política inducida por las redes sociales, pero también cada vez más a medios tradicionales y que han tenido gran protagonismo político en los últimos 15 años, como la televisión. Vuelvo a señalarlo: vean los datos de audiencia y los ingresos publicitarios; pero también el tono mortecino que ha adquirido el infotainment de un tiempo a esta parte. La farsa de guerrita en torno a Ana Rosa y Sálvame apenas ha hecho algo más que subrayar el cambio de ciclo, la anticipación de nuevos equilibrios de poder y, sobre todo, la perpetua humillación a la que Podemos somete a su batallón de propagandistas voluntarios.

En otros lugares, como Estados Unidos, la polarización también se despliega territorialmente, pero sin afectar tanto a la idea de nación o la definición de la comunidad política como a los valores individuales

Lo que tampoco puede negarse es que España y sus espacios políticos se están fragmentando no sólo por líneas de fractura autonómicas -algunas vienen de hace mucho, claro- sino en varios bloques diferenciales con un Madrid despegado del resto económica, demográfica y políticamente; un polo andaluz ascendente; los historicismos de rigor, que languidencen de forma más o menos plácida con sus sistemas políticos autorreferenciales; y el gran silencio de la España interior. En otros lugares, como Estados Unidos, la polarización también se despliega territorialmente, pero sin afectar tanto a la idea de nación o la definición de la comunidad política como a los valores individuales -también en el rollazo territorial español hay una trastienda de valores diferenciales, pero eso lo dejamos para otro día.

En cualquier caso, la España politizada, la de la opinión publicada, el Twitter, los editoriales y las tertulias, cada vez parece más escindida en realidades contiguas que no se tocan. Somos a la vez el país que mejor y peor lo ha hecho en la pandemia, el país que sigue sin recuperar su PIB y la envidia de Europa, el país de la “excepción ibérica” y de la mayor caída en poder adquisitivo de la UE, el país en el que Bildu ha accedido a la “dirección del Estado” o que está amenazado por la sombra del neofranquismo. A saber. Uno tiene sus opiniones, claro, pero lo sustancial es que todas estas percepciones y argumentos puedan convivir en el espacio público sin manera de dilucidar los porcentajes relativos de verdad que contienen.

El penúltimo episodio tiene que ver con Bildu y la inclusión de etarras en sus listas. La cosa era antiestética, al menos fuera de esos espacios democráticos peculiares que son País Vasco y Navarra, y se ve que empezaba a pasar factura al partido del presidente del gobierno. Así que, al margen de la respuesta del propio Bildu de forzar una renuncia en diferido a los personajes más dudosos -tan alabada por los mismos que no veían problema en las listas el día anterior-, las maquinarias político-mediáticas se aprestaron a poner en circulación las narrativas de rigor, y aparecieron víctimas al gusto de cada uno. No es nada nuevo: ya en el 11M resultó que había asociaciones de víctimas de un signo o de otro, como durante décadas toda apariencia de sociedad civil en España se ha distribuido acorde a las simpatías y los recursos de uno u otro partido mayoritario.

Más que pivotar en torno a los dos viejos partidos de gobierno nacionales, va ordenándose en dos bloques que, aunque con matices internos, se definen por su oposición mutua

Esta tendencia partidista de la democracia española no parece haber hecho otra cosa que reforzarse con la nueva polarización; y, en todo caso, ahora, más que pivotar en torno a los dos viejos partidos de gobierno nacionales, va ordenándose en dos bloques que, aunque con matices internos, se definen por su oposición mutua. Los contornos a menudo son difusos, como cuando el PSOE juega a promocionar la aventura yolandista para rascar terceros y cuartos puestos en las elecciones. Lo importante es el bloque, porque el bloque es lo que suma.

Así, ya no solo tenemos fundaciones o asociaciones de derechas e izquierdas, sino que vamos innovando y ya asoman estaciones de tren, calles, deportistas y empresas de partido. Aparte de un gigantesco coñazo y un colosal desperdicio de energías nacionales -de las que queden-, esta hiperpolitización anula cualquier posibilidad de rendición de cuentas o evaluación, y ahí están los resultados: leyes basura que producen efectos indeseados y la permanente ocupación de la agenda política por temas que interesan a fracciones marginales de la ciudadanía.

En estas condiciones, y aunque sea por salud mental, que está muy de moda, cabría empezar a plantearse si la esperanza de recuperar un cuerpo social unido y en diálogo más o menos articulado consigo mismo no es infundada. Y si no habría que ir pensando en sistemas consociativos de reparto de espacios y de poder, a la manera de los estados fragmentados étnicamente, habida cuenta de que los españoles con opinión parecemos habitar no ya en esferas políticas distintas sino en países y dimensiones distintas. Porque la alternativa única de momento son esquemas winner takes all en el que nos intercambiamos estaciones con nombres de escritores afectos y leyes de parte -la derecha, con todo, va bastante rezagadita en esto- como sartenazos. Quizás en España esto aún sea una humorada; aunque a nivel territorial ya no suena tan loco, ¿verdad? Pues veremos si en las próximas décadas no va por ahí la cosa.

Como uno es evidence based y no quiere pecar, Dios nos libre, de cuñao, he preguntado a los que saben. Y resulta que mi percepción dominguera, pronunciada al ritmo del repique de un euro sobre la barra del bar, no es injustificada. Así, me facilitan un informe de la Asociación Española de la Carretera, de hace ya tres años, que pone números a la degradación de la red viaria española, y sitúa el inicio del problema no en el covid, sino en la crisis de 2008. Según AEC, si hace veinte años la conservación de las carreteras españolas era más que correcta, ahora bordea el “muy deficiente”. El estado de los pavimentos tenía en 2020 la peor nota en dos décadas, con valores descendentes en todas las CCAA en una clasificación que va desde una (quizás) sorprendente Extremadura a Aragón en la cola. La asociación cifra en casi 7.500 millones de euros el déficit de inversión en la red de carreteras, de los que un tercio correspondería al Estado y otros dos a los gobiernos autonómicos. Y, en lo que valga la estimación, ahora que estas cosas contristan a los corazones sensibles, el mal estado de las carreteras le habría costado a España 25 millones de toneladas adicionales de CO2 en los últimos diez años.

Hasta ahí las vías. Pero es que el estado de los vehículos también responde a mi resignada percepción. Me pasan también un informe de ANFAC, la patronal del automóvil, según el cual la edad media del parque móvil español sube cada año, se sitúa por encima de los 13 años y se ha casi doblado desde la crisis financiera. En 2021 se vendieron 1,2 millones de turismos usados frente a algo menos de 860.000 nuevos. Y de todos esos coches de segunda o tercera mano, un cuarto tienen más de veinte años. El parque español tiene un par de años más que la media del continente y, aunque también aumentan notablemente las matriculaciones de eléctricos e híbridos, España parece partida en esto, como en tantas otras cosas, entre unas minorías que avanzan al ritmo de los tiempos y grandes capas sociales cada vez más desconectadas de los relatos de prosperidad y “modernidad”.

Apenas diez años más tarde el paisaje automovilístico español estaba poblado por hordas de Audis y BMWs que se desplazaban a velocidades no reglamentarias por una red de autovías de segunda generación

Y de modernidad se trata, además de no matarse y, a ser posible, echar menos horas en la carretera que una caravana de pioneros del Far West. Las carreteras y el acceso a vehículos nuevos de alta gama, de marcas prestigiosas al menos, han sido dos puntales del relato de modernización y homologación europea de nuestro país desde los 80. En 1990 viajé con mis padres a las Alemanias, que aún eran dos formalmente, y sentía uno de manera nítida el contraste de las Autobahnen no sólo con las carreteras del Este, aún pobladas por Trabants y Wartburgs, como en un videoclip de U2; sino con nuestras vías patrias que aún recorrían a paso de caracol millones de sufridos renoleros y clientes de Seat. Apenas diez años más tarde el paisaje automovilístico español estaba poblado por hordas de Audis y BMWs que se desplazaban a velocidades no reglamentarias por una red de autovías de segunda generación pagadas con los generosos fondos europeos; y un coche tan improbable como el Porsche Cayenne se convirtió en emblema de nuestro sector burbujil de la construcción.

He vuelto a sentir algo parecido en un viaje reciente por las carreteras del este de Polonia, y por las del país al este de Polonia. Pero es que Polonia ha multiplicado su renta por tres en estos veinte años, y avanza decidida hacia el PIB per cápita español. El estado de las carreteras puede ser una anécdota (molesta); un problema de seguridad pública en algún momento, si la evolución positiva de la mortalidad por accidentes de tráfico se detiene o revierte; o un signo más del deterioro económico, institucional y social de un país que no hace tanto se veía, o soñaba, sentado a la mesa con los mayores de Europa y del mundo.

La preocupación sobre el impacto de la burocracia y del (mal) funcionamiento de la administración en los ciudadanos y en el desarrollo del país tienen data antigua: ya hemos citado a Larra y de nuevo el lugar común obligaría a mencionar a Galdós -si bien este último tiene más que ver con otro asunto frecuente en estas columnas: quién accede a la función pública, en qué términos y por qué plazo. Los intentos de racionalizar, desburocratizar, agilizar o mejorar la “experiencia de usuario” del sufrido ciudadano ante las múltiples ventanillas estatales tienen ya una cierta tradición. Por ejemplo, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPC) de 1992 ya contemplaba en su artículo 35 utopías como el derecho de los administrados a no aportar documento alguno que ya obre en poder de la administración. Y los organismos y entidades internaciones, de la OCDE a la UE (Estrategia de Lisboa) llevan décadas desgañitándose contra esa “cinta roja” que no sólo lastra la productividad, sino que se ceba singularmente con los ciudadanos menos educados y con menos recursos.

Dar un giro copernicano al enfoque de la administración para ponerla al servicio del ciudadano incluso antes de que el propio ciudadano detecte una necesidad o se ponga en contacto con ella

Avanzando por esta senda reformista, ya no se trataría meramente de reducir trámites y exigencias documentales, y de eliminar esa cierta sospecha ante el administrado, sino de dar un giro copernicano al enfoque de la administración para ponerla al servicio del ciudadano incluso antes de que el propio ciudadano detecte una necesidad o se ponga en contacto con ella. Por ejemplo, ofreciendo de forma proactiva menús de prestaciones y servicios a los posibles interesados, estén al tanto o no de ellos, gracias a la información exhaustiva sobre nosotros que obra en poder del Estado. Emulando, en suma, el modelo de las grandes empresas tecnológicas, que nos ofrecen productos y servicios que ni siquiera sabíamos que necesitábamos, con la evidente diferencia de que la oferta de la administración ya la pagamos de todas formas. Esta era la hermosa teoría.

Pero la pandemia, como en tantas otras esferas, ha desencajado del todo tanto el desempeño de la administración pública como la percepción y las expectativas ciudadanas. La imposición de la cita previa como principio fundacional de un nuevo orden, de un nuevo contrato ciudadano con la administración, da cuenta no sólo del fracaso de todos los intentos seculares de domar el monstruo burocrático, sino de la incapacidad para plantear incluso el problema en unos términos que no sean los del funcionariado sino los del ciudadano. El estado de excepción sanitario ha dado lugar a una especie de realidad paralela o, por usar la babosa terminología pandémica, nueva normalidad en la que los derechos y aun el mínimo respeto al contribuyente se difuminan ante la prolongación de la excepcionalidad sine die y un abanico de derechos adquiridos de facto -y en algunos casos consolidados de iure-, empezando por el teletrabajo.

Una vez más se expresa en toda su dimensión la distancia galáctica entre la propaganda y los discursos oficiales y la realidad del país

Así que, en lugar de la utopía managerial que les narraba antes, hemos caído en una situación peor incluso que el kafkiano funcionamiento habitual, conocido y sufrido por todos. Exigencia universal de cita previa e incapacidad de lograrla ni siquiera a través de medios robotizados; incapacidad para gestionar no ya ayudas o subsidios extraordinarios, del IMV a los fondos europeos, sino las mismas pensiones o ayudas comunes. Por cierto que una vez más se expresa en toda su dimensión la distancia galáctica entre la propaganda y los discursos oficiales y la realidad del país: anunciamos a bombo y platillo rentas vitales que los interesados en muchos casos no pueden solicitar debido a su nivel educativo o de inserción digital; y nos hipotecamos generacionalmente para subir unas pensiones que luego es imposible pedir. La vulneración diaria de los derechos ciudadanos y del respeto mínimo debido al pagano de impuestos se ha denunciado ya abundantemente, del defensor del Pueblo y sus diversas réplicas autonómicas a expertos como Andrés Boix o Diego Gómez -que incluso ha puesto a disposición del público herramientas gratuitas para afrontar legalmente el problema de la cita previa. La descomposición de la administración pública española va camino de convertirse en un género periodístico por derecho propio.

Pero no está de más repetirlo otra vez; habida cuenta además de la proliferación de cursilerías y proclamas jetas sobre los impuestos, como si el funcionamiento básico del estado, la eficacia de la administración y, en fin, el hecho de percibirse como un ciudadano y no un súbdito al que se mea en la cara a diario no tuviera nada que ver con la conciencia fiscal de los administrados.

Como repito muchas veces, el marxismo vulgar explica mejor que la mayoría de aproximaciones gran parte de lo que sucede en política y sociedad. El año 2017 fue el comienzo de la ola feminista, con la reideologización de las marchas del 8M y el conflicto abierto con “las derechas”. De repente la cuestión feminista era una palanca de movilización contra el gobierno del PP y su socio junior -Vox aún estaba por llegar al Congreso- y parece obvio que la centralidad del feminismo también se reflejase en las dinámicas de poder internas de los partidos. De aquellos momentos emergió también un interés renovado por temas como la prostitución; de nuevo en un tono repentinamente militante y moralista que casaba mal con la anterior permisividad o indiferencia.

Desde los entornos más militantes, y desde sus compañeros de viaje en la academia y los medios, nos repetían entonces, al calorcito de la interseccionalidad, que todas las luchas -feministas, LGTBI, “obreras”, regionalistas…- eran complementarias. Pero en política no hay más luchas complementarias que las que amplían la tarta a repartir, y este no ha sido el caso: la tarta, en forma de partidas presupuestarias o asimetrías legales, estaba tasada. Hoy, con la perspectiva del tiempo, sabemos que la ola se ha acabado rompiendo en torno a varios clivajes, de los que el principal es la cuestión trans; en la que precisamente uno de los objetos de discordia son las asimetrías legales. Pero la virulencia contra la GS apunta también a otras dinámicas de fondo.

Sucesos como los del Orgullo de 2019 en Madrid, con ser desagradables, obedecen a la acción de organizaciones cooptadas por los partidos de izquierda

La cuestión homosexual fue en su momento una de las palancas ideológicas y de movilización que el PSOE de Zapatero activó con éxito contra la oposición de derecha. Por cierto, Pedro Zerolo fue un defensor temprano de la regulación de la GS, y hay declaraciones al respecto de Zapatero. Pero hoy, normalizada la visiblidad LGTBI y asuntos como el matrimonio y la adopción, el poder de movilización de la causa es limitado. Los homosexuales militan con absoluta normalidad en los partidos de la derecha y, de hecho, tienen una presencia muy significativa en organizaciones como las juventudes, que tienen un fuerte carácter socializador. Sucesos como los del Orgullo de 2019 en Madrid, con ser desagradables, obedecen a la acción de organizaciones cooptadas por los partidos de izquierda. En el mundo real del día a día, los homosexuales votan a los partidos del bloque de la derecha en una proporción que tiene más que ver con su extracción sociológica que con el pretendido correlato político de su orientación sexual.

Ya de lleno sobre la GS, resulta muy ilustrativo que, después de años de machaque en torno a la idea de consentimiento -nunca definida con el menor rigor, porque no era eso lo que interesaba-, el consentimiento desaparezca de la ecuación cuando se trata de gestar por cuenta ajena. Así que volvamos al marxismo vulgar: hay una serie de prácticas que el feminismo militante aprueba o pretende convertir en derechos casi irrestrictos, como el aborto, y otras que censura con diversos argumentos aunque medie un consentimiento, incluso formal, de la mujer: prostitución y GS. Por supuesto, todas estas prácticas o conductas admiten un análisis de clase, que es al menos igual de claro en asuntos como el aborto o la eutanasia -o el mercado laboral en general. Pero en cada caso el foco se desplaza a voluntad desde el consentimiento a otro valor fundamental, del que tampoco tenemos una noticia teórica detallada.

No es un contexto tan distinto del que ha permitido que nos tiremos años hablando de paridad en las listas electorales o los consejos de administración, o del número de directoras en los Oscar

Estaríamos por tanto tentados de pensar que el cambalache entre consentimiento y “dignidad” con lo que tiene que ver no es con una teoría de vocación universal, sino con una interpretación subjetiva que atañe a los valores e intereses de una clase concreta. En este caso, las mujeres de clase media (PMC) movilizadas en torno al feminismo. Determinados supuestos, como el aborto, aumentarían el capital y el poder de negociación de esta clase, mientras que otros los reducen (GS, prostitución). Si se piensa, no es un contexto tan distinto del que ha permitido que nos tiremos años hablando de paridad en las listas electorales o los consejos de administración, o del número de directoras en los Oscar, mientras las madres solteras siguen siendo el principal colectivo en riesgo de pobreza en nuestro país. Y sería fútil buscar una doctrina coherente de fondo

Entre otras cosas porque no la hay. No hay -en el caso del feminismo oficial- un trasfondo antropológico, como podría ser el humanismo cristiano u alguna otra concepción esencialista de la vida humana, que anticipe en qué momentos el consentimiento es la única brújula y en cuáles es un espejismo. Por un lado, es el tipo de lío ético-político al que nos aboca el relativismo de los tiempos. Por otro, una consecuencia del fraccionamiento de la política en causas que ascienden o descienden al mismo compás que los colectivos o clases que las abanderan, en equilibrios siempre cambiantes de poder. De modo que sí, probablemente estemos ante una cuestión de clase; aunque no al modo chabacano al que algunos y algunas pretenden.

Pienso que a lo mejor en un futuro no tan lejano -exagero, claro- la civilización occidental será una especie de hueco o paréntesis en ese registro. Sí, es broma, pero no tanto. Tomemos un país como España, pero también EEUU, desde donde Noah Smith ha escrito en fechas recientes un texto que él mismo calificaba como rant, una jeremiada contra la nefasta parálisis nacional que impide a los americanos sacar adelante grandes proyectos de transformación o la tan necesaria reforma de las infraestructuras.

En Berkeley un tribunal ha detenido la construcción de viviendas para estudiantes mientras se estudia si se puede considerar a los estudiantes en sí como environmental hazard

Por ejemplo, el plan de choque de construcción de vivienda de California se está estrellando contra unas las regulaciones medioambientales que se han convertido en la última trinchera de la mentalidad NIMBY -que es de lo que va todo esto en realidad. En Berkeley un tribunal ha detenido la construcción de viviendas para estudiantes mientras se estudia si se puede considerar a los estudiantes en sí como environmental hazard (en honor al juez, estoy dispuesto a considerar que algunas facultades y departamentos lo sean, pero en un sentido algo distinto del propuesto). La mezcla de NIMBYsmo y regulaciones desorbitadas a las que acogerse para proteger los "intereses especiales" alimenta un círculo vicioso de parálisis que a diferentes niveles ya vemos operar en buena parte de Occidente. Y en España, además de lo medioambiental y "social", tenemos modalidades y regulaciones específicas de nuestro estado autonómico que alumbran posibilidades inéditas de proteger a los insiders: vean por ejemplo la penúltima catetada lanzada al ruedo ibérico sobre "balanzas energéticas".

A veces, claro, el NIMBYsmo no es meramente espontáneo, sino orquestado o regado: desde hace 15 años empezaron a aflorar cartelitos idénticos contra el fracking hasta en el último pueblo de la Meseta norte española, incluso en lugares donde nunca se planteó la posibilidad más remota de explorar la fractura hidráulica. Con el tiempo vamos entendiendo cosas, y lo que este año hemos sabido de la acción de Rusia sobre las élites nacionales europeas se va completando con la operativa de países como Qatar o Marruecos; aunque es el caso de China el que promete dejar todo esto en pañales en los próximos años.

Algunos partidos o élites han adoptado ideítas antes reservadas a grupúsculos de activistas como, por ejemplo, que construir vivienda sube los precios porque la última vez que se construyó masivamente los precios estaban subiendo

Pero los sobornos y las campañas negras de PR no son imprescindibles. Parte fundamental del asunto -y esto es palmario en España- es que algunos partidos o élites han adoptado ideítas antes reservadas a grupúsculos de activistas o covachuelas académicas aisladas de la realidad; como, por ejemplo, que construir vivienda sube los precios porque la última vez que se construyó masivamente los precios estaban subiendo. Este tipo de razonamientos, ya saben. Que, curiosamente, se realimentan con los intereses materiales de parte de las clases medias establecidas. en los centros urbanos. También se importan debates más bien impostados, como la "ciudad de los 15 minutos", fórmula en general estéril en un país con un poblamiento tan concentrado y peculiar como España, pero que dice también algo de la cosmovisión -si me permiten el abuso- de quienes lo promueven: hace tiempo que no se trata de promover el desplazamiento, el crecimiento y la movilidad en todos los órdenes, sino de aspirar a algún tipo de estado estacionario de la materia y de la gente -por supuesto, definido y gestionado por la clase de personas que proponen estas ideas.

Y el NIMBY se va extendiendo y convirtiendo en BANANA: Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone. Hace dos décadas y media decidimos que había que llenar el país de molinos de viento para establecernos como potencia en energías renovables. Hoy los molinos de viento ya molestan y afean el paisaje, lo mismo que cualquier proyecto de aprovechamiento del viento o las mareas y, por supuesto, los parques solares. La transición ecológica se va convirtiendo en otra cosa distinta, que tiene más que ver con el decrecentismo y la protección de intereses particulares.

Ocurrencias de las clases medias

No me malinterpreten: estoy de acuerdo en la fealdad de los molinos, o al menos en la conveniencia de que haya espacios libres de este tipo de cacharros. Pero la impresión es que nuestro país, y no es el único, va saltando de una fantasía a otra huyendo de la realidad fundamental: hay que construir cosas para vivir y moverse, hay que producir energía de alguna manera, hay que crecer para poder pensar siquiera en redistribuir. No es posible vivir indefinidamente de Frankfurt y de reconocer derechos subjetivos en papel sin acabar perdiendo bienestar en términos objetivos y muy concretos. O se empieza a conjugar de forma más fluida los intereses especiales y los generales, y a abandonar las ocurrencias ideológicas de las clases medias credencializadas, o la decadencia material de muchos países y regiones está asegurada, y quizá ese hueco en el registro arqueológico se convierta en algo más que un chiste.

Que la hipocresía sea repetida, periódica, circular, no evita la melancolía. Al contrario. De unos años acá hay una atención renovada a la desigualdad, que en algunos casos se ha convertido en una especie de género literario. Se escriben toneladas de artículos de prensa y académicos, se crean think tanks ad hoc, se manosea políticamente la cuestión; pero algunas de las principales causas de la desigualdad en España siguen, no ya sin solucionar, sino cultivadas por los poderes e inadvertidas por nuestros particulares tribunos de la plebe.

Y sí, claro, voy a hablar de pensiones otra vez. Y las que hagan falta. Los estados de bienestar europeos están sometidos a una tremenda presión, que no va a reducirse en las próximas décadas, sino al contrario; toda vez que la demografía es uno de los factores clave en la situación. Así, la cuestión sanitaria en España y en otros países. Mientras se habla, con razón o sin ella, de privatizaciones de servicios, se ignora la gigantesca privatización de facto que es transferir una parte abrumadora y aún creciente del presupuesto al colectivo que menos lo necesita, en detrimento de otras partidas. Añádase la composición con el efecto autonómico antes citado: los jubilados vascos perciben de media 1.600 euros de pensión por los 1.100 de los extremeños.

Sigamos con esto. Si el acceso de los españoles a la clase media se consagra desde hace décadas mediante la propiedad de la vivienda; y si, a su vez, el acceso al crédito necesario para dicha propiedad es dependiente de una estabilidad laboral que, sobre todo en ciertas ciudades y regiones, es casi privativa de los empleados públicos, es fácil entender la importancia de la función pública como ascensor social -o, al menos, garantía frente al desclasamiento. Y se entiende mejor la carrera autonómica por encontrar hechos diferenciales e identitarios que blinden los empleos en la administración frente a los españoles de otras regiones. Normalmente, las cosas son lo que parecen.

De unos años acá hay una atención renovada a la desigualdad, que se ha convertido en una especie de género literario

En este contexto, que conjuga factores comunes a casi todo Occidente y otros, específicamente españoles, se intuye que no pocas de las transformaciones en curso, a pesar de venir envueltas en la cháchara igualitarista de rigor, van a profundizar en brechas sociales existentes o abrir otras nuevas. Estamos tocando las tripas de un modelo de crecimiento y ecualización social que, si desde hace ahora cincuenta años da signos de agotamiento, ha producido las mayores tasas de riqueza, y de reparto de la riqueza, de la historia. Por poner un ejemplo entre muchos, no está nada claro que la transición al coche eléctrico vaya a generar el efecto igualitario que tuvo la extensión del automóvil con motor de explosión a las masas. Cabe sospechar -así lo exponía Andrew Moseman en un artículo reciente en The Atlantic- que más bien incida en la creciente desigualdad entre quienes se pueden permitir, en este caso, baterías con mayor capacidad y viviendas unifamiliares donde recargarlas y el resto.

De forma más general, una sociedad retraída, cerrada sobre sí misma, con menos desplazamientos y menos espacio para el gasto discrecional de los particulares, tiene toda la pinta de asfixiar algunos de los fenómenos que han permitido a las clases populares salir de su entorno más cercano -también el cultural y mental- y acceder a otros estatus y roles. En el escenario de decrecimiento que nos están colocando de matute, haciendo virtud de la necesidad y de la incompetencia de los gobernantes, ya saben ustedes quiénes van a ser los paganos con toda probabilidad.

El virus, como todo en estos tiempos, es una cuestión ideológica, o más bien posicional. No es ya que no haya un análisis compartido de la realidad, precondición de la vida en comunidad: es que parece que no hay ni realidad que compartir. Vivimos simultáneamente en el país que peor ha gestionado el impacto de la pandemia y en un ejemplo mundial de resiliencia. La mascarilla no sirve para nada a estas alturas, si no es directamente perjudicial; pero, aunque el poder nos haya otorgado la gracia de quitarnos el trapajo de la cara, si viaja usted en transporte público estos días verá muchos viajeros que no se han dado por enterados, porque en su mundo sigue campando a sus anchas un virus que para otra parte de la población ya no existe.

La mascarilla pasó de ser de derechas a ser de izquierdas; como de derechas era la teoría "conspirativa" sobre el origen en laboratorio del virus

Los papeles de esta farsa no siempre estuvieron repartidos de la misma manera. Ya conocen ustedes la historia: cuando las mascarillas podían haber amortiguado, siquiera marginalmente, el impacto inicial del virus, nos reíamos de quienes las usaban; luego nos enzarzamos en tragicómicas discusiones sobre los tipos, las certificaciones y el espíritu mismo o ánima de los tapabocas -las mascarillas "insolidarias"-; y finalmente, nos las han metido a la fuerza cuando ya sólo sirven para pasear miasmas y roña de semanas, y a mayor gloria de hipocondríacos, neuróticos políticos y exhibicionistas de la virtud. La mascarilla pasó de ser de derechas a ser de izquierdas; como de derechas era la teoría "conspirativa" sobre el origen en laboratorio del virus -¡ay, aquel "racismo anti chino" de los primeros tiempos!- que cualquier día de estos veremos consagrada como verdad oficial, protegida por factchequeadores y custodios de la opinión correcta.

No obstante, y a pesar de que las narrativas y las batallitas de la competencia entre élites permeen hasta cierto punto a la población, y más en el anómalo contexto de una pandemia, un porcentaje significativo de los ciudadanos sigue inmune al influjo de las neurosis políticas. Gracias a Dios no todo el mundo es politólogo ni ex ministro, y la inmensa mayoría del personal no vive para acumular credenciales en la carrera de ratas de estatus de la professional-managerial class. Por cierto que la aún capa social media -cabreada, desconectada, despolitizada, casi des-socializada- puede decantar el próximo ciclo electoral: presten ustedes atención a los mensajes en clave que circularán desde los rincones más insospechados. Como fuere, sondeo tras sondeo se certifica que la gente está desconectando del espectáculo político: cada vez se presta menos a atención a los medios y a sus ciclos de "información", y se concede menos credibilidad a los traficantes de relatos. Por poner un ejemplo, hay programas de infotainment que han perdido cerca de medio millón de espectadores en el último año. Si tenemos que agarrarnos a alguna buena señal, alguna esperanza en un tiempo poco generoso con ellas, podemos empezar por ahí.

Pero pasan. Además, vino la guerra. En Europa y EEUU hemos visto las mayores tasas de inflación en décadas, y el problema está lejos de arreglarse. Los bancos centrales tienen poco margen político para ajustar, entre otras cosas, por el fuerte endeudamiento de los gobiernos. Y no digamos en países como España, donde la opinión pública y los líderes políticos consideran que unos tipos al 3% constituyen algo así como un genocidio -por poner una comparación, el año de mi nacimiento el Míbor oscilaba entre el 15 y el 22%; umbrales que fueron comunes hasta bastantes años después.

Por supuesto, tras el fenómeno macro viene la vida real. A pesar de las medidas tomadas por el gobierno para limitar o subvencionar los precios de la energía, el coste de la vida ha subido, y en pocos lugares se ve de forma más palmaria que en los supermercados. De un tiempo acá se ha creado un subgénero gráfico-literario en internet consistente en adjuntar fotos de lineales de supermercado con sus precios hinchados y algún comentario entre lo indignado y lo sapiencial. Más aún, desde hace unas semanas tenemos al partido junior del gobierno emprendiendo una cruzada contra los malvados especuladores -una cruzada modesta porque en realidad es contra un especulador solo, pero bueno, se me entiende.

A pesar de las medidas tomadas por el gobierno para limitar o subvencionar los precios de la energía, el coste de la vida ha subido

Es verdad que la facción cuqui de ese socio junior se limitó a proponer una cesta de la compra con precios limitados, porque cree que ahora el negocio es vender algodón de azúcar y no indignación. Pero del lado hardcore, el de las Belarras y Pams, o ese personaje inenarrable que funge de vicepresidente de la Comunidad Valenciana, se han sucedido las proclamas; todas en un lenguaje muy similar y presumiblemente medido, a pesar de lo rupestre. No se me escapa que hay algún factor más de fondo, aparte de la pura ideología, y hay quien alude a guerras particulares de, precisamente, la región levantina, a la vista de la obsesión con el citado “especulador”. Pero una operación -desde el gobierno- tan obscena y, a la vez, tan natural en la España de hoy, no se entiende sin la ideología y sin algo más indefinido y pringoso aún, una cierta calidad que impregna a las ideas y a quienes las manejan.

Hace ahora, calculo que ocho años, acudí con unos entonces compañeros de proyecto a una reunión en una prestigiosa fundación madrileña, junto con otros representantes de la “sociedad civil”. Un conocido economista llevaba la batuta del encuentro, otro igualmente insigne entró por videoconferencia desde EEUU. La pantalla gigantesca, la mesa redonda y los posavasos de hilo le conferían a la escena un aire de conciliábulo de malos de James Bond. Pero habíamos ido a hablar, o a que nos hablaran, de otros malos. Había gente muy preocupada en aquella reunión. Podíamos convertirnos en Venezuela. Empezarían, dijo uno, por meterle mano al poder judicial; luego vendría la economía. Mis compañeros y yo intercambiamos unas sonrisas de suficiencia.

Han pasado ocho años y no somos Venezuela, y lo más probable sigue siendo, supongo, que nunca lleguemos a ser nada parecido. Ni Argentina. A la vez, ya no nos toma por sorpresa tener a medio gobierno señalando a empresas españolas con argumentos que en otra época nos producían vergüenza ajena y, por qué no decirlo, una cierta sensación de superioridad perenne sobre los hispanoamericanos. De los jueces y de las leyes qué vamos a decir. Nadie es Venezuela ni Argentina; hasta que lo es. La calidad de las ideas y, más aún, la calidad de las élites que tienen que interpretar esas ideas o resistirse a ellas importan. Porque, como repito muchas veces en estas columnas, las leyes y las decisiones en políticas públicas o economía nunca están mucho tiempo por encima de las ideas y del personal que circulan por el país.

No obstante, en el 60, tras una jugada confusa en el área del Villarreal y un remate fallido, y en consulta con el videoarbitraje, Soto Grado señaló penalti a favor del Real Madrid. En el inicio de la jugada, Vinicius había intentado controlar un balón por alto y, en el forcejeo con el defensa del Villarreal, la pelota había caído mansa y muerta en la mano extendida de este. Un penalti absurdo, contrario a cualquier consideración cabal del juego, uno de tantos a los que nos hemos tenido que acostumbrar. Pero bueno, marcaba el Madrid, que era lo importante.

Pero, ay, apenas tres minutos después de que Benzema marcase el castigo, Alaba, en trance de caer en el área del Real Madrid, interrumpió una pelota con la mano apenas apoyada en el suelo. Esta vez no hubo ni consulta: penalti. Un penalti provocado por un brazo tendido al césped para evitar una caída de bruces. Algo que en los tiempos de la “voluntariedad” no podría de ninguna manera haberse considerado infracción. Y gol de Gerard Moreno. El resto del partido tiene menos interés a efectos de este texto: el Madrid seguía siendo inoperante y perdió. Pero, al margen de este hecho siempre funesto, el sabor de boca era el de haber presenciado un espectáculo destruido por los árbitros, el sistema de reglas y la tecnología que deberían protegerlo.

La tecnología no sólo no parece estar resolviendo situaciones que siguen en buena medida al albur de la interpretación del árbitro, sino que genera problemas nuevos

La sensación es cada vez más frecuente. Venimos de una Copa del Mundo que, entre otras controversias, nos ha dejado partidos con prolongaciones de 8 o 10 minutos, protagonismo creciente de árbitros y salas de vídeo -ahí nuestro doméstico Mateu Lahoz dejó bien alto el pabellón español- y una buena ración de manos estúpidas y otras infracciones complicadas de explicar. Desde la entrada en funcionamiento del videoarbitraje y los sucesivos cambios de reglas, criterios, instrucciones y circulares, en casi nada parece haber mejorado el fútbol ni como deporte ni como espectáculo. Al contrario, y pese a la intención declarada de las asistencias técnicas, parece haberse avanzado por la senda de la arbitrariedad, la imprevisibilidad de las decisiones y la falta de seguridad jurídica; y el fútbol se está convirtiendo en una especie de teatro del absurdo, con partidos sincopados y lances arcanos y diferidos, visibles solo a la cámara, que determinan el resultado final.

No se me oculta que buena parte de la arbitrariedad viene de la porción, en efecto, arbitraria: las ya mencionadas instrucciones, circulares, criterios de temporada, etc. Pero hay algo más. La tecnología no sólo no parece estar resolviendo situaciones que siguen en buena medida al albur de la interpretación del árbitro, sino que genera problemas nuevos al detectar otras que antes pasaban desapercibidas en desarrollo normal del juego. E interrumpe constantemente el ritmo de los partidos para generar momentos decisivos ajenos al espíritu tradicional del fútbol, donde siempre se han reconocido aspectos como la voluntariedad de las acciones y un cierto margen prudencial en las decisiones que no contraríe el sentido general del juego. Para añadir confusión y mistificación, las autoridades futbolísticas parecen empeñadas en copiar la organización de deportes de “tiempo real” como el baloncesto, y sus reglas más intervencionistas. Con resultados menos que dudosos, dado que la gracia del fútbol siempre ha sido su carácter más abierto -al fin y al cabo, un deporte de pies tiene por fuerza que ser más gozosamente impreciso que uno de manos.

Una reforma del Código Penal, una intervención en el mercado de energía o la transición ecológica, una regulación sobre bienestar animal

Una columna sobre fútbol? Puede, sí, en apariencia. Pero pensemos ahora en cuántos casos no estaremos asistiendo a élites con poca accountability que modifican a la ligera sistemas de reglas e incentivos -no entremos ahora a considerar corruptelas, que también las hay, claro, y muchas- y generan resultados subóptimos, o directamente desastrosos. Puede ser una reforma del Código Penal, una intervención en el mercado de energía o la transición ecológica, una regulación sobre bienestar animal… O quizás, como en el fútbol, un intento de sustituir sistemas prudenciales por otros en apariencia técnicos, pero que acarrean más problemas que los que resuelven. En fin, hay muchos ejemplos posibles. Con la diferencia de que, en el momento, les prestamos mucha menos atención que a un Villarreal - Real Madrid de principios de enero en Liga.

Pero uno de los aprendizajes, así lo veo, del período, es que es mala idea descartar el factor humano -también, o sobre todo, en lo colectivo- y creer que los sistemas funcionan igual al margen del paisanaje con que los puebles. No se trata de rescatar añejísimos debates históricos sobre la agencia de los grandes hombres frente a la estructura, no va por ahí. Es reconocer, por ejemplo, que las constituciones no son tanto mecanismos generadores de un orden autónomo, sino reflejo de unas coaliciones sociales y unos acuerdos previos, del juego de intereses entre grupos humanos. Y que cuando el juego se altera y los intereses se desalinean, no hay texto legal que detenga la caída.

Lo vemos en España, claro, pero también en Estados Unidos o el Reino Unido, por citar dos casos obvios. Y el hecho de que sean ordenamientos dispares -tanto anglosajones como continentales- refuerza la impresión de estar ante una realidad profunda. Bajo la ficción -no entendida en sentido negativo sino puramente descriptivo: una simulación que no tiene el objeto de engañar sino de transmitir una verdad más amplia- de nuestros sistemas institucionales y legales, laten acuerdos entre élites, coaliciones, grupos sociales. Y muchos “pactos entre caballeros”. Volados por los aires esos pactos en medio de una competencia renovada entre élites, presenciamos el paisaje helado de unos textos legales y unos procedimientos exangües, sin fuerza creadora. Josu de Miguel reflexionaba hace poco sobre el triste panorama de una Constitución sin un sustrato social que la apuntale y dote de sentido, elevada a fetiche de una civilización perdida.

Se puede hacer una reforma o mutación constitucional de facto, sin pasar apenas por el proceso reglado. No queremos verlo, ni menos decirlo: there be dragons

El conflicto de estos días en torno al Tribunal Constitucional, por ejemplo, no se entiende del todo si nos limitamos a hablar de procedimientos y cuestiones empíreas. Parte central del asunto es que los intérpretes de la Constitución recrean, por así decirlo, la Constitución, y en los últimos tiempos estamos viendo que en nuestro ordenamiento, con voluntad -o con paciencia y mucha saliva, como en el chiste- caben muchas más cosas de las que imaginábamos. Que se puede hacer una reforma o mutación constitucional de facto, sin pasar apenas por el proceso reglado. No queremos verlo, ni menos decirlo: there be dragons.

Pero la lista de ficciones que se desvanecen cuando los actores dejan de creer en ellas es amplia. Por ejemplo, que el Consejo de Ministros es uno, colegiado y solidario, cuando hay al menos dos gobiernos, y la permanente y voluntaria exhibición de que así es. O que corresponde al Congreso, por volver a la cuestión judicial, participar de la elección del CGPJ, cuando es un mercadeo entre partidos. O que el Congreso, en fin, es algo al margen de los partidos, y más en estos tiempos en que se ha convertido definitivamente en un simulacro, un órgano de ratificación -siendo generosos- y una productora de cortes de vídeo. O, para que lo entiendan los que perciben las cosas a través del Economist: la revisión de Roe vs. Wade.

Porque, por alzar un poco la vista de nuestro albañal cotidiano, parecen fenómenos, ya lo he escrito, compartidos en muchas viejas naciones; precisamente en la medida en que se vuelven posnacionales. Sin una comunidad real, concreta, sentida y compartida, los sistemas consagrados en papel no valen nada. Nos desayunamos estos días con escándalos de compra de voluntades en la Unión Europea. Lo previsible es que haya más, quizá muchos más. Dinero e intereses externos sobran, y el marco posnacional de valores e incentivos debe de rebajar el precio de los políticos. Hace un porrón de años, un señor llamado Ibn Jaldún hablaba, como clave histórica, de la asabiyya: la solidaridad social, la unidad de sentir y acción, la copertenencia. La “naturaleza de las cosas políticas” es mucho menos mutable que el personal que puebla las instituciones y que nuestras escuálidas opiniones.

En la vida española abundan las estructuras autoportantes, que se tienen solas en pie en virtud de su contenido gaseoso. Son, casi se diría, el método constructivo más exitoso hoy, porque no requieren cimientos, ni materiales sólidos, ni plan, ni casi nada: llega uno, hincha el saco de aire caliente y ya se puede invitar al personal a entrar. Y cuando acaba la función, se corta el ventilador, se recoge el amasijo de tubos fláccidos y a otra cosa. Hay ámbitos, como el mundo de la cultura, el periodismo o la política donde este proceder parece enteramente natural.

En la época gabinetera, Pedro y yo teníamos bien estudiado el fenómeno de los premios. Llegaba un día una invitación para el político o cargo, y había que valorar la idoneidad de asistir. En seguida alguien apuntaba: "El año pasado fuimos". Era un argumento inapelable, cuya autoridad dimanaba de tu propia ejecutoria, de un yo anterior. ¡Y cómo ibas a impugnar a tu yo del año pasado! Así que a menudo se iba. Pero si por azar te parabas a indagar un poco la historia de los premios, el currículum del organizador, los criterios de entrega… no pocas veces te encontrabas asomado al abismo, al vacío, a la nada. Los premios eran importantes porque iban Tal y Cual, y Tal y Cual iban porque los premios eran importantes y el año pasado se había ido. Bueno, a la hora de entregar estas líneas Carmen Calvo ha ganado un premio Carmen Calvo.

Lo más común era repetir "¡remontada!" como quien grita "¡fuego!" en un teatro, y luego la remontada (autoportante) venía o no

La lógica autoportante se expresaba de muchas otras maneras, y a veces se hermanaba con la magia simpática. Por ejemplo, durante una campaña electoral, si deseabas un efecto decías que ya se estaba produciendo y confiabas en que los medios así lo transmitiesen. Lo más común era repetir "¡remontada!" como quien grita "¡fuego!" en un teatro, y luego la remontada (autoportante) venía o no. Si parece rudimentario, no pierdan de vista que hay en el gremio quien se gana el jornal con estas cosas. En los medios sucede parecido: un día un periodista apurado te invita a un programa porque eres el primero que le coge el teléfono y desde entonces ya eres una referencia porque sales en la tele. Todo se autoporta -hasta que se para el ventilador.

La autoportancia se ha ido extendiendo a todas las esferas, como cabe en una época en la que las credenciales y lo comunicativo son fuentes reconocidas, casi las únicas, de entidad. Se diría incluso que España -como parte de un movimiento más amplio, que tampoco en esto somos del todo originales- se va configurando como un país de estructuras tentetieso, un estado social, democrático y autoportante de derecho. No por autárquico, que no lo es ni puede serlo, sino por expresarse cada vez más en realidades virtuales que sólo se soportan por sí mismas. Al fin y al cabo, buena parte de nuestras élites políticas, intelectuales y empresariales creen que se puede vivir plácidamente a base de imprimir dinerito, abundar en las "políticas del reconocimiento" y olvidarse del resto de enojosos ingredientes de una sociedad compleja.

Así, nuestro estado autonómico se va rellenando de comunidades potemkin que sobreviven mediante el empleo público; y para proteger el empleo público de los de fuera se irán reconociendo, y si hace falta descubriendo, sucesivos idiomas ancestrales o hechos diferenciales. Antes de la crisis de 2008 hubo un ensayo general de autoportancia basado en las cajas de ahorros y el perpetuum mobile de la burbuja; no salió del todo bien pero vamos aprendiendo de los errores, y además ahora tenemos fondos europeos porque ya se sabe que ha cambiado el paradigma.

También se puede introducir alguna dosis de confusión en ciertos indicadores económicos porque, a fin de cuentas, todo es relativo, y lo importante es el relato. Esse est percipi.

Así, nuestro estado autonómico se va rellenando de comunidades potemkin que sobreviven mediante el empleo público; y para proteger el empleo público de los de fuera se irán reconociendo, y si hace falta descubriendo, sucesivos idiomas ancestrales o hechos diferenciales. Antes de la crisis de 2008 hubo un ensayo general de autoportancia basado en las cajas de ahorros y el perpetuum mobile de la burbuja; no salió del todo bien pero vamos aprendiendo de los errores, y además ahora tenemos fondos europeos porque ya se sabe que ha cambiado el paradigma. También se puede introducir alguna dosis de confusión en ciertos indicadores económicos porque, a fin de cuentas, todo es relativo, y lo importante es el relato. Esse est percipi.

Ah, y la opinión pública y sus guardianes. Vean un último y luminoso ejemplo de autoportancia: el aluvión de publicidad institucional en televisiones y redes sociales, que el lector habrá advertido. Más aire caliente para el globo, más lubricante para los engranajes de la máquina. ¿Que el descrédito de la política y la indiferencia hacia los medios de comunicación son cada vez mayores? Tanto da. La estructura seguirá en pie mientras el ventilador no pare. Pero, a fin de cuentas, ¿por qué habría de parar?

Aunque las afirmaciones de Feo son contradictorias -lo achaco al atropello del formato de entrevista, pero también quizás a una propiedad intrínseca de las élites del 78 para operar al margen de la lógica formal-, creo que entiendo a qué se refiere. Iglesias, su vicepresidencia, es “lo peor que nos ha pasado en la política española en la democracia”, pero Rivera es el más “dañino”. Iglesias es, y su vicepresidencia sucede -parece que en el éter, investido por nadie-, pero la obra perniciosa de Rivera consiste en no ser el socio que el PSOE, según Feo y muchos otros, necesitaba en aquel momento. Fácil. Pero yo he podido analizar, como el Fary, que el carácter dañino de Rivera en el fondo va más allá, y que atañe a la esencia del 78. Insisto, hay que escuchar a la gente cuando habla.

Cuando Podemos y Ciudadanos llegaron a nuestras vidas, se dijo, uno encarnaba la política representativa en sentido más profundo, y el otro una cierta vertiente tecnocrática también presente en el impulso inicial del 15M. Las dos cosas eran falsas, por decirlo en crudo y pasando de matices: la aspiración -y el marketing- de la representación de Podemos no iba más allá de un abanico sociológico algo más amplio que el de IU, que incorporaba a buena parte del precariado joven, pero que no era al fin todo lo extenso que la propaganda, las formas y las pintas querían hacer creer. Y a su vez, Ciudadanos, bajo un discurso tecnocrático era en realidad -fuera de Cataluña- una representación bastante fidedigna de unas nuevas clases medias urbanas descreídas del bipartidismo.

Cuando Podemos y Ciudadanos llegaron a nuestras vidas, se dijo, uno encarnaba la política representativa en sentido más profundo, y el otro una cierta vertiente tecnocrática también presente en el impulso inicial del 15M. Las dos cosas eran falsas.

Al margen de estas precisiones, los proyectos de uno y otro sí se separaban nítidamente en un punto: Podemos denunciaba el “régimen del 78” y Ciudadanos pretendía apuntalarlo mediante la reforma. Esta distinción permeaba los discursos, las iniciativas, la “selección de élites”, las propias formas. De tanto repetirlo, de puro obvio, nos lo creímos. Pero ocho años después resulta que los incorporados exitosamente a la “dirección política del estado” no son los tibios reformistas del enjuaguito, sino los que venían, en sus propias palabras, a cargarse el régimen de 78. Creo que no es casual. Creo que debemos empezar a tomar nota.

Hay, por supuesto, un elemento de oportunismo de Sánchez, de aventurerismo; una sensación, no injustificada, de que que el 78 es suyo y se lo cepillan cuando quieren -ya se trate de indultos, de modificaciones del Código Penal, de ocupación de instituciones, del mismo desempeño cotidiano del gobierno. Pero en realidad, lo he escrito en otras ocasiones, este no es solo el PSOE realmente existente, sino el PSOE posible. Y como partido-sistema del 78, la coalición que lleva 15 años armando es hoy la coalición sistémica por excelencia, por muy destituyente que sea. Y así avanza nuestra democracia hacia no se sabe muy bien dónde, no tanto como la nave del estado de Oakeshott sino como el vapor de Phileas Fogg, quemando su propio maderamen -por cierto que cada vez queda menos que quemar. Atrevámonos a pensar que quizás, solo quizás, todo esto estaba ya implícito en el diseño original.

Al final ha sido más fácil integrar la disidencia estridente pero inane de Podemos y sus mutaciones que el reformismo ingenuo de Ciudadanos. Para empezar, porque todo lo exagerado es insignificante

Al final ha sido más fácil integrar la disidencia estridente pero inane de Podemos y sus mutaciones que el reformismo ingenuo de Ciudadanos. Para empezar, porque todo lo exagerado es insignificante. Pero también, aventuro, porque ese reformismo, llevado a sus conclusiones últimas, era menos compatible con el funcionamiento de esta democracia nuestra del 78. Y, en el plano puramente aritmético, porque al cabo fue más fácil armar una coalición en torno a Sánchez y los partidos (supuestamente) destituyentes -de nuevo, llevaba 15 años in the making- que otra para la reforma. Lo que me lleva otra vez a pensar que el propio régimen incubaba dentro de sí la semilla de la actual “dirección del Estado”. A fin de cuentas, todos los socios de Sánchez llevan mucho más tiempo en la Carrera de San Jerónimo que la alternativa del 19. Y el odio africano que se le sigue profesando desde tantos estamentos a Rivera, un ciudadano particular desde noviembre de aquel año, cuenta también una historia de forma bastante explícita.

Nunca sabremos qué hubiera sucedido de pactar ese hoy ciudadano particular con Sánchez en el infausto verano del 19, en el que todos envejecimos de golpe una década. Yo creo que el pacto no hubiera sucedido en ningún caso; y que los argumentos de política-ficción en torno a aquel imposible cumplen una función expiadora y, por qué no, la de tenernos entretenidos mientras la vida pasa. Que a fin de cuentas es de lo que va todo esto.

Soy poco dado a los compromisos y al peloteo, y como trabajaba en un partido pequeño y luego casi extinto, me lo he podido permitir. De modo que quienes estaban en aquella terraza aquella noche lo estaban de corazón, al menos por mi parte. Había un real y leal sentimiento de copertenencia y de misión compartida; y si hoy suena ingenuo, pues se joden ustedes. Por primera y seguramente última vez podíamos participar de la ficción de que teníamos un papel en la historia de España; y desde luego uno mejor que el de esa tropa destartalada y sórdida que dentro y fuera de Cataluña se puso de parte de los golpistas por acción, omisión o micción.

Aunque no lo crean, uno no siempre fue facha, y en mi casa -como en gran parte de la nueva clase media española- se festejó la victoria de González mientras sonaba Mocedades en la tele

Lo que vino después está explicado y no le importa a nadie; salvo a mí, que es lo que cuenta. La efeméride coincide con los fastos aniversarios de la apoteosis socialista del 82. Aunque no lo crean, uno no siempre fue facha, y en mi casa -como en gran parte de la nueva clase media española- se festejó la victoria de González mientras sonaba Mocedades en la tele. Se festejó con, si se me permite, un pálpito de comunidad y de esperanza, muy alejado del actual clima político. Y, se lo crean o no, lo recuerdo; o igual me lo he inventado. Da lo mismo, porque muchos que estuvieron allí también se lo inventan.

Estos días se han publicado dos libros sobre González y el 82. Uno más celebratorio, la semi-ficción de Sergio del Molino; y el de Ignacio Varela, que, como ya andaba por allí, no se puede permitir los ditirambos. El propio PSOE ha armado una conmemoración cursi, porque la cursilería es ya el único lenguaje político común, con carteles de José Ramón adaptados a los tiempos. Yo fui uno de esos niños de José Ramón, de los libros de Santillana, ahormado con felicidad en la nueva España socialista, y no puedo sino sentir cariño por la estética coreana blanda del primer felipismo. Ahora ya todo parece una parodia, y el cartel en el que González se abraza con Sánchez y el sórdido lobista del narco venezolano es una perversión que cabría denunciar si quedasen fuerzas y alguien estuviese escuchando. Por cierto que ha desaparecido de los carteles joseramonianos el mundo post-marxista de la producción nacional, porque ya sabemos que ahora la política sólo va de pintar dinerito en Frankfurt y consagrar derechos subjetivos en papel.

Algo he aprendido estos años: para mucha gente socializada, valga la redundancia, en el socialismo -sí, también el de Felipe- el partido es la nación

Leo que ha dicho Almunia -¡el PSOE bueno!- que se reconoce tanto en el partido del 82 como en el del 2022. En vano se rasca uno por estas cosas. Algo he aprendido estos años: para mucha gente socializada, valga la redundancia, en el socialismo -sí, también el de Felipe- el partido es la nación. Y, en caso de duda, pasa el partido primero. Y no tiene nada de raro: al final, una cosa y otra, la nación y el partido, son meros sinónimos de "poder".

Pienso en ese cumpleaños tan lejano del 17, y en la poderosa pedagogía que ha ejercido el partido vertebrador de la España del 78 desde entonces. Había muchos amigos socialistas que hoy negarían la historia reciente de nuestro país: los pactos estructurales con toda la purria parlamentaria; las reformas legales al gusto de los sediciosos; las prioridades dementes que han enterrado ese reformismo no ya ingenuo, sino casi lunático, que compartimos. El país auténtico, el socialismo auténtico, no era el nuestro, pobres pijillos jugando a ser élites de un país que carece de tal cosa; sino el de Sánchez, élite realmente existente, y su apisonadora de realidad. Y el rodillo nos pasó por encima a los que no éramos socialistas, pero tanto más a los que sí lo eran; aunque en la embriaguez de la victoria todavía no se hayan dado cuenta de ello.

No obstante, fuera del mundo autoexpresivo de las redes sociales, la idea de una patria a la carta choca con la realidad de una ciudadanía que sigue necesariamente vinculada a límites, obligaciones y restricciones. De ahí el interés de la mención a los impuestos; que como su propio nombre indica, no son optativos. En la idea de que uno quiere pagar impuestos no sólo hay una exhibición de virtud, más bien cursi e inane, sino un intento, quizás inconsciente, de alzarse sobre el vínculo fuerte, irrevocable, con esa patria. O sea, de degradarla: porque un día podría no apetecerte pagarlos -como de hecho les pasaba en otros tiempos, con otros gobiernos, a muchos de los que hoy se golpean el pecho; o les sigue pasando cuando no mira nadie. También he señalado alguna vez que esta especie de Patria Tinder se parece más a los usos del capitalismo tecnológico que a un sentimiento comunitario auténtico, sea de “derechas” o “izquierdas”.

No en vano fue Rodríguez Zapatero quien eliminó patrimonio en 2008, espoleado por sus economistas, Miguel Sebastián y el añorado Taguas, que siempre consideraron inútil o contraproducente el impuesto

Las deposiciones sobre impuestos de este año se producen además en medio de un debate sobre fiscalidad animado por el gobierno central y las CCAA -también, de hecho, por algunas de las del “bloque gubernamental”-. Por un lado, el gobierno agita macguffins como el impuesto de patrimonio, un gravamen poco efectivo y residual en términos de recaudación, pero que le permite enarbolar la bandera de la lucha “contra los ricos”, en esta particular fase de populismo de opereta en que se ha metido desde hace unos meses. No en vano fue Rodríguez Zapatero quien eliminó patrimonio en 2008, espoleado por sus economistas, Miguel Sebastián y el añorado Taguas, que siempre consideraron inútil o contraproducente el impuesto; y el mismo Zapatero el que lo recuperó poco antes de abandonar el gobierno por motivos que todos ustedes recuerdan.

Por el otro, varias comunidades, con Madrid a la cabeza, están haciendo uso de sus prerrogativas legales para aligerar la carga fiscal en sus territorios cuando se acerca el año electoral. El debate se ha moralizado de manera inmediata porque nuestra industria de la opinión no sirve apenas para otra cosa. Así que parece que sólo cabe o bien ser anarcocapitalista, o bien acatar con orejas gachas todos los tributos que nos quiera imponer un timonel del Estado bueno y benéfico. A sabiendas de que no sirve para gran cosa, cabe hacer dos grandes precisiones antes de seguir enredándonos en posturas máximas que nadie se cree de verdad.

El Gobierno lo va a tener complicado para explicar que la competencia fiscal de Madrid es esencialmente insolidaria o destructora de la cohesión del Estado

Para empezar, y no es la primera vez que se suscita la cuestión durante la legislatura, el Gobierno lo va a tener complicado para explicar que la competencia fiscal de Madrid es esencialmente insolidaria o destructora de la cohesión del Estado cuando, como hemos visto, todas las CCAA participan en mayor o menor grado de la supuesta race to the bottom; y sobre todo mientras persistan las excepciones vasca y navarra, que cargan sobre el resto del Estado la sobrefinanciación de sus generosos estados de bienestar y sus peculiares regímenes fiscales. En lugar de intentar resolver el rompecabezas de la financiación autonómica, que lleva atascado desde 2009 -y cabe recordar que ERC votó a favor del vigente modelo; eran otros tiempos-, el gobierno intenta enredar entre unas CCAA y otras; pero se puede encontrar, como ahora, con que los gobiernos autonómicos no están para definiciones posmodernas del patriotismo, sino a intentar revalidar.

Respecto a la “patria es pagar impuestos”, conviene no perder de vista que la conciencia fiscal de un país no es independiente del desempeño de sus administraciones. Es decir, que los ciudadanos están más dispuestos a pagar en la medida en que valoran los servicios que se les prestan y la probidad general de la administración a la hora de gestionar el dinero de todos. Ahí, como es obvio, España tiene mucho que mejorar. Esta misma semana ha aflorado de nuevo la cuestión de la tarjeta sanitaria y el acceso a expedientes entre CCAA -soy tan viejo que recuerdo cuando hablar de esto respondía a un insoportable populismo-; fue hace mucho tiempo, en las últimas elecciones generales. Es solo un ejemplo. La administración española tiene un déficit de capacidad que lleva cada año a dejar presupuestos y fondos europeos sin ejecutar; e incluso una transferencia de renta en apariencia relativamente sencilla como el IMV se ha enfrentado a tremendos problemas de implementación. Gastamos el dinero mal y de forma poco transparente, y eso sin entrar en los evidentes desequilibrios del sistema: la absoluta desproporción entre el porcentaje que se redistribuye a mayores y clases medias frente a jóvenes o madres en riesgo de pobreza; las citadas excepciones vasca y navarra, etc.

"Subir el pan a los pobres"

En estas condiciones, la prioridad debería ser no lanzar discursos moralizantes ni reclutar a unos cuantos prescriptores privilegiados que, a favor de obra, sacan pecho de unos impuestos que a saber si realmente pagan, sino poner en orden la casa y, llegado el caso, proponer una reforma fiscal global y coherente, que vaya más allá de los parches y las periódicas jeremíadas sobre “los ricos”. Porque, de otra forma, el onus queda siempre de parte del ciudadano y las administraciones -o sea, el poder organizado- se libra de cualquier tipo de vigilancia o fiscalización; aunque ya sabemos de un tiempo a esta parte que la moda es que los ciudadanos rindan cuentas ante el poder y no al revés.

La reforma pendiente, por cierto, pasaría casi de forma inevitable por unificar tipos de IVA y subir el general para aumentar la recaudación y redistribuir, que es lo contrario de lo que vemos ahora, con todo el mundo empeñado en redistribuir a través de los tipos. Ay, recuerdo de nuevo que hubo quien propuso una reforma tal a la altura de 2015, y recuerdo también la reacción de algunos de los guerreros fiscales de ahora porque se le iba a “subir el pan a los pobres”. Vivir es ver volver, y en el debate político español eso asegura la melancolía.

Pero a la hora del aperitivo, perdón por la madrileña frivolidad, ya estaba claro que alguien la había cagado, o que se había dado una gran cagada colectiva. Al final hubo urnas y hubo palos, y la sensación de que todo se había ido de madre. Si desde Madrid el espectáculo era preocupante, entre nuestras clases educadas en el extranjero adquiría tintes de guerra civil. Mi amigo escribía seriamente preocupado sobre lo que podría suceder en los días siguientes, si caería el gobierno, si España se convertiría en un paria internacional, si habría declaraciones de condena o de reconocimiento de la nueva polity catalana… Y no las hubo -en parte porque en el grupo liberal europeo acaba de entrar cierto partido que impidió que la natural frivolidad de algunos personajes se desbordase-, y los cientos de miles de heridos fueron otra astracanada más de la maquinaria de propaganda del procesismo, pero el gobierno Rajoy empezó a morir aquel día.

La polémica veraniega sobre la neutralidad científica de los politólogos procesistas me resultó una broma de dudoso gusto; aunque en realidad sólo refuerza mi postura sobre las ciencias sociales

Pero mi amigo estaba muy preocupado, de verdad, al borde de una crisis de ansiedad. Y era normal. Desde fuera los palos resultaban antiestéticos, y estamos hablando del ambiente de una facultad de ciencias sociales norteamericana. Tampoco sería casual, claro, que su supervisor fuese un profesor español, y un representante notorio de la corriente de propaganda blanda del procesismo; los compañeros de viaje que, si alguna rara vez señalaban el carácter excluyente y antidemocrático del independentismo -en realidad no lo hacían, pero bueno-, dedicaban la mayor parte de sus esfuerzos a denunciar la España del 78, o más bien la gobernada por el PP, como un estado semi-fallido y una cárcel de voluntades populares. Como yo he vivido estos años en España, y como conozco estos ambientes, la polémica veraniega sobre la neutralidad científica de los politólogos procesistas me resultó una broma de dudoso gusto; aunque en realidad sólo refuerza mi postura sobre las ciencias sociales en general, parecida a la que tenía Jünger sobre los médicos: hay que leer lo que se publica y no escuchar casi nunca a quienes las practican.

Pero no quiero frivolizar, así que voy a romper una lanza por el valor social de los trabajos académicos. Por ejemplo, la semana pasada conocimos un trabajo muy interesante de Matthew Creighton y Mariña Fernández Reino sobre discriminación laboral en Cataluña. Usando una metodología similar a la que suele emplearse en EEUU para analizar el desempeño de las minorías, los autores afirman que “existe una clara ventaja en el mercado laboral para los solicitantes de ascendencia catalana que no es compartida por los candidatos de ascendencia española o candidatos de minorías étnicas al solicitar puestos de trabajo.” Dicho en román paladino, que un CV con apellidos castellanos tiene, para los empleadores catalanes, parecidas probabilidades acabar en la papelera que uno a nombre de un asiático, de un europeo del Este o un magrebí.

Los pobres están fuera de los círculos de poder en casi todas partes; pero en pocas se producen divisorias etnolingüísticas tan evidentes entre ciudadanos de un mismo estado

No es el primer estudio interesante sobre apellidos en Cataluña, y hay de hecho una pequeña tradición ya. Por ejemplo, el de Güell y Rodríguez-Mora, que muestra la abrumadora sobrerrepresentación de apellidos catalanes en las instituciones y los ámbitos de poder respecto a la población general, y la brecha social existente entre poblaciones de uno y otro origen. Obviamente, les ahorro la réplica, los pobres están fuera de los círculos de poder en casi todas partes; pero en pocas se producen divisorias etnolingüísticas tan evidentes entre ciudadanos de un mismo estado. Y en pocas el “progresismo” se inhibe de una manera tan obscena de comentar las realidades incómodas.

Porque previsiblemente el paper de Creighton y Fernández Reino pasará al mismo limbo que los demás: por lo que sea, de este tema no toca hablar casi nunca, y ni siquiera los cruzados del igualitarismo radical y el desmontaje de la meritocracia tienen demasiado interés en malquistarse con las estructuras de poder realmente existentes en nuestro estado autonómico. Es, con todo, un recordatorio de qué hablamos cuando decimos que Cataluña está pacificada respecto a hace cinco años, y en qué consiste esa “normalidad” que se nos vende a bombo y platillo.

Una versión sofisticada de esta perplejidad -difundida por terminales del PSOE, obviamente- hace referencia a la doble pregunta del CIS sobre la percepción de la economía, y a la disparidad entre la respuesta por la situación general y la personal. Tampoco hace falta perder mucho tiempo en esto: baste pensar qué pasa en el país si en torno a un 20% de la población se ve en graves dificultades económicas; o considerar que cerca de un quinto de los españoles son pensionistas y muchos otros tienen, por el momento, salarios indexados. Lo sustantivo es que vivimos en burbujas de prescripción que ya no sólo no perciben la realidad circundante, sino que han perdido casi cualquier capacidad de prescribir. La mercancía es de bajísima calidad, pero además es que sólo la consumimos los propios traficantes. Pero hay signos de que esta máquina del movimiento perpetuo de la propaganda está gripando.

Si muchos antiguos desafectos del bipartidismo están dispuestos a votar a Feijóo es porque representa una forma tranquila de, no diremos antipolítica, pero sí apoliticismo

Tomemos por ejemplo la entrevista a Sánchez en Televisión Española, a cargo de un locutor servicial. El share fue menos que discreto, pero tampoco hay que cargar las tintas con el presidente: a estas alturas del partido, todos los políticos son tóxicos en mayor o menor medida para el público; y si muchos antiguos desafectos del bipartidismo están dispuestos a votar a Feijóo es porque representa una forma tranquila de, no diremos antipolítica, pero sí apoliticismo. Pero, frente a los discursos que achacan a la perniciosa influencia de los medios fachas el descrédito de este impoluto gobierno -que los hay, eh, créanme-, lo que la pobre audiencia de Sánchez refleja es que a cada vez menos gente le importa una higa los contenidos políticos y las narrativas de los partidos o del propio gobierno. El juguete se ha roto, la atención de la opinión pública se ha saturado y la era de la hiperpolitización neurótica toca a su fin. (Y sí, por cierto, el presidente es impopular; y, cuando uno va a los sondeos, cerca de un tercio de quienes declaran que seguirán votando al PSOE consideran que el partido debería buscar otro candidato.)

Damnificados de esta nueva fase son, claro, los “nuevos partidos”, que se auparon gracias a los formatos de infotainment; y también el último en llegar, Vox, que ha cometido un error parecido a los de los otros: confundir tus obsesiones particulares con el estado de ánimo del país, y creerte que los electores te votan por lo que dices en lugar de por lo que ven en ti. Cuando Andalucía parecía precisamente el laboratorio de esta nueva despolitización -en una tierra ya de por sí bastante despolitizada-, ensayaron una campaña folclórica como la que les había funcionado en Castilla y León en circunstancias bien distintas. Y desde entonces no levantan cabeza.

Y si la “alerta antifascista” cada vez le importa menos a nadie, el principal truco de prestidigitación de la coalición gobernante -“la confusión reinante”, como llamaba Bergamín a los Borbones- pierde fuerza. Pero a un perro viejo no se le enseñan trucos nuevos y la maquinaria gubernamental, en sentido amplio, parece incapaz de virar el rumbo. Al contrario, todo parece indicar que todos van a seguir tocando la única melodía que saben; que habrá indulto a Griñán; que seguiremos viendo campañas disparatadas para cambiar la conducta privada de unos ciudadanos que ya no escuchan; que se seguirán enviando al Congreso textos legales de ínfima calidad y dudosa justificación democrática; y que insistirán en envolverlo todo en una retórica antisistema tanto más ridícula cuanto el PSOE es el partido-sistema por excelencia en España. Y los turiferarios, como la banda del Titanic, seguirán hasta el final intentando mantener en pie sus ficciones y sus juegos de espejos, un mundo de mentirijillas en el que ya solo habitan ellos.

El horizonte económico que perciben los ciudadanos está muy alejado del triunfalismo que se ha expresado hasta ahora desde instancias oficiales; y el propio presidente tuvo que empezar a virar su discurso en el DEN, admitiendo las dificultades presentes y las que vienen, siquiera con paños calientes. Tanto da que le enjarete la culpa de la situación a Putin, al calentamiento global, a Lehman Brothers o a Franco: de nuevo, a la gente no le importa. El consenso se va a acercando a la idea de que estaremos en recesión a finales de este año o principios del siguiente, y contra eso poco pueden en última instancia las fábricas de relatos, por engrasadas que estén.

Hay que empezar por tanto a considerar un escenario post-Sánchez que parece casi igual de incómodo a sus partidarios y a sus enemigos. Contra Sánchez se vive bien; y, como en el poema, hay barbaries que son una cierta solución. La alternativa es proponer un modelo de país que sea a la vez viable moralmente y realista, y ahí nuestros partidos de centro y derecha tiene tarea por hacer, que no sé si hecha. Lo que se viene, en principio, es una restauración feijooista-rajoyista con capacidad de estabilizar, ecualizar, templar... pero escasamente de transformar o poner los mimbres de otro equilibrio político. El Partido Popular no está hecho para nadar contra la corriente setentayochista y europea, y cuadrar las cuentas empieza a ser una utopía tanto en lo económico como en lo político-cultural.

Asistimos tal vez al descrédito definitivo del circo mediático post-15M, que aupó a la "nueva política" y, muy singularmente, al personaje que ahora se revuelve contra él como un capitán Renault chepudo

Por su parte, la izquierda está metida en otro lío de grandes dimensiones: por primera vez en democracia tiene que responsabilizarse en conjunto de una acción de gobierno, y una que va a dejar numerosos damnificados pese a los ditirambos de la clase opinativa concertada. Incluidos, llegado el momento, los únicos damnificados que importan aquí: pensionistas y funcionarios. El discurso de algodón de azúcar de Díaz parece más apto para el tiempo del que venimos que para el que vamos: siempre libramos la última guerra y siempre nos mata el enemigo que no vemos. Pero aunque ajustase el discurso a los tiempos recios que ya están aquí, parece difícil conciliar las políticas y los mensajes para las clases medias indexadas, que ya son los propios de toda la izquierda nacional, con lo que pide la parte de la población que vive a la intemperie económica o cultural.

Para rematar el panorama, asistimos tal vez al descrédito definitivo del circo mediático post-15M, que aupó a la “nueva política” y, muy singularmente, al personaje que ahora se revuelve contra él como un capitán Renault chepudo. Llevo casi tantos años oyendo que el infotainment está en decadencia como los que me he dedicado profesionalmente a la política; pero esta vez se diría que va en serio, habida cuenta de la influencia que la pareja real del género ha tenido en la España de los últimos 10 años.

Por tanto, dos retos fundamentales se presentan a los actores políticos, o a quien pretenda seguir siéndolo, de cara al siguiente ciclo. Por un lado, encontrar un papel y una utilidad para el electorado en el mundo post-Sánchez: un mundo ecualizado, seguramente átono y en el que Vox se va a sentar a la mesa sin que a nadie le importe gran cosa -y cada vez menos. Por otro, ser capaces de presentarse ante la opinión pública sin pasar por el fielato de los formatos de espectáculo político que han determinado la agenda de esta última década, y que son responsables no únicos, pero graves, de la degradación terminal de la vida democrática española; si alguna vez hubo tal cosa.

La tentación de la nostalgia está ahí, claro. Cuando en España teníamos solo dos canales de televisión, ambos públicos, era posible encontrar en horarios decentes no sólo La clave, y las películas que la acompañaban, sino ciclos de cine de autor o retransmisiones de teatro y ópera, o programas de libros dedicados al público infantil y juvenil. Que, además, no tenían competencia en formato audiovisual. La irrupción de las autonómicas primero, las privadas después, y finalmente todos los servicios multicanal y de streaming que disfrutamos hoy multiplicó la oferta; pero, paradójicamente, puede haber alejado a los públicos menos educados de los contenidos de prestigio o más exigentes.

Es posible que entrar en contacto con determinadas manifestaciones culturales sea más difícil hoy para quien no cuenta con la educación o la inclinación previa

Hoy, por supuesto, casi cualquiera puede acceder a casi cualquier contenido -si no en un servicio de pago, en YouTube o similares-, por minoritario o sofisticado que sea. Merced a las long tails encontramos no sólo contenidos o aficiones de todo pelaje, sino comunidades enteras organizadas en torno a ellos. A la vez, es posible que entrar en contacto con determinadas manifestaciones culturales sea más difícil hoy para quien no cuenta con la educación o la inclinación previa.

Por un lado, porque hay una feroz competencia entre estímulos, la mayoría de ellos más satisfactorios de manera inmediata que debates del estilo de La clave o cine-clubs sobre Kiarostami. Pero también por el descrédito de la idea de un canon cultural en el que todas las clases sociales se encuentren, o al que las clases trabajadoras deban aspirar. El triunfo de las culturas populares -en la mayoría de los casos ya, industrias culturales-, que ha ampliado el mundo de referencias aceptables, quizás ha empequeñecido también las aspiraciones de esas capas populares; entendidas en un sentido amplio, que abarca a las nuevas clases medias de aluvión. Que cada vez más veamos a políticos y académicos cuyo mundo simbólico parece reducirse a series de TV o ciclos de ficción populares como Star Wars o Harry Potter no se debe sólo a un afán didáctico, sino a que muchos desconocen la gran literatura mundial, los mitos griegos o las tradiciones culturales nacionales.

La desaparición de los contenidos o formatos “difíciles”, sofisticados, de los medios públicos y de los discursos oficiales incide en la desprotección de quienes no pueden acceder a otras fuentes de información, a otros círculos sociales

Este desenganche de las clases populares con la alta cultura, o sencillamente con el reconocimiento y la aspiración de que exista tal cosa, las excluye de un repertorio de símbolos y expresiones que marcaban el acceso a un determinado estatus social. En una cultura global y comercial esto quizás sea -quizás-, un problema menor. Pero hay algo más: la incapacidad de jerarquizar y juzgar críticamente los discursos que circulan en el espacio público. La desaparición de los contenidos o formatos “difíciles”, sofisticados, de los medios públicos y de los discursos oficiales incide en la desprotección de quienes no pueden acceder a otras fuentes de información, a otros círculos sociales. Si no existe un canon común contra el que juzgar; si se debilitan las ideas de “verdadero” y “falso” en el espacio público; si todo lo que se recibe por las vías comunes es entretenimiento, masaje o propaganda; y si la información relevante sólo es accesible a “élites cognitivas” en internet, se está produciendo de facto una privatización del conocimiento. Y esa privatización tiene ganadores y perdedores.

Llevamos tres o cuatro crisis sucesivas en las que la información oficial o pública, lejos de ayudar a tomar decisiones fundamentales a particulares y familias, ha incidido en los comportamientos procíclicos; es decir, ha incentivado las conductas exactamente contrarias a las que los hubieran protegido. Cada vez más parece existir un abismo entre los entretenimientos privados, que el mercado provee abundantemente, y un espacio público que no ofrece información útil ni protección frente a fenómenos como una crisis inmobiliaria/crediticia, una pandemia o la inflación. Esta privatización de la información y del conocimiento, aunque menos comentada, es otro factor de quiebra en nuestras sociedades; que se realimenta, aunque no sea coincidente, con la renta o la educación. Y, por supuesto, no es ajena a ese debate de importación sobre la “meritocracia” que nos han endilgado últimamente.

Cabría hablar, y mucho, de los malentendidos que la redacción de la iniciativa puede y va a generar en torno a las "actividades sexuales" remuneradas, categoría en la que podrían entrar la pornografía, los masajes eróticos y vaya usted a saber qué más. Pero prefiero centrarme en los dos grandes problemas de la ley: el normativo y el práctico.

Desde el punto de vista normativo, la ley parece consagrar que la mujer es un ser sin agencia, necesariamente subalterno -el texto habla de "personas en situación de prostitución", pero todo el debate gira en torno a la prostitución femenina y los propios defensores de la propuesta se ponen muy nerviosos cuando se introduce en el debate la masculina. De hecho, la neolengua -“persona en situación”- no hace sino constatar esa falta de agencia. Y la ausencia de sanción para dicha “persona en situación de prostitución” no procede, como es obvio, de que su actividad sea legítima, pues es precisamente la actividad lo prohibido; sino más bien de que, al carecer de agencia, no se le puede hacer responsable de sus acciones. Yo creo que todo esto es problemático desde un punto de vista legal y, si quieren, filosófico, y que se entra en un terreno muy resbaladizo. Pero, bien, vamos a aceptar que buena parte de las mujeres, o “personas”, que ejercen la prostitución no lo hacen manera voluntaria.

Y así llegamos a la segunda cuestión problemática: los efectos del punitivismo. No hay ninguna evidencia de que el punitivismo o el cacareado “modelo sueco” tengan efectos positivos para las "personas en situación de prostitución" o víctimas de trata. Al contrario, el marco legal prohibicionista -"abolicionista", en la neolengua idiota que hemos aceptado- parece que incide en la marginalización, el estigma social y la indefensión de las “personas”. En cualquier caso, la falta de evidencia concluyente debería hacernos ser mucho más prudentes a la hora de venir a solucionar de un definitivo plumazo realidades con las que convive el ser humano -o las “personas”- más o menos desde que existe la vida en sociedad; y probablemente antes, desde las bandas de primates o personas en situación de hominidad.

Porque un mal pensado -y me consta la buena intención de la algunas de las personas que han participado en esta campaña- podría llegar a sospechar que esto no tiene nada que ver con derechos y libertades, sino con otras cosas. Máxime cuando la agencia de las mujeres aparece y desaparece a voluntad del legislador o político de turno: hay agencia, absoluta además, para abortar o eutanasiarse, pero misteriosamente nunca la hay para ejercer la prostitución o gestar por cuenta ajena. Los profundos análisis de clase y desigualdad se esfuman cuando se trata de poner fin a la vida propia o del feto. Insisto, un malpensado podría sospechar que la diferencia entre unas actividades y conductas y otras no tiene tanto que ver con derechos y libertades como con el estatus de las mujeres de la professional-managerial class. Pero todo esto son lucubraciones, y la nueva ley habrá de testarse, como todas, al contacto con la realidad. Con la puta realidad.

Pero se ha muerto Mar y, aparte de la pena, me queda la sensación de un fin de época. En 2015, poco antes de entrar a trabajar en política, coincidí con Ángel en un viaje. Estaban empezando a negociar el acuerdo con El País, y en un bar de Austin le di algunos consejos locos con un injustificado aplomo, fruto tanto de la cerveza como de, bueno, eso, una época. En Politikon habíamos sacado un libro el año anterior, que había ido bastante bien para los cánones del sector y el género. Nos cortejaban de varios medios de comunicación y empezábamos a organizar saraos con empresas importantes y algún think tank internacional. Parecía que había un mundo de posibilidades para esa constelación de medios, clubes, plataformas o lo que fuera nacidos en internet en los años previos. El sistema de medios se había roto y el sistema de partidos estaba en vísperas de hacerlo. Y en las brechas de uno y otro podían florecer cosas nuevas.

La alegre convivencia o cohabitación de tendencias políticas en los proyectos de internet -se habló por ejemplo de una “derecha Jot Down”-, se fue reduciendo, se fue haciendo más tensa o complicada

Lo que pasó después se puede leer de muchas maneras, pero no sé si alguna es como historia de éxito. Jot Down cerró su acuerdo con El País y Politikon se convirtió en suministrador de firmas y rostros tanto al diario como a las cadenas de televisión nacionales. El sistema de partidos se reconfiguró en torno a cuatro grandes fuerzas, que luego fueron cinco y ahora quizás vuelvan a la simetría. Los nuevos digitales, como este desde el que les escribo, se consolidaron y se fueron ordenando de nuevo en torno a líneas ideológicas o más bien sociológicas, como los propios partidos. La alegre convivencia o cohabitación de tendencias políticas en los proyectos de internet -se habló por ejemplo de una “derecha Jot Down”-, se fue reduciendo, se fue haciendo más tensa o complicada. Se constató que para vivir de esto seguía siendo necesario arrimarse a algún partido o algún grupo mediático, y que al hacerlo te contagiabas de sus vicios y de sus servidumbres. Con/contra Rajoy habíamos vivido muy bien y se podía hablar de la España posible; pero al final resultó que la España de siempre era prácticamente inevitable. Esto era la “repolitización”, y Ramón Férriz ha escrito una parte pequeñísima de ello.

De aquella época que se va me quedo con la inocencia y con la imaginación que se le echaba a todo, y con esa sensación de que de verdad se podía a hacer algo nuevo y distinto. Mar le echó mucha imaginación -es verdad que a veces demasiada-, como se la echaron muchos otros en tantos inventos que se quedaron por el camino. Me temo que el país que es hoy España no está ya para esos vuelos de imaginación: es un país más estabilizado -de momento- pero también más plano, más cansado; y las nuevas estrellitas vienen ya de casa con patrocinio político y mediático. Sin amargura: que hagan lo que les toca y que les vaya mejor que a nosotros.

La desafección y las transformaciones sociológicas de los electorados han hecho saltar por los aires no pocos sistemas de partidos en Occidente; y donde no han saltado, han experimentado mutaciones que afectan a la estabilidad del propio sistema, como en EEUU. La crisis financiera de 2007 se cerró en falso en muchos países, y desde entonces se ha mirado en ocasiones con envidia hacia el “orden” y la prosperidad de la gran potencia emergente, China. Al comienzo de la pandemia, esta admiración se hizo más evidente, al tiempo que en nuestras propias sociedades se suspendían los derechos fundamentales con un éxito relativo en la contención de la enfermedad.

Si la última fase del covid y la invasión de Ucrania han puesto de manifiesto que, como suele suceder, las sociedades iliberales actuales manejan mejor la propaganda externa que la gestión real de los asuntos -la vacunación, la guerra-, tampoco puede ocultarse que hay en el propio seno de la Unión Europea varios modelos, no exactamente iguales, cuyos estándares no corresponden al liberalismo occidental que dábamos por canónico. Y que, como decía, incluso en esa supuesta esfera “liberal”, el liberalismo, en el sentido más profundo del término, no parece en avance sino en retroceso.

Vivimos en sociedades del reconocimiento, pero el aparato del estado de bienestar sólo puede aproximarse al “reconocimiento” desde la aplicación diferencial de la ley o desde los presupuestos

La pandemia ha sido el gran experimento natural, pero hay tendencias previas. Por ejemplo, la fragmentación del Derecho en identidades o colectivos. Recientemente, se ha aprobado en el Congreso una Ley de igualdad de trato que incluye , por ejemplo, el “antigitanismo”. La asimetría penal en la Ley integral de violencia de género lleva años discutiéndose. Al margen de los casos particulares, la tendencia está ahí. Vivimos en sociedades del reconocimiento, pero el aparato del estado de bienestar sólo puede aproximarse al “reconocimiento” desde la aplicación diferencial de la ley o desde los presupuestos. Lo primero incentiva la fragmentación del Derecho; sobre lo segundo, puede aventurarse que veremos más enfrentamientos como el que ahora parte al feminismo en pro-trans y terfs; porque, por muy estupendos que nos pongamos con la interseccionalidad y las “luchas complementarias”, al final los presupuestos -y muchas legislaciones ad hoc- son un juego de suma cero.

De la pandemia ya hemos hablado abundantemente por aquí. Aunque fuera por motivos prácticos, de urgencia o por accidente, y no puramente ideológicos o doctrinales, hemos visto decidir sobre derechos fundamentales no ya a las CCAA, sino a comunidades de vecinos. En esta última fase, el Gobierno de la nación parecía estar dispuesto a que las empresas privadas o la EMT fijasen doctrina sobre el asunto, aunque la operación ya resultaba demasiado burda y fracasó. Pero es complicado volver a creer en el Mago de Oz cuando se ha visto al hombrecillo tras la cortina.

Los estados podrán legislar sobre el aborto; y lo esperable es que haya notables diferencias, acordes con la profunda brecha política y sociológica que ya existe entre buena parte de ellos

En cierto sentido, la tormenta que se anuncia con la revisión de Roe vs. Wade en Estados Unidos no es ajena a estas cuestiones. En último término, la decisión afectará a la constitucionalidad de la doctrina sobre el aborto; es decir, si legislar sobre el aborto corresponde a los estados o al Supremo. Si el caso Dobbs modifica la jurisprudencia, los estados podrán legislar sobre el aborto; y lo esperable es que haya notables diferencias, acordes con la profunda brecha política y sociológica que ya existe entre buena parte de ellos. En un asunto menos dramático pero también decisivo, la fiscalidad -y, de forma más general, la orientación del modelo económico- en España también se van configurando bloques autonómicos. Los intentos, o globos sonda, del gobierno socialista con la homogeneización fiscal parecen destinados a estrellarse contra la realidad de unas esferas políticas, sociológicas y hasta económicas fragmentadas.

El caso Roe también deja otra enseñanza. Durante años, la fragmentación post-liberal parecía favorecer ciertas cosmovisiones de izquierdas: el mundo de la identidad, del reconocimiento, del “desbordamiento” de lo institucional, del derecho a la carta… No obstante, el nuevo mundo post-liberal ofrece tantas posibilidades para lo conservador o lo reaccionario como para las izquierdas indefinidas. En España ya tenemos un partido de derecha que abraza sin ambages la identidad y la “cultura”, y el post-liberalismo húngaro o polaco van también en esa dirección. Es más que posible que algunos acaben echando de menos el aburrido mundo del derecho y las instituciones impersonales; tal es la naturaleza de las plegarias atendidas.

Si usted toma el metro en estos días, al menos en Madrid, apreciará que la inmensísima mayoría de los viajeros llevan mascarilla; no sólo en el vagón como es preceptivo, sino en andenes y galerías. Podemos discutir si es por hábito, por comodidad de no andar poniéndosela y quitándosela a cada poco, o por evitar follones con los policías vocacionales que surgen en estas circunstancias como hongos. Lo cierto es que hay una amplia mayoría de usuarios del metro que no parecen incómodos con la situación. Y, como es obvio, no todo el mundo tiene tiempo, ganas, la inclinación o la información para acudir a los textos legales que le amparan. Así que me preguntaba maliciosamente si Metro no estaría dando instrucciones confusas o incluso contradictorias con la ley a sus trabajadores. Total, hablamos de vigilantes de alguna contrata o subcontrata y de puñeteros usuarios del transporte público. Que más da que se peguen entre ellos. Ni que hablásemos de gente con entidad real.

El hecho hoy, a casi una semana del fin de la obligación, los que vamos desembozados en los andenes somos una exigua, casi inapreciable minoría

Es cierto que desde Twitter ha publicado la información correcta. Pero en Twitter, al final, somos cuatro gatos. Y quizás -sigo especulando- cuenten con que la actividad de los vigilantes, aunque contraria a la norma, induzca al personal a tragarse esta rueda de molino y les evite problemas de convivencia entre neuróticos de la pandemia y gente aproximadamente normal. O que piensen que el espectáculo de la ocasional bronca entre un viajero y un segurata sirva pour encourager les autres. El hecho hoy, a casi una semana del fin de la obligación, los que vamos desembozados en los andenes somos una exigua, casi inapreciable minoría. Y la anécdota -o no-, aparte de permitir rellenar hasta la palabra 419 de un artículo, creo que tiene alguna lectura más.

La gestión de esta fase final de la pandemia en China está dejando algunas enseñanzas. En 2020 hubo mucho pajillero que se subió al carro de la gestión totalitaria del covid -que, por cierto, venía precisamente de allí. Ahora estamos asistiendo no sólo al fracaso de las políticas de covid-0, sino a la bancarrota moral, por si había que volver a subrayarlo, de sistemas que aspiran al control total y sólo alcanzan el total ridículo y la total inhumanidad. “Simetrías con apariencia de orden”, como las llamaba Borges. Pero conviene ir pensando si el “crédito social” no se va a ir implantando de tapadillo a base de instrucciones informales, reglamentos administrativos, códigos de buenas prácticas, recomendaciones y demás mandangas. Con la entusiasta adhesión del personal, claro, como se ve hoy en los andenes del país. Habida cuenta además de que se ha convertido en normal que, no ya “Euskadi” o “Cantabria”, sino una comunidad de vecinos o Repuestos Pepe S.L. legislen sobre derechos fundamentales. No sé si cabe ser muy optimista.

Pero oigan. Mi historia, a diferencia de la de España, acaba bien. Tras leerle el BOE -usar el tuit de Metro hubiera sido el equivalente a pulsar el botón nuclear, de modo que me contuve-, el vigilante se fue refunfuñando y aludiendo a que tendría que hacerme “responsable” de mi conducta. Bueno, pues, al final, quizás toda esta historia va precisamente de eso.

Pero ya no estamos en 2011, ni siquiera en 2015, ni en Kansas, Toto. A pesar de la infinita tabarra, inoperancia y obscenidad del “giro lingüístico” al que se ha sometido a la política, y con ella a todos nosotros en la última década y media, no hay que perder de vista que las palabras importan. Y, sobre todo, no hay que olvidar la regla fundamental de la comunicación y la práctica política, que me repetía siempre mi compañero Marc: Don’t get high on your own supply. No te comas lo que vendes. Desde 2018, el centro y la derecha en todas sus manifestaciones se han acostumbrado a usar la feliz fórmula rubalcabiana del “gobierno Frankenstein”. Con ello se pretendía invocar en la opinión pública la sensación de temporalidad, de totum revolutum, de monstruosidad incluso de alguno de sus componentes -porque monstruos, lo que se dice monstruos, hay.

Nada que objetar a las razones instrumentales que nos aconsejaron usar esa etiqueta. Pero cuatro años y dos elecciones generales después de la moción de censura, conviene no dejarse confundir por los propios argumentarios. La coalición informal -variable, pero reconocible- que llevó a Sánchez a la presidencia y que le ha aprobado presupuestos y leyes, no sólo es la más sólida y numerosa hoy en España, sino que responde a una evolución ideológica y sociológica del electorado español que se puede rastrear por lo menos hasta las postrimerías del aznarato. Si los cuadros y votantes más politizados de los partidos de izquierda y nacionalistas se iban pareciendo cada vez más entre sí en los últimos 15 o 20 años, la presidencia de Sánchez ha terminado de ahormarlos, derribando los últimos tabúes.

Muy al contrario, en la orilla de enfrente, la ruptura del electorado tradicional del PP ha dejado al descubierto profundas diferencias, consecuencia igualmente de la evolución del país en la fase final del sistema del 78. El caso obvio es Vox, que impugna de palabra, ya veremos de obra, no poco de ese sistema; y que pretende agregar parte del antiguo voto de las clases trabajadoras, ya sea el del PSOE o el que recaló en el PP hace ya tiempo. El PP, por su parte, está metido de hoz y coz en todos los consensos españoles y europeos; los ha modelado de hecho. Y ahora tiene que ponerse de acuerdo con un partido cuyo único leitmotiv medianamente coherente es, justo, la denuncia de esos consensos.

Una masa apreciable de desmovilizados que, si el partido naranja ha perdido desde 2019, no es seguro que el PP de Feijóo pueda recuperar meramente invocando la etiqueta centrista

Pero, mirando al centro, y por más que la absorción -en caliente o en frío, por arriba o por abajo, en pack o en piezas- de Ciudadanos por el PP parezca descontada para muchos, la realidad es que ahí también existen grandes distancias sociológicas, de talante, de edad y de cultura de organización entre cuadros y votantes de uno y otro partido. Y una masa apreciable de desmovilizados que, si el partido naranja ha perdido desde 2019, no es seguro que el PP de Feijóo pueda recuperar meramente invocando la etiqueta centrista.

Esa es la realidad irreductible a la que se enfrenta Feijóo, como se enfrentó Casado. A nivel micro es posible que la eclosión de ideologías, perfiles, actitudes y estrategias dispares en la derecha provoque un período de “destrucción creativa” que acabe alimentando un renacer cultural y político del espectro liberal-conservador y de las nuevas derechas populistas. Desde el punto de vista de los partidos, y muy en particular del antiguo capo de este lado de la brecha, lo que viene es una coyuntura endiablada para conciliar los discursos institucionales, y el mantenimiento de consensos y formas con la integración de posturas y valores hasta ahora proscritos. Sánchez lo intentó y ahí está. Respecto a Feijóo, Castilla y León es sólo el primer episodio.

Hay quien interpreta la guerra en Ucrania como ese evento, de forma más o menos explícita. Es cierto que la crisis está actualizando una angustia, la nuclear, que los crecidos en los ochenta sólo llegamos a percibir de forma vicaria y tenue -menos mi amigo Arturo, que sigue perdiendo horas de sueño con el tema, y seguramente tiene razón-. A la vez, las consecuencias de la guerra, que ya intuimos pero que aún no hemos recibido de la forma más rotunda, prometen modificar sustancialmente algunos de los “consensos” que habíamos abrazado en las últimas décadas.

En primer lugar, obvio, la cuestión energética. Hemos hablado ya con frecuencia de cómo Europa se ha metido, como sonámbula, en una transición energética deficientemente planeada y democráticamente dudosa, Hoy sabemos -en realidad siempre lo hemos sabido, al menos quien ha querido saberlo- que algunos rasgos de ese “consenso” han sido moldeados por la influencia de países como Rusia. En los próximos años nos vamos a replantear la cuestión nuclear, por supuesto, pero también el fracking y, en general, el cálculo de costes que asociamos a la transición verde. Los relatos oficiales cambiarán y, con ellos, el aparato argumental que el poder lleva asociado.

La vuelta de las cuestiones robustas y una recuperación de los rasgos marciales en sociedad, puede acelerar el achatarramiento de los discursos más exagerados del feminismo oficial

Pero la cuestión bélica es central, claro. Los “consensos” sobre el particular también se están revisando a toda velocidad, y los países cercanos a Rusia van por delante; pero también en el otro extremo de Europa, con amenazas distintas pero reales, tendremos que reflexionar sobre qué espacio ocupa lo militar no sólo en los presupuestos, sino en los valores, la cultura y la propia idea nacional. Tiene interés que en ambas vertientes de la izquierda española, la atlantista y la pro-rusa, la lectura de la agresión rusa en Ucrania pase a menudo por el lema “No a la guerra”; que inauguró un ciclo político español, el post-aznarismo, pero parece hoy francamente agotado.

Finalmente, los valores y la propia idea del hombre en sociedad. El ejemplo de los varones ucranianos detenidos en la frontera para unirse a filas, la vuelta de las cuestiones robustas y una recuperación de los rasgos marciales en sociedad, puede acelerar el achatarramiento de los discursos más exagerados del feminismo oficial. Resulta francamente ofensivo seguir leyendo en la prensa ciertas piezas de autocomplacencia académica cuando, como sucedió en la pandemia, la carga de las masculinidad aparece de forma tan explícita.

Dejo para el final el argumento más delicado. El calamar de Watchmen permite que la Humanidad se una y evite la guerra nuclear. Pero todos sabemos que la Humanidad no existe. De momento, mientras habitemos aquí abajo, alejados de las esferas celestes, es posible que necesitemos enemigos de nuestra propia especie; sobre todo si tenemos motivos para condenar sus acciones, sus intenciones y su modelo de sociedad.

Pero lo mollar estaba por venir: en primavera de ese mismo 2018, Pedro Sánchez llegó al poder a hombros de una coalición informal inédita que, con pocas modificaciones, sigue operando en el Gobierno, y en todo caso ha ocupado estos casi tres años en solidificar; y poco más tarde irrumpía en Andalucía -después lo hizo en el Congreso y en el resto de autonomías- el primer gran partido nacional desde la Transición que impugnaba de manera directa el estado autonómico. Todo parecía apuntar a un estallido.

La jefa real de la oposición no para por el Congreso sino bastante más arriba, en la Puerta del Sol; y diversos barones regionales tienen cotas de popularidad superiores a sus supuestos jefes nacionales

Y, sin embargo, cuatro años después del golpe catalán, a mitad de legislatura frankenstein en el Congreso de los Diputados, y con Ciudadanos desfondado pero Vox creciendo sin freno en casi todas las encuestas y territorios, el poder autonómico resulta que no solo se ha consolidado, sino que se ha convertido en el escenario central de la política española. No sólo es que la pandemia, y en particular la no-gestión del gobierno Sánchez durante la segunda y sucesivas olas del covid, haya convencido a los ciudadanos de que es el nivel autonómico en el que se deciden las cuestiones más importantes; no sólo las que atañen a las burocracias del bienestar y la identidad, cosas ya sabidas, sino las que determinan los derechos fundamentales. Es que los prebostes autonómicos se ha erigido en figuras principalísimas del debate nacional, hasta el punto de que la jefa real de la oposición no para por el Congreso sino bastante más arriba, en la Puerta del Sol; y diversos barones regionales tienen cotas de popularidad superiores a sus supuestos jefes nacionales, no sólo en sus territorios, sino entre militantes y votantes de toda España.

Dentro del descontrol constitucional en el que España se ha internado desde el verano de 2020, las decisiones de las autonomías han resultado ser, en la mayor parte de los casos, la ultima ratio -no solo administrativa-, y sus gerifaltes han encarnado una versión chusca y reticente del soberano schmittiano que decide sobre el estado de excepción. Guste más o menos, y se haya llegado a ello por designio constitucional del 78, in a fit of absence of mind o por una mezcla de ambos mecanismos, la pandemia ha acabado de desnudar la naturaleza casi confederal de facto de nuestro ordenamiento. Y las derechas llegan a este escenario con grandes dosis de confusión: si el poder autonómico les ha proporcionado a su penúltima heroína, Isabel Díaz Ayuso, el encaje conceptual de esta realidad desnuda, más allá de puntuales ventajas tácticas, parece complicado. Hace unos días, durante una entrevista en campaña electoral, el candidato de Vox García-Gallardo se ufanó de sus intenciones de liquidar la Junta de Castilla y León y trasladar a sus funcionarios a las diputaciones o la administración central. No hace falta mucha memoria para recordar que cosas parejas decía Ciudadanos de las propias diputaciones no hace tanto, y aquí estamos.

Por su parte, la porción jacobina, racionalista y universalista de la derecha -o la derecha culposa que dice representar a una izquierda “real”- va a pasar un mal rato asumiendo, no sólo que la oposición real al gobierno Sánchez se hace hoy desde las autonomías, sino que los escenarios de reversión autonómica que el 155 permitió imaginar hace cuatro años no sólo están cerrados, sino que seguramente nunca fueron más que quimeras. Si el escenario parece, hoy por hoy, favorable a las élites regionales disgregadoras -incluyo, claro, a las de izquierdas, que son las que cuentan al final-, sugiero que tampoco se duerman en los laureles: una derecha que aprenda a servirse del poder autonómico para hacer avanzar proyectos culturales e ideológicos -ya tenemos al menos un embrión de esto-, y a cooperar estratégicamente con otras autonomías de parecido signo, puede ser la peor de las noticias para élites nacionalistas que, al cabo, sólo han medrado históricamente con la connivencia del poder nacional.

Por un lado, y lo hemos expresado varias veces en esta misma casa, el covid pone fin al ciclo histórico de los baby boomers. Pone fin ideológico y cultural, constata el fin político y marca incluso la extinción física de no pocos de ellos y de sus referentes. Ya no son muertes prematuras, hermosos cadáveres: es el paso natural del tiempo más la enfermedad. La centralidad de lo sanitario y asistencial, como antes la de las pensiones o la propiedad de la vivienda, subraya además el hecho de que los protagonistas de la primera cultura juvenil auténticamente global, y auténticamente decisiva en términos económicos y políticos, se ha convertido hoy en la mayor causa de desequilibrios generacionales, casi siempre en detrimento de los más jóvenes. La distancia entre las preferencias de mayores y jóvenes en cuanto a gestión del riesgo social, redistribución (pensiones vs. trabajo) y valores es una fuente permanente de fricciones en las sociedades desarrolladas.

Hace acaso 20 años que el rock-pop blanco no es la música popular culturalmente dominante o generatriz

Como es obvio, la manifestaciones culturales responden a este cambio de estructura, por expresarlo en términos de marxismo vulgar: hace acaso 20 años que el rock-pop blanco no es la música popular culturalmente dominante o generatriz -por más que se siga manifestando y por más que, gracias a las long tails e internet, todos hallemos un acomodo más o menos amplio para nuestros gustos y hobbies particulares. Hoy en día uno puede encontrar sin dificultad comunidades donde practicar el tiro con armas de fuego históricas o incluso donde vestirse a la manera romana, asumir un nomen y practicar el latín clásico; pero se trata de curiosidades para excéntricos o marginales, no de fuerzas creativas en la historia. Es imaginable que algo parecido suceda con el rock clásico en un futuro no tan distante.

Así las cosas, es dudoso que Neil Young le pueda echar un pulso a Joe Rogan o a cualquier estrella mediática emergente, y lo mismo vale para Joni Mitchell e incluso otros más populares. Hace unos años, cuando Kanye West publicó una colaboración con Rihanna y Paul McCartney, se difundieron desternillantes comentarios de fans de los primeros, que se preguntaban quién era aquel advenedizo con aspecto de señora mayor que pretendía, a sus años, subirse al carro de la popularidad de las estrellas. También hay rumores de fiestas selectas donde el ex-Beatle no es admitido.

Al margen de las anécdotas, cabría también preguntarse si no hay solo un olvido de los viejos dioses, sino una modificación del papel central de la música y sus intérpretes en el cambio social que operó la generación baby boomer, y una segregación y atomización de referencias. Esta es al cabo otra lectura del asunto: ya no se trataría, no solo, del peso relativo de personajes como Young y Rogan, sino de la convivencia entre contenidos de índole distinta en una plataforma como Spotify, donde la música ya no es la sola protagonista.

La lista de opiniones atrabiliarias sobre política, drogas y sexo, cantadas o expresadas en entrevistas e intervenciones públicas, es inagotable

Hay otras lecturas que merecen un momento de atención. Young sufrió la polio de niño, hay que recordarlo, y no está para mandangas con las vacunas. Pero los artistas como él, y él mismo, a menudo han opinado con frivolidad sobre todo tipo de temas. Hoy sus mismos compañeros de generación Clapton o Morrison se manifiestan contra las vacunas; pero la lista de opiniones atrabiliarias sobre política, drogas y sexo, cantadas o expresadas en entrevistas e intervenciones públicas, es inagotable. ¿Hay que aplicarles el mismo régimen que a los podcasts de Rogan?

Finalmente, convendría no perder de vista que algunas de las decisiones y comportamientos más lesivos para vidas y haciendas durante la pandemia han venido de gobiernos y no pocos “expertos”. No de cantantes, no de podcasters. Y que en cualquier caso la responsabilidad relativa de cada uno no puede ser la misma. Interesa deslindar cuánto hay de sacrificio del chivo expiatorio en algunas operaciones de supuesta higiene opinativa -en España viene rápido a la mente el caso de Bosé, juguete roto de la propaganda de izquierdas. Y conviene en todo caso aplicar, por lo menos, la misma vigilancia al poder que a sus críticos, por estrafalarios que nos resulten. Porque en Spotify uno puede cancelar su suscripción cuando quiera; pero con los gobiernos y sus entes “civiles” y medios de comunicación concertados la cosa ya es más complicada.

La resolución de uno de los cuentos del Padre Brown de Chesterton implica precisamente que un criado, al ser “nadie”, puede perfectamente estar en la escena de un crimen en la que no hay nadie

Invisibles son, por ejemplo, las clases serviles, hoy desaparecidas en las sociedades desarrolladas de Occidente -o transmutadas, dirían algunos, en precariado, perceptores de ayudas y descolgados del mercado laboral en general; el paralelo no está exento de problemas. He evitado con escrúpulo los spoilers sobre la película de Scott, pero aquí tengo que lanzarme: la resolución de uno de los cuentos del Padre Brown de Chesterton implica precisamente que un criado, al ser “nadie”, puede perfectamente estar en la escena de un crimen en la que no hay nadie. Nos hemos habituado también a que en las producciones históricas, los romanos de buena cuna no se avergüencen de la desnudez ante sus esclavos, que al fin y al cabo son nadie. Y algo parecido relata Norbert Elias de la nobleza cortesana cuando asumía el papel de servidumbre de la realeza en lugares como Versalles: ninguna vergüenza había en que asistiesen al despertar, el vestir y el desvestir, o incluso las funciones corporales más básicas de los monarcas, habida cuenta de que en el momento de representar el papel de criados desaparecían como sujetos.

Pero los criados, las clases serviles, existían. Y cumplían funciones irremplazables, que de ningún modo se ceñían a planchar servilletas de hilo o servir las bebidas. Por ejemplo, encender el fuego. O realizar la inmensa mayoría de las tareas hoy reservadas a máquinas, ya sean de combustión o eléctricas. Como señala Gregory Clark en A farewell to alms:

En la era preindustrial, las personas suministraban mucha de la energía para la producción, ya fuera como trabajadores agrícolas -cavando, acarreando, trillando-, como cortadores de leña, fabricantes de ladrillos, forjadores o porteadores. En nuestra sociedad, no sólo tenemos máquinas que realizan esas tareas, sino también otras que nos llevan de la cafetería al lugar de trabajo. En estos lugares de trabajo, otras máquinas nos suben y bajan de un piso a otro. Así, pese a nuestros elevados ingresos y estatura relativamente alta, el varón medio en los Estados Unidos ingiere sólo unas 2.700 calorías al día, y muchos experimentan aún así aumentos sustanciales de peso. En la década de 1860, los trabajadores agrícolas varones de algunas regiones de Gran Bretaña, generalmente más bajos y ligeros que los varones estadounidenses modernos, ingerían unas 4.500 calorías al día. Consumían tanto porque se empleaban en tareas físicas diez horas al día trescientos días al año.

Tampoco será casual que otra ocasión frustrada para una temprana revolución técnica y productiva, el islam centroasiático de la Alta Edad Media, correspondiera asimismo a una sociedad intensamente esclavista

Sí, el correlato de las ubicuas máquinas, y de la energía barata y universalmente disponible, es una molesta tendencia a la obesidad. Pero no sólo eso. También relaciones sociales que hacen redundantes o innecesarias a las clases serviles, que pueden dedicarse con más provecho a la producción. Al fin y al cabo, esta es la culminación del proceso histórico que cantaba Marx, entre la admiración y la congoja: es más provechoso dedicar a las masas a transformar la naturaleza que a vaciar orinales. No en vano se ha debatido a menudo si lo que impidió a la civilización helenística, o a su epígono romano, hacer la primera revolución industrial no fue, aún más que la indisposición de carbón o petróleo, la baratura de mano de obra esclava. La tecnología, embrionaria, existía: las máquinas de vapor de Hierón de Alejandría, que sólo se usaron para torpes trucos de magia como abrir y cerrar puertas de templos; o la fabulosa máquina de Antikithera, a la que se le siguen descubriendo complejidades veintiún siglos después. Tampoco será casual que otra ocasión frustrada para una temprana revolución técnica y productiva, el islam centroasiático de la Alta Edad Media, correspondiera asimismo a una sociedad intensamente esclavista.

En suma, no hace falta ser marxista -aunque probablemente ayude- para entender que la energía disponible y las formas sociales no carecen de relación; y que esa relación puede ir en ambas direcciones. Se hace más fácil entender la universal aceptación del esclavismo antiguo, incluso por los espíritus más filosóficos, si se piensa en un mundo en que la abrumadora mayoría del trabajo se lleva a cabo por fuerza humana. Mirando hacia delante, conviene incorporar esta clave a las discusiones sobre modelo productivo, transición energética y gestión de riesgos ambientales. La energía no es gratis, y renunciar a ella tampoco. Cuando hablamos de decrecimiento, por ejemplo, hablamos también de estas cosas.

En la estela del gran “contrato social” moderno a menudo se ha hablado de otros pactos de carácter más histórico, a medio camino entre la abstracción teórica y un contrato real que pudiera remitirse a algún documento o programa. Así, los pactos entre capital y trabajo en las sociedades escandinavas, o el lib-labism, ese acuerdo entre el orden liberal y el sindicalismo que atemperó unas décadas la política de masas socialista en el Reino Unido. En la posguerra mundial hablaríamos por igual de un “pacto” entre clases, fundado sobre la aceptación de economías mixtas, estados de bienestar expansivos y la síntesis keynesiana, que dio lugar a un período sostenido de igualación de rentas hasta finales de los 70. El pacto saltó por los aires tras la crisis del petróleo y ante la aparición de discursos combativos contra la parálisis económico y el modelo corporativo de sociedad, convencionalmente encarnados en Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

Los partidos socialdemócratas, conservadores o liberales ejercieron de gestores de sistemas tecnopolíticos de bienestar

En el período que se abre hacia 1980 y dura hasta 2007 representa tanto la disolución del gran pacto moderado de la posguerra como de sus alternativas, tanto las reales -bloque comunista, tercermundismo- como de las teóricas. La ideología que se va imponiendo es esa mezcla de libertarismo de derechas y de izquierdas -mercantilización de la vida e individualismo extremo- que nos resulta familiar, y que la generación del 68 convierte en algo así como el “espíritu del mundo”. Durante décadas, los partidos socialdemócratas, conservadores o liberales ejercieron de gestores de sistemas tecnopolíticos de bienestar en un baile solo recientemente quebrado por la aparición de olas populistas de izquierda o derecha. La tercera vía no era tanto una alternativa cuanto una formalización de lo existente. Incluso después de la crisis de 2007, el repertorio de posibilidades parece extraordinariamente limitado, como sugiere el título del último libro de Branko Milanovic: Capitalism, alone.

Con todo, si tuviéramos que discernir algún contrato social en estas décadas de confusión, podría parecerse a este: los poderes públicos proveerán los medios de progreso material y el cuidado de los cuerpos a cambio del un abandono tanto de los discursos emancipatorios colectivos como de los reductos de la antigua soberanía personal; sustituidos ambos por una economía de las pequeñas intervenciones sobre la vida, una microingeniería social más sutil e invasiva, que esa “economía de los derechos suspendidos” de la que hablaba Foucault hace 50 años -también, en principio, menos maliciosa. La expresión más refinada de este sistema es la economía del nudge.

Si el poder nos impedía tomar una u otra sustancia, o nos obligaba a ponernos casco o cinturón de seguridad, lo hacía por buenos motivos, y las microingenierías eran un precio irrisorio a cambio de renta y bienestar

Así las cosas, ha parecido frívolo criticar las prohibiciones y la regulación de las conductas personales que se han ido sucediendo en las últimas décadas; pues si el poder nos impedía tomar una u otra sustancia, o nos obligaba a ponernos casco o cinturón de seguridad, lo hacía por buenos motivos, y las microingenierías eran un precio irrisorio a cambio de ganancias históricas en bienestar y renta. No hace tanto celebramos en España el éxito de las restricciones al tabaquismo público y la reforzada vigilancia de la imprudencia viaria: ambientes más salubres en el trabajo y el ocio y niveles basales de accidentes en las carreteras.

No obstante, la imperfecta recuperación tras la crisis financiera global y la pandemia nos permiten sospechar que quizás las nuevas generaciones sean más críticas con este acuerdo fundamental sobre soberanía personal y libertades públicas. Para empezar, los estados occidentales ya no pueden garantizar el crecimiento y el ascenso social. Las clases medias de los antiguos países desarrollados han visto que su posición de privilegio mundial se deterioraba rápidamente, y aunque ello haya redundado en una nivelación global de rentas, sobre todo en beneficio de las nuevas clases medias de Asia, no parece que se lo estén tomando con deportividad.

Pero, más aún, una pandemia que no parece acabar nunca pone en tela de juicio la capacidad de los poderes públicos para proteger a los gobernados y hacer funcionar esa delicada tecnopolítica de las libertades que durante unas décadas se ha ido construyendo casi sin oposición. La legitimidad del estado para gestionar nuestros apetitos o, por poner el caso, dictaminar con qué juguetes deben jugar niños o niñas, puede que no sobreviva a un período sostenido de crisis sanitaria, de empobrecimiento y de suspensiones periódicas de derechos que, además, tienen todo el aspecto de palos de ciego. Es difícil volver a creer en el Mago de Oz una vez se ha descorrido el telón.